Varios acontecimientos recientes han provocado la especulación, la duda —o incluso el morbo— a próposito de lo que pueda sucederle en términos jurídicos a varios altos funcionarios civiles de este régimen, a los responsables de las Fuerzas Armadas y de la policía, e incluso al presidente Calderón, cuando concluya el sexenio en 2012. Quisiera concentrarme en tres sucesos de los últimos meses que muestran a la vez el carácter políticamente motivado de algunos de los esfuerzos por colocar a estos personajes en el banquillo de los acusados, así como la naturaleza de los problemas reales que puedan generarse después del primero de diciembre de 2012.El primero tiene que ver con el propósito de distintos académicos o comentaristas del ámbito del PRD de reunir más de 20 mil firmas solicitándole al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Luis Moreno Ocampo, y a su principal asesor, Baltasar Garzón, que inicie un “análisis preliminar” de las violaciones de derechos humanos en México y que representarían las casi 50 mil muertes ocurridas en este sexenio. Denuncia por la responsabilidad de dichas muertes a dos mexicanos: Felipe Calderón y Joaquín Guzmán Loera (El Chapo).Esta idea, además de estar condenada al fracaso, evidentemente constituye una venganza o represalia por lo que ese sector del espectro político nacional considera como el atropello de 2006. Por razones muy bien expuestas en un artículo de Gerardo Laveaga en Reforma el 6 de noviembre, no tiene ni pies ni cabeza la propuesta de llevar a Calderón o al Chapo a la CPI: ninguno de los delitos que pudieran haber cometido corresponden a los crímenes por los que podrían ser juzgados en la CPI; no se puede argumentar hoy que el sistema judicial mexicano es “unwilling or unable” para determinar si han cometido algún delito y juzgarlos; y difícilmente podría evitarse un veto al final del camino en el Consejo de Seguridad de la ONU por indiciar a Felipe Calderón, tal y como se hizo con Muamar el Gadafi.No obstante, el empeño de estos grupos puede surtir un efecto político: obligar a funcionarios del actual gobierno a responder, a defenderse, en su caso a contratar abogados, y en general a estar sometidos a la angustia que genera la posibilidad (en este asunto ni siquiera remota: más bien inexistente) de un juicio internacional algún día en alguna parte. Es una pesadilla, sobre todo si se contempla la opción de residir fuera del país por un tiempo (como se rumora en la Cancilería en lo tocante al deseo del presidente Calderón de ocupar un cargo ad hoc en la ONU sobre cambio climático).El segundo acontecimiento, más trascendente, consiste en el informe de Human Rights Watch divulgado en México el 9 de noviembre titulado “Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. En realidad no se trata de denuncias o de casos específicos demasiado nuevos, pero sí de una recopilación, sistematización y resumen de conclusiones de lo que ha sucedido en cinco estados de la República (Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco) durante los primeros cuatro años de este sexenio. Al referirse a delitos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, así como a la impunidad de los responsables de estos delitos, y sobre todo al rechazo sistemático del gobierno a impulsar ciertos cambios para remediar esta situación, se empieza a crear una sombra que puede oscurecer el porvenir de muchas de las personas involucradas en estos actos.Me refiero concretamente a la renuencia del gobierno a instruir a las Fuerzas Armadas que entreguen cualquier detenido inmediatamente al Ministerio Público, y no lo mantengan en un cuartel 24 o 48 horas durante las cuales pueden suceder y han sucedido incidentes de tortura; a la imposibilidad de legislar para enviar todas las violaciones de los derechos humanos por militares a los tribunales civiles, tal y como lo establece el fallo de la CIDH en el caso Radilla, así como el de la Suprema Corte de Justica aceptando el carácter vinculante de dicho fallo para el Estado mexicano en su conjunto; y, por último, a la incapacidad de la PGR de atraer al fuero federal la investigación de lo que habrán sido para finales del sexenio más de 50 mil homicidios vinculados con el crimen organizado. Como lo señaló Ken Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en una entrevista al Financial Times el 9 de noviembre: “Nadie acusa al presidente Calderón de haber ordenado estos abusos, pero los está tolerando gracias a una serie de políticas equivocadas” (“Nobody thinks that he is ordering abuses, but he is tolerating them through a series of misguided policies”).El tercer elemento involucra hechos ya lejanos, pero por desgracia todavía pertinentes. Se trata de la demanda civil interpuesta contra el ex presidente Ernesto Zedillo por familiares de algunas víctimas de la masacre de Acteal en diciembre de 1997, en un tribunal federal norteamericano en Connecticut, y que aún no ha sido rechazada por el juez; más aún, Zedillo ya fue notificado formalmente de la demanda en su contra, y ya contrató al bufete de abogados Wiggin and Dana; y presentará su recurso de nulidad en diciembre. Los familiares invocaron dos leyes norteamericanas (la Alien Tort Claims Act y la Torture Victim Protection Act) así como la residencia real, aunque no jurídica, de Zedillo en Estados Unidos, para demandarlo por la vía civil, según las versiones periodísticas, por más de 10 millones de dólares.Es casi un hecho que Zedillo a la larga gane la demanda; incluso es muy factible que el juez efectivamente la desestime de entrada. Pero entre que son peras o son manzanas los abogados de los familiares de las víctimas ubicados en Miami le habrán hecho la vida de cuadritos al ex mandatario. Seguramente ha tenido que contratar abogados; seguramente ha tenido que dar explicaciones; seguramente ha perdido bastante sueño pensando en el futuro.Es evidente la pertinencia de todo esto para el caso del Ejército y de los funcionarios civiles y del propio Felipe Calderón. Si algunos familiares de algunas víctimas de una masacre de 47 personas pudieron, al término de 14 años, integrar finalmente un expediente, encontrar abogados y presentar una demanda de 53 páginas, ¿qué no podrán los familiares de más de 50 mil víctimas en los primero días del siguiente sexenio? Si el entonces ex presidente Felipe Calderón, o los ex comandantes del Ejército o los ex responsables de las policías federales o estatales deciden en algún momento residir en algún país donde rigen leyes semejantes a las de Estados Unidos, o en Estados Unidos mismo, el universo de demandantes potenciales es demasiado extenso para que no vaya a suceder algo.Conviene subrayarlo: nadie dice que Calderón, los militares o los funcionarios civiles deban ser juzgados por violaciones a los derechos humanos en tribunales internacionales, ya sin hablar de cortes mexicanas. Esa eventualidad es remota o francamente imposible. Lo que no es improbable, o más bien resulta casi seguro, es que por distintos motivos —políticos, de animosidades y agravios personales, o de dolor auténtico por pérdida de seres queridos— se generen intentos más o menos responsables, más o menos exitosos, de este tipo de juicios. Es un costo más de esta guerra fallida.Jorge G. Castañeda. Analista político. Miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos. Su más reciente libro es Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos.
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