Desde que el 1o. de diciembre de 2000 México firmó un acuerdo de cooperación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el país ha tenido, en principio, una actitud diferente ante la mirada extranjera en materia de violaciones de los derechos humanos. Una, la no gubernamental, al darle la bienvenida a repetidas misiones de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch (de cuya junta de gobierno soy miembro, lo digo en aras de transparencia); otra, la mirada de organismos gubernamentales: el creciente número de grupos de trabajo, relatores, comisiones y consejos de la ONU, la OEA, la CIDH, etcétera, que existen en el mundo. En lugar de rechazarlos o condenarlos como injerencistas, los dos gobiernos de México desde entonces, con altas y bajas, han dado la bienvenida a estas visitas y a esa mirada.Como iniciador de este proceso puedo dar fe, por lo menos, de la teoría en la que se basa esta anuencia. Se trataba -como lo cita insistentemente para el caso de España Felipe González- de anclar el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la tortura, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, los encarcelamientos sin mandato. No en lugar de la lucha de la sociedad civil mexicana contra estos males, sino además de, y sobre todo, tratando de institucionalizarla a través de la firma o ratificación del mayor número de instrumentos jurídicos internacionales. Y como no queríamos utilizar un doble rasero se ha insistido, de nuevo con altos y bajos, en la necesidad de que todos los países acepten visitas y relatorías de este tipo: desde Estados Unidos en Guantánamo, hasta Cuba y Venezuela.La semana pasada el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias entregó un informe preliminar, elaborado después de visitar el país durante 14 días, recorrido Chihuahua, Coahuila y Guerrero, además del Distrito Federal, y habiéndose entrevistado con diversas ONG mexicanas, funcionarios federales, estatales y municipales, periodistas, etcétera. Esto es de la mayor importancia, ya que junto con el problema de las ejecuciones extrajudiciales -el relator para ese tema no fue invitado a México cuando se trataba de Philip Alston, y la visita del nuevo relator se supone tendrá lugar antes de que concluya el sexenio de Calderón- es una de las consecuencias más nocivas de la guerra del gobierno. Por supuesto, que todos los gobiernos tienden a criticar o contradecir los informes de estas instancias, a veces porque siguen siendo muy sensibles a los reclamos, a veces porque la estridencia y el activismo de los visitantes exasperan a cualquier funcionario, a veces porque gobiernos o viajeros cometen errores de buena fe.Pero de cualquier manera para quienes queremos disponer de una evaluación externa menos parcial y subjetiva de las desapariciones forzadas en México desde el 2006, el informe definitivo que entregará el Grupo el año entrante será un documento de gran valor. Nos dará una idea, al menos indicativa, del número de mexicanos desaparecidos involuntariamente en esta guerra, y que sin duda forman parte -pequeña o grande y junto con los ejecutados extrajudicialmente- de los ya casi 40 mil muertos de la guerra (los 35 mil que reveló Alejandro Poiré en diciembre, más los 3 mil contabilizados por Reforma desde entonces). De acuerdo con el comunicado del grupo de trabajo se recibieron informes de 3,000 desapariciones en lo que va del sexenio; pidieron que el Ejército se retirara al corto plazo; dijeron que existe un clima de impunidad en torno a las agresiones a grupos vulnerables que ha permitido la continuidad de estos actos.Se puede estar de acuerdo con ellos ahora o después, pero siempre será preferible saber que pueden venir externos a mirar qué pasa aquí, para luego discrepar en sus conclusiones; que prohibirles la entrada para tratar de evitar la existencia misma de dichas conclusiones. @JorgeGCastaneda
Bienvenida la mirada externa
