Del desenlace del "michoacanazo" podemos extraer por lo menos tres lecciones ilustrativas del estado que guardan las cosas en México. La primera tiene que ver con la procuración de justicia; la segunda con la administración de justicia; y la tercera con la comentocracia y la justicia.El que 34 de los 35 inculpados por la PGR -funcionarios municipales y estatales, electos y designados- tuvieran que ser liberados, y que incluso un diputado electo pudiera finalmente tomar posesión a pesar de la Policía Federal (obligando ahora al gobierno federal a intentar su desafuero), muestra que el Ministerio Público federal no hizo una labor espléndida de investigación e integración de las averiguaciones pertinentes. El Poder Judicial rechazó, en los hechos, todos los cargos para los detenidos por falta de pruebas, por vicios de origen, o por otras razones que claramente revelan la inoperancia de la procuración de justicia, o de las leyes existentes para combatir al crimen organizado o de la probidad de los jueces, si es que la responsabilidad es de ellos. Es un evidente fiasco de alguien: del gobierno, de las leyes o de los juzgadores.Sólo me pregunto si esto último es cierto, pues podría uno ver todo el episodio como algo muy positivo en un sentido muy preciso. Si hace algunos años la PGR y el MP federal hubieran actuado contra alcaldes, regidores, un procurador estatal y asesores de un gobernador de un partido de oposición (suponiendo que todo esto fuera posible), difícilmente habríamos encontrado un juez en México que se negara a acatar las indicaciones jurídicas y, por qué no decirlo, también políticas del presidente de la República. Esta vez, por las razones que se quieran (por la ineptitud del MP, por la audacia o la fuerza del narco, por la ambigüedad de los casos, por lo que se quiera), una operación de esta magnitud fracasó de cabo a rabo. No creo que se pueda considerar como un retroceso de la justicia en México, sino que incluso puede ser visto como parte del proceso de la consolidación de la independencia del Poder Judicial en México. Independen- cia que, quizás, implique también el estar sujeto a muchas presiones y ya no sólo a la del gobierno federal. De ser culpables algunos de los 34 lamento, por supuesto, que no sean encarcelados, pero me congratulo de que ya exista un Poder Judicial en México a nivel federal que no acepte los dictados del Ejecutivo.¿Eran culpables? Aquí interviene la discusión en el seno de la comentocracia. Muchos colegas han lamentado que personas acusadas de ligas con el narco sean liberadas. El presidente Calderón en Monterrey hace unas semanas, hablando en general, y en abstracto, se lamentó de que un altísimo porcentaje (como 75%) de los detenidos en su guerra terminen libres por deficiencias en la ley o por el desempeño del MP. Amigos en Chihuahua, por ejemplo, nos dijeron a Héctor Aguilar Camín y a mí hace unos meses, que resultaba preferible abandonar el esfuerzo de los juicios orales, ya que, según ellos, gracias ese procedimiento un culpable de homicidio y/o violación fue exonerado por vicios de forma y de origen en su juicio. Y, obviamente, la inmensa mayoría de la opinión pública considera que Florence Cassez debe permanecer eternamente encerrada por su complicidad con los secuestros de los que se le acusa, con independencia del llamado montaje de García Luna.Huelga decir que yo no sé si esta gente es culpable o no. Pero mis amigos comentócratas tampoco. Lo que es más, sólo hay una persona que puede saber y decidir si alguien es culpable o no: un juez. Mientras eso no suceda son inocentes, no sólo porque la Constitución mexicana ya lo estipula explícitamente, sino que es el espíritu de cualquier sistema judicial. Lamentar la liberación de un culpable por un juez es un contrasentido: si el juez lo libera, por definición no es culpable. Sé bien que esto en México no se entiende; pero también sé que de otra forma no se entiende que es la justicia. www.jorgecastaneda.org;jorgegcastaneda@gmail.com
Justicia es sólo justicia
