Nueva oportunidadJorge G. Castañeda.3 Sep. 08Hace casi cinco años la revista Expansión dedicó un número a una propuesta que presenté a la opinión pública sobre la jerarquía y contenido de las reformas necesarias para que México avanzara, propuesta que la publicación resumió bajo la consigna semiclintoniana de "es la política, estúpido" (se recordará el letrero de Carville en el cuarto de guerra de Clinton en 1992: "es la economía, estúpido"). Me refería a lo que ya para esas alturas debía de haber resultado evidente: que las instituciones del ancien régime, por mucha inyección de reforma económica (Salinas), reforma electoral (Zedillo) y alternancia (Fox) que se les metiera, ya resultaban disfuncionales para el país.Eran disfuncionales porque fueron construidas para el viejo régimen autoritario y no podían ser trasladadas, tal cual, a uno democrático, como lo pensaron algunos, desde Cosío Villegas hasta Creel. Si no se transformaban a fondo algunas de esas instituciones, o como ahora lo reconocen algunos colaboradores cercanos de Salinas, si no se les daban algunos "retoques", México se vería estancado más o menos indefinidamente en una parálisis decisoria insorteable. A 11 años de la pérdida de la mayoría legislativa en la Cámara y de la Jefatura de Gobierno en el Distrito Federal por el PRI, nadie puede llamarse a engaño: tres presidentes, "n" secretarios de Gobernación, múltiples líderes de los tres partidos en las dos Cámaras y nada, cuando mucho se saca una ley de transparencia, una ley del ISSSTE, una mala reforma electoral y una minirreforma fiscal.Desde la salida del texto de Expansión y en múltiples entregas -libros, ensayos, artículos, conferencias- he insistido en que la joya de la corona, la llave del reino, la madre de todas las reformas institucionales es la inclusión en la Constitución del referéndum para modificar la propia Constitución. Con o sin figuras plebiscitarias, con o sin iniciativas populares y/o del Legislativo, con o sin revocación, la posibilidad para el Presidente de modificar la Constitución a través de un referéndum es la única forma para superar el impasse institucional actual y permitirle a Calderón, y a los que sigan, reventar el cerrojo constitucional que tiene detenido al país en diversos ámbitos como la seguridad, el petróleo, el ejido, la reelección de legisladores o la segunda vuelta.Cuando AMLO propuso que se sometiera la reforma energética de Calderón -y/o la del propio AMLO- a referéndum, pensé que se presentaba una oportunidad al gobierno de tomarle la palabra y lograr este cambio. Obviamente el gobierno hizo caso omiso y muchos de sus simpatizantes alegaron, con algo de razón, que en primer lugar AMLO sólo estaba jugando; que se trataba de una táctica dilatoria; que jamás cumpliría con lo acordado; y que lo importante era sacar rápidamente la reforma energética. Creo que se equivocaron pero en todo caso ya no importa, pero en cambio sí importa que se aborde con mayor seriedad una nueva oportunidad, más difícil de rechazar a priori y a ultranza.Según las versiones de prensa, ya que el documento oficial no se ha hecho público, ni nos fue proporcionado por la Secretaría de Prensa del PRI, a pesar de repetidas llamadas e insistencia, el "partidazo" resolvió en su XX Asamblea Nacional, celebrada en Aguascalientes el 23 de agosto, pronunciarse por el referéndum y el plebiscito como mecanismos necesarios en la toma de decisiones (nota de Itzel Ramírez y Claudia Guerrero en Reforma el 24 de agosto 2008).Ya no es AMLO; ya no es una mera maniobra; ya no es a propósito de una reforma; ahora es el aliado del gobierno el que propone -evidente aunque no explícitamente que el PRI y el PAN juntos y en su caso el PRD si quiere sumarse- consumar una modificación constitucional que incluya la figura del referéndum en la propia Constitución. Ya no hay más pretextos. El PAN siempre ha sido partidario de la figura en abstracto; el PRD la ha incorporado al estatuto del Distrito Federal desde hace años; y hoy el PRI también la hace suya.De contar con este instrumento, México simplemente se incorporaría, como lo hemos repetido hasta la saciedad, al grupo de países democráticos de América Latina, del Atlántico Norte y de Europa Central que con un régimen presidencial, incluso con regímenes parlamentarios o híbridos, saben que ciertas decisiones sólo pueden y sólo deben tomarse por la sociedad en su conjunto. Cada país decide qué decisiones son a tal grado relevantes o controvertidas que no pueden ser resueltas por el Parlamento, por prestigiado, antiguo y responsable que pueda ser. Para Irlanda, el divorcio; para Brasil, la monarquía; para Reino Unido, el euro o la Constitución Europea; para España, la permanencia en la OTAN o el ingreso a la CEE; para Chile, levantar los candados heredados por Pinochet; para Costa Rica, el TLC con Estados Unidos; para Argentina, Perú, Colombia y Venezuela, la reelección presidencial; para Bolivia, el destino de sus reservas de gas natural. Estos países cuentan con este instrumento porque saben que sin él se condenan a la parálisis; que sin él no hay manera de tomar decisiones polémicas, desprovistas de consenso en países plurales y democráticos donde difícilmente se logran mayorías abultadas en cualquier elección.Para terminar, recuérdese una tendencia. En la era democrática de México Zedillo obtuvo 48 por ciento del voto; Fox, 43 por ciento; Calderón, 35 por ciento y sin mayorías legislativas. No hay ninguna razón para suponer que la cuesta se invierta; el próximo Presidente probablemente obtenga entre 30 por ciento y 32 por ciento del voto sin mayoría legislativa obviamente. ¿Cómo diablos quieren que gobierne, y no sólo administre y se dedique al ritual presidencial, si no cuenta con el mecanismo utilizado por todos sus homólogos en los países democráticos, con la excepción de Estados Unidos?