La ley antilatina y antimexicana aprobada por la legislatura de Arizona puede afectar a cientos de miles de mexicanos indocumentados en ese estado y al gran número de mexicano-americanos de piel morena que radican o visitan ciudades como Phoenix, Tucson o Flagstaff. Es probable que esto no suceda por el carácter anticonstitucional de la ley SB 1070 que será confirmado por el Poder Judicial. Pasará lo mismo que con la infame propuesta 187 en los noventa: nunca entró en vigor.La reacción de la clase política mexicana ha sido previsible y lógica: gritos y sombrerazos, todos envueltos en la bandera. La del gobierno y de la Cancillería ha sido sensata y en términos generales oportuna, y hasta donde es posible, eficaz. Pero lo que no se ha subrayado (porque pensar las cosas le cuesta trabajo a la clase política y al gobierno por ser el responsable) es el origen de la ley, pero sobre todo la oportunidad que ofrece. De manera muy consciente y explícita, Felipe Calderón decidió desde su toma de posesión "desmigratizar" y "narcotizar" la agenda con Estados Unidos, haciendo honor al chip priista que parece llevar incrustado. Los presidentes en México recurren casi siempre a una brújula que consideran infalible: hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hizo el predecesor. Fox "migratizó" y "desnarcotizó"; Calderón iba a hacer lo opuesto. Según algunas fuentes, los altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México dedican más de las tres cuartas partes de su tiempo a los temas del narco, y los de la embajada de México en Estados Unidos a tratar de explicar la guerra del narco; mientras, cualquier intento por poner los temas migratorios en la mesa es evitado a toda costa. Obviamente que la ley de Arizona no es producto de esta omisión, pero sin duda es efecto de la falta de una reforma migratoria integral, tal y como lo ha dicho el propio Obama, y que a su vez es consecuencia de no insistir en la urgencia de dicha reforma por parte de la comunidad latina de Estados Unidos, de la Iglesia Católica, de los sindicatos, de los empresarios y del Estado mexicano. Apenas hace unas semanas empezaron a escucharse las voces exigiendo que Obama le pusiera a esta causa el mismo vigor y talento que mostró en el tema de la salud. No sobra decir que entre esas voces no figura la de Felipe Calderón.No obstante, tiene ante sí una magnifica oportunidad para rectificar el rumbo. Por fin decidió ir a Washington y el 19 y 20 de mayo realizará una visita, más que oficial pero menos que de Estado, y con un muy breve encuentro (he oído que de sólo 45 minutos) con Obama, pero sí con un discurso en sesión conjunta del Congreso norteamericano, como lo han hecho prácticamente todos los presidentes mexicanos en épocas recientes. En este discurso Calderón puede replantear el tema migratorio, a la luz de la ley de Arizona, pero también de la guerra del narco y de una visión más amplia de lo que puede ser la agenda bilateral. Se trataría de colocar en el centro de dicha agenda el desarrollo de México, es decir la necesidad de que Estados Unidos (y Canadá) tenga como prioridad de su política exterior la transformación de México en una sociedad de clase media, en un país próspero, equitativo y democrático. En esa agenda cabe, por supuesto: el acuerdo migratorio o la reforma integral (en los hechos son lo mismo); más o menos ayuda de un tipo o de otro (Iniciativa Mérida o Plan México como dice Clinton); la seguridad en el futuro mediano; la unión monetaria; la infraestructura y la educación. Podría, en síntesis, decirle a los legisladores norteamericanos: lo que sucedió en Arizona va a repetirse en otros estados y condados; éste no es sólo un asunto interno de Estados Unidos, sino algo que afecta directamente a México. Y por tanto México tiene algo que decir al respecto: adapten sus leyes a sus realidades, en lugar de seguir insistiendo en ajustar sus realidades a leyes que ustedes mismos no respetan.