El día de ayer Kenneth Roth y José Miguel Vivanco, director ejecutivo y director para América Latina de Human Rights Watch, entregaron al presidente Calderón un informe titulado "Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México" sobre la situación de los derechos humanos en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco. Durante dos días ellos y algunos miembros de la Junta de Gobierno (full disclosure: soy miembro de la misma) nos entrevistamos con diversos funcionarios, entre ellos el secretario de Gobernación, el de Marina, la procuradora general, el secretario de Seguridad Pública. Les planteamos las inquietudes que había suscitado el trabajo de campo de dos años y que desembocó en el informe. Este concluye: "Han transcurrido casi cinco años desde que el Presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra la delincuencia organizada en México. Desde entonces, México ha sufrido un incremento dramático de la violencia… Cuando Calderón asumió la presidencia en 2006 heredó un país donde los cárteles consolidaban progresivamente su presencia y las fuerzas de seguridad militares y civiles tenían extensos antecedentes de abusos e impunidad en el cumplimiento de esta importante función… En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una guerra contra organizaciones delictivas que ostentan cada vez mayor poder en el país".En particular el informe reseña casos específicos -no una lista exhaustiva- de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En los diversos intercambios con los funcionarios surgieron datos y admisiones desconcertantes, aunque bienvenidos por su franqueza, por ejemplo, al plantear Roth que de los 35 mil homicidios en el país vinculados al crimen organizado entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, sólo mil habían sido investigados por las autoridades federales; de estos sólo había 330 presuntos culpables detenidos y únicamente 22 habían sido sentenciados. Al preguntar por qué había un porcentaje tan bajo de investigación por las autoridades federales, se dijo que en México la ley no le permite a la PGR atraer casos de homicidio incluso vinculados al crimen organizado, y por tanto todas las denuncias, las investigaciones, las consignaciones y los juicios corrían por cuenta de los estados y que estos no necesariamente hacían bien su trabajo. El problema con esta confesión -sin duda sincera y dotada de una buena dosis de verdad- es que contradice una tesis central del gobierno calderonista.Dicha tesis, como se sabe, es que más de 90% de esos 35 mil homicidios (que ya han de ser 45 mil) tienen lugar en el seno del crimen organizado. Para que al gobierno le conste que es así debe disponer de las averiguaciones previas, informes forenses, denuncias de familiares de las víctimas y por supuesto las sentencias de los jueces. Y todo eso es lo que justamente el gobierno no tiene. Entonces una de dos, o bien la afirmación puede ser cierta pero no hay cómo saberlo, o bien el gobierno no investiga esos homicidios por otras razones. No pueden ser ciertas las dos tesis porque son contradictorias entre sí. En conclusión, HRW percibe una situación que se parece a la que muchos analistas en el país ya han descrito, y a lo que las encuestas revelan como el sentimiento de la opinión pública en México: "Human Rights Watch pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir violencia sino que además ha generado un incremento drástico de violaciones graves de derechos humanos que casi nunca se investigarán adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México la guerra desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país".
Human Rights Watch
