Sí al debate

El presidente Enrique Peña Nieto ha sido claro en su posición frente al debate sobre la posible legalización de algunas drogas, especialmente la marihuana. Se ha pronunciado en contra de su legalización, entre otras razones porque, como sucede en el caso de drogas que ya son legales (el alcohol y el tabaco), puede ser la puerta de entrada al consumo de substancias más perjudiciales para la salud. No obstante, el titular del ejecutivo federal ha expresado que este tema debe ser ampliamente debatido. En mayo pasado, el Presidente señaló al diario londinense Financial Times: “México no está a favor de la legalización. No estoy convencido de que sea la ruta, pero sí presionaremos y estaremos impulsado que se dé un debate. Si hay un acuerdo hemisférico, México quiere ser parte y fijará sus condiciones o el porqué de su visión sobre este tema”. En consecuencia, autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la Cancillería, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Salud, en especial de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, hemos ofrecido, en el ámbito de las atribuciones de cada uno, argumentos que abonan a una discusión ordenada, seria, científica y con una perspectiva integral. La apertura a un debate público no es el único rasgo característico del gobierno del presidente Peña Nieto. Desde el inicio de su gestión, se han dado cambios importantes sobre la forma en que deben abordarse los retos que el consumo de ciertas substancias impone al estado mexicano. Puedo destacar al menos cuatro aspectos: la discusión se aborda principalmente desde una perspectiva de salud pública, no policiaca ni persecutoria; no existe intención de criminalizar a los consumidores; estamos evaluando todas las alternativas posibles a la reclusión, principalmente aquellas enfocadas al tratamiento de las adicciones; y hemos iniciado, junto con un grupo de expertos en la materia, un análisis detallado sobre los efectos y externalidades que se han derivado de la decisión que el Congreso de la Unión tomó en 2009 de no penalizar la posesión, en ciertas dosis, de algunas drogas, con el objetivo de analizar si es pertinente proponer alguna modificación. Tenemos interés en que el tema se discuta. La legalización no es el único camino; de hecho, la tendencia internacional se inclina más hacia la despenalización de la posesión y del consumo de narcóticos en cantidades específicas, que en la práctica es lo que en México sucede desde 2009. Si analizamos lo que ha sucedido en varios países, podemos ver que las posibilidades son diversas; hay países que no imponen sanciones penales por la posesión y el uso personal (Brasil); hay otros que no imponen ningún tipo de sanción (Colombia); existen países que imponen sanciones alternativas como multas o servicio comunitario (Jamaica, o Portugal, que eliminó las sanciones penales por el uso personal, posesión y compra y ahora son consideradas sanciones administrativas). Sería conveniente conocer cómo están funcionando estas medidas, si se han cumplido los objetivos que perseguían y cuáles son las externalidades, positivas y negativas, que se han presentado en estas naciones tras despenalizar la posesión y/o el consumo. De la mano de esta revisión, también resulta indispensable analizar si por la legalización o la despenalización disminuye la violencia asociada a la actuación de las organizaciones criminales. Análisis preliminares permiten ver que los niveles de violencia han permanecido estables en la mayor parte de las entidades que han optado por la legalización de la marihuana con distintos fines. Por su complejidad y posibles consecuencias, requerimos más y mejor información sobre el tema, además de una participación amplia de expertos. Cualquiera que sea la decisión que el gobierno de la república vaya a tomar, como nos lo ha instruido el presidente Peña Nieto, se requiere de un análisis profundo y cuidadoso del tema; no escatimaremos en escuchar a académicos, especialistas, líderes de opinión, médicos y a todo aquel que tenga algo que aportar. Al margen de esta discusión, en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el liderazgo de la Secretaría de Salud y de la CONADIC, hemos diseñado ya una Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, en fase de instrumentación. Entre otros aspectos hace énfasis en: 1) la protección de los menores de edad, 2) la prevención y disminución de los niveles de consumo de drogas legales (alcohol y el tabaco), 3) la ampliación de la oferta de información y generación de capacidades en los jóvenes para la toma de decisiones, 4) el fortalecimiento de las capacidades de la federación y las entidades para ofrecer tratamientos a las personas con adicciones, y 5) privilegiar el tratamiento de personas con adicción en vez de la reclusión. Quisiera referirme brevemente a este último aspecto. En México, desde hace algunos años se pusieron en práctica mecanismos de justicia alternativa, dentro de los que destacan las cortes de drogas o tribunales para el tratamiento de adicciones, instrumento de justicia penal que permite que una persona que cometió por primera vez un delito menor vinculado con el consumo de drogas legales o ilegales, se someta a un tratamiento de atención en lugar de que sea sancionado con pena privativa de libertad. Lo anterior responde a la necesidad de reenfocar los procedimientos judiciales a una tendencia más conciliatoria, haciendo énfasis en la urgente necesidad de solucionar el problema de la reincidencia delictiva, reducir el consumo, reinsertar socialmente al individuo y evitar los efectos negativos del encarcelamiento. De todas las alternativas, la reclusión ha resultado la menos conveniente y la mas costosa, de ahí la necesidad de analizar figuras como los tribunales de tratamiento de adicciones, que ya funcionan con éxito en el estado de Nuevo León y que esperamos instalar en al menos otras cinco entidades en este 2013. Estos tribunales no son la única estrategia que estamos analizando. El tema, como en el caso de la legalización y la despenalización, nos obliga a un análisis serio y profundo, además de evaluar todas las acciones que habremos de impulsar en los siguientes meses. Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.