La migración entre México y Estados Unidos ha regresado a un cierto equilibrio. Un gran número de mexicanos cruza legalmente hacia el norte para trabajar y luego vuelve al sur con la confianza de poder repetir el viaje una vez más. El balance se debe a un aumento de migrantes legales y un desplome de los ilegales.Los migrantes de hoy tienen sus papeles en orden. Incluso habría que preguntarse si Estados Unidos aún enfrenta un problema difícil con la inmigración mexicana.Por muchas razones, la migración ilegal mexicana ha bajado: mientras los costos y riesgos aumentaron, la demanda de mano de obra disminuyó en Estados Unidos. Y, al mismo tiempo, decreció la fuerza laboral de México. La población indocumentada en Estados Unidos es todavía de 11.5 millones de personas, de las cuales aproximadamente el 60% viene de México, según la Office of Immigration Statistics. Pero la cifra ya no crece. De hecho, el Proyecto de Migración Mexicana, un esfuerzo binacional de demógrafos y de otros investigadores, indica que la tasa de inmigración indocumentada es casi cero. En 1999 se llegó a medir una tasa de 55 por cada mil hombres mexicanos; en 2010 había caído a nueve por cada mil, un ritmo no visto desde 1960. La migración legal, mientras tanto, se elevó: 517 mil mexicanos entraron a Estados Unidos como trabajadores temporales legales en 2010, otros 888 mil entraron con visas de negocio, y 30 mil como visitantes de intercambio. En 1995 las cifras respectivas fueron 27 mil, 256 mil y cinco mil. En otras palabras, los mexicanos van como siempre a Estados Unidos a trabajar con ganas, pero lo hacen legalmente.A su vez, la inmigración permanente y legal mexicana a Estados Unidos se ha disparado: un promedio de 160 mil personas ingresan cada año desde 2005. Aproximadamente 60% son parientes cercanos a ciudadanos estadunidenses: padres, cónyuges o hijos menores de edad, y una cifra adicional de hasta 30% es de otro tipo de familiares, como los hermanos.El gran número de parientes que migran legalmente es una consecuencia accidental e incluso irónica de medidas adoptadas por el Congreso americano y de sucesivas administraciones, para hacer la vida miserable a los inmigrantes sin importar su estatus legal. Una legislación promulgada en 1996 limitó el acceso de migrantes a beneficios federales, redujo sus derechos civiles y aumentó el riesgo de deportación. El USA Patriot Act en 2001 socavó el bienestar de los ciudadanos extranjeros y, en 2006, un proyecto de ley conocido como Ley Sensenbrenner pretendía impedir la inmigración ilegal a través de nuevas restricciones draconianas. Esta última no llegó a convertirse en ley, pero la estrategia que planteaba se usó como fondo para la ley antiinmigratoria de Arizona.Para evadir dichas leyes, un considerable número de residentes mexicanos tomaron una decisión inesperada: en lugar de abandonar Estados Unidos por la incómoda situación, se convirtieron en ciudadanos. Esto a través de una práctica conocida como “naturalización defensiva”. Durante 10 años previos a 1996, un promedio de 29 mil mexicanos fueron naturalizados cada año. A partir de 1996, el promedio aumentó a 125 mil al año, teniendo así dos millones de nuevos ciudadanos que luego podían traer parientes cercanos. En la actualidad casi dos tercios de los residentes permanentes legales de México entraron como familiares de ciudadanos estadunidenses. Otra paradoja: muchos de estos nuevos “residentes permanentes” no usan sus visas para asentarse en Estados Unidos. En cambio, circulan entre México y aquel país como trabajadores temporales, lo que restaura un patrón que había prevalecido hasta principios de los noventa, cuando el gobierno norteamericano comenzó a sellar la frontera. En ese momento regresar periódicamente a México se hizo muy caro, y los métodos para volver a Estados Unidos demasiado riesgosos. Ante la decisión de quedarse o arriesgarse a no poder entrar, los migrantes indocumentados y sus familias simplemente se quedaron allá. Pero ahora ha vuelto la circulación y con ello la necesidad de reconsiderar la reforma migratoria.Las principales propuestas de México, el Congreso y el presidente George W. Bush siempre han consistido en cuatro puntos básicos: reducir la inmigración ilegal, aumento de visas para trabajo temporal, concesión de visas de residente permanente y legalización de indocumentados existentes. Con la migración neta de indocumentados mexicanos cerca de cero y la migración legal temporal en niveles récord, los dos primeros objetivos están prácticamente cumplidos, mientras que la inmigración legal masiva de familiares de ciudadanos satisface la tercera. Regularizar la situación de 11.5 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos todavía tiene que lograrse, pero reconocer que la autodeportación no es algo realista, permite discutir nuevas soluciones. Para todo efecto práctico, las salidas voluntarias se han detenido y la idea de las deportaciones forzadas perturba a muchos estadunidenses. Es el momento de analizar si la legalización puede lograrse sin demasiado alboroto, para que Estados Unidos y México terminen de resolver el problema de inmigración pacíficamente y en silencio. Hay atisbos claros de que nos acercamos a una solución. Se puede achacar una parte a accidentes históricos, y otra parte a la hipocresía de una política estadunidense que silenciosamente ha ido legalizando el trabajo temporal sin decirlo públicamente. A veces se sobreestima ser puntal y honesto en estas cuestiones. Sin embargo, vamos encontrando puntos de encuentro, mexicanos y estadunidenses. Hay una oportunidad para neutralizar el conflicto migratorio y vivir con mayor cordialidad entre vecinos. Jorge G. Castañeda. Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y de estudios sobre América Latina y en la Universidad de Nueva York. Douglas S. Massey. Profesor de sociología y asuntos públicos en Princeton. Traducción: Mateo Aguilar Mastretta
Un adiós a la migra
