Hay quienes afirman que es inminente el fallo de la Suprema Corte sobre el caso Cassez. Como se sabe, en 2011, la Primera Sala de la SCJ atrajo el recurso de amparo directo en revisión promovido por la ciudadana francesa, acusada de secuestro y que fue hallada culpable en un proceso que tiene de todo menos debido. El ponente, Arturo Zaldívar, parece que ya terminó su trabajo. Falta saber qué decidió, sobre todo sobre la protección consular.Cuando fui secretario de Relaciones Exteriores, le propuse al presidente Fox que México demandara a Estados Unidos por no haber dado a 52 mexicanos condenados a muerte -o bajo proceso con la posibilidad de ser condenados a muerte- la protección consular exigida por la Convención de Viena. Se litigó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y México ganó. El 16 de julio de 2008, la CIJ falló que EU había violado el derecho a la protección consular, lo que constituía una violación al derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. Este proceso se conoce como el Caso Avena. A partir de ello, México se dedicó, como parte de una política exterior coherente, a pugnar por la suspensión de las ejecuciones de los mexicanos condenados a muerte. Poco tiempo después, en Texas, el gobernador Perry ignoró la sentencia del Caso Avena, y José Ernesto Medellín fue ejecutado el 5 de agosto de 2008. En congruencia con la demanda interpuesta ante la CIJ, México despachó una nota de protesta. La Cancillería mexicana, ya en la administración de Felipe Calderón, expresó que "el gobierno de México continuará insistiendo en la obligación de Estados Unidos de otorgar la revisión y reconsideración de las condenas de pena de muerte de los otros nacionales mexicanos cubiertos por el fallo Avena".Medellín no era una "perita en dulce". Se le acusó de haber violado y matado a dos jovencitas en 1993. Además, era montonero, pues el asesinato lo cometió junto con cinco miembros de su pandilla. Después de violarlas las ahorcaron con un cinturón. Sin embargo, México lo defendió y protestó su ejecución. No se trataba de juzgar sobre lo que se supone que hicieron Avena, Medellín y los otros condenados a muerte, sino que no se les respetó su derecho a debido proceso, que incluye, centralmente, la protección consular.Por todo ello resulta inexplicable la falta de congruencia entre la política exterior del presidente Calderón en 2008 -al protestar la ejecución de Medellín- con la política interna, que busca mantener en la cárcel a Cassez. El Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, que confirmó su condena de más de 60 años, admitió en su sentencia que México no dio aviso al consulado francés en los términos de la Convención de Viena. Pero agregó en su sentencia que, aunque no se le haya dado oportunamente la protección consular a Cassez, dicha omisión fue irrelevante para el resultado y la resolución confirmatoria de la sentencia: el mismo argumento del gobernador de Texas.Es injustificable que el gobierno mexicano se comporte de manera esquizofrénica. Los efectos que el caso Cassez ha tenido en las relaciones entre México y Francia son conocidos. Francia no ceja en su defensa (como México no ceja en la defensa de sus connacionales). Pero México maltrata judicialmente a una francesa: el sistema judicial admite que se le violó un derecho que la CIJ considera fundamental, el Poder Ejecutivo no ejerce sus facultades para liberarla o, por lo menos, trasladarla a Francia a que purgue la pena. A México no debería importarle la gravedad del crimen por el que se le acusa (como no le importa para defender a sus connacionales); debe sólo reconocer que se equivocó al no cumplir con sus obligaciones internacionales. Que la opinión pública y prominentes activistas sociales -algunos contendientes panistas a cargos de elección popular- reprueben la liberación de Cassez, que ya lleva siete años de cárcel, debería ser, eso sí, irrelevante. Tanto para Calderón como para Perry.
Avena y Cassez: mismo caso
