Jorge Castañeda
El sábado tuvo lugar en México un encuentro de líderes migrantes de Estados Unidos. Bajo el patrocinio de la revista Nexos y de La Hora de Opinar, Eunice Rendón, exdirectora del Instituto de Mexicanos en el Exterior y yo, invitamos a una treintena de activistas mexicanos –algunos también con nacionalidad norteamericana– para exponer su opinión sobre la actual coyuntura en Estados Unidos (EU), en vísperas de la toma de posesión de Trump.
Joaquín López-Dóriga, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig y Javier Tello moderaron las cuatro mesas en las que cada uno de los participantes expuso sus temores, deseos, exigencias, quejas y esperanzas ante lo que López Dóriga llamó una emergencia migratoria.
Aquí sólo quisiera reseñar las respuestas a cuatro preguntas que entre varios les dirigimos a los líderes, partiendo de mi afán incontrolable por acercar a nacionales mexicanos a situaciones binarias, donde nuestra propensión idiosincrática a evitar la toma de partido se dificulta.
La primera abordó el tema de qué hacer ante la detención de un indocumentado en EU: ¿Aceptar la llamada repatriación voluntaria, sin juicio ni detención, y ser devuelto a México de inmediato, o exigir una audiencia, apoyado por un abogado, con alguna posibilidad de ganar, dependiendo de las circunstancias, y sobrecargando el sistema de justicia, pero corriendo el riesgo de una larga detención y de ser fichado? Por una mayoría pequeña, los casi 30 asistentes a la reunión prefirieron la segunda opción.
Poco después, planteamos la disyuntiva de dónde canalizar los posibles recursos adicionales que liberara el gobierno de México para enfrentar la emergencia migratoria: ¿a impedir las deportaciones en EU contratando a más abogados, trabajadores sociales, centros de atención para niños, etcétera, o a la reinserción de los deportados en México? Por una mayoría un poco más abultada, los activistas optaron por la opción del gasto en México en empleos, capacitación, regularización de oficios y títulos, etcétera.
La tercera pregunta se centró a la propuesta que varios habíamos formulado, incluyendo a Marcela Guerra, la senadora del PRI por Nuevo León. ¿El gobierno de México debe exigirle al de EU que compruebe, con documentos, la nacionalidad mexicana de cada deportado antes de aceptarlo, o conviene seguir el camino tradicional de realizar el triaje en México, a sabiendas de que en el primer caso nuevamente congestionamos el sistema de justicia, pero que podría haber represalias estadounidenses? Aquí sí, por una muy amplia mayoría (20 vs. 1) los invitados escogieron la exigencia de pruebas de ciudadanía mexicana.
Por último, abrimos una alternativa estratégica, al entrar a la discusión del Tratado de Libre Comercio y el tema migratorio. ¿Se debe negociar cada tema –el muro, las deportaciones, el TLCAN– por separado, como se ha hecho casi siempre, para que los demás asuntos no contaminen lo esencial, a saber, lo económico? ¿O ya es hora, como lo sugirió Rafael Fernández de Castro, de negociar todo en paquete? Por 12 votos contra ocho y varias abstenciones, los activistas se pronunciaron por separar los temas, aunque algunos cambiaron de opinión durante la discusión.
Se trató de un ejercicio simplista, maniqueo y de menor importancia frente a los demás debates y deliberaciones del encuentro, pero que resultó útil. Entendimos un poco mejor los mexicanos de aquí cómo piensan los de allá. Supongo que el gobierno ya levantó una amplia batería de estudios cuali y cuanti mucho más rigurosos que le permitan tomar decisiones bien fundamentadas.