Jorge Castañeda
La ciudad de Tijuana ha sido, en estos últimos años, una especie de buena noticia nacional en materia de violencia. Después de haberse transformado, entre 2010 y 2012, en una de las dos capitales de la violencia en México (la otra siendo Ciudad Juárez), los índices de criminalidad, de homicidios dolosos, de zozobra y desinversión, la urbe fronteriza recuperó su vitalidad y calma. Ahora parece andar por el camino inverso.
Según Animal Político, que cita datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si en 2010-2012 las cifras de asesinatos se redujeron hasta 270 entre enero y noviembre, en 2015 alcanzaron 498, y en 2016, 671 –un aumento de 35%. Se trata de una cantidad similar a la de la Ciudad de México, sólo que con la octava parte de los habitantes. De acuerdo con el sitio citado, Tijuana cerrará el año con una tasa de 45 homicidios dolosos por 100 mil habitantes, la mayor de cualquier ciudad del país con más de un millón de habitantes.
Animal Político recurre a las autoridades estatales de Baja California para buscar una explicación a esta desgracia. Invoca el resurgimiento del conflicto entre los cárteles del Pacífico y de Sinaloa, que se había resuelto a favor del segundo, así como la aparición del Cártel Jalisco Nueva Generación en la plaza, que viene a disputarle a los otros dos su anterior dominación. No hay por qué dudarlo, aunque a primera vista parece insuficiente el razonamiento.
Conviene recordar que la pacificación de Tijuana se solía atribuir a tres factores. El primero fue seguramente la pax sinaloense impuesta por el Chapo al derrotar a los otros aspirantes a dominar la plaza. Que se haya logrado con o sin la complicidad activa o tácita de las autoridades resulta indiferente. En segundo lugar, el apaciguamiento de esa zona fronteriza se debió a la política represiva, sanguinaria, violatoria de los derechos humanos, pero eficaz a corto plazo, de Julián Leyzaola, el jefe de la policía de Tijuana –lo fue después de Cd. Juárez– y de los comandantes de la zona y el campo militar. Nadie en Tijuana ignoraba lo que acontecía en las instalaciones del Ejército; algunos lamentaban las prácticas en cuestión, muchos las aplaudían, debido a los aparentes resultados exitosos que arrojaban. Hoy, supongo que a pesar del desempeño electoral de Leyzaola en junio pasado –quedó en un cercano segundo lugar en los comicios para presidente municipal– muchos se arrepienten de haber creído que el recurso del equivalente de escuadrones de la muerte podía funcionar.
En tercer lugar, el trabajo de José Gallicot y sus colegas en la iniciativa Tijuana Innovadora contó mucho (a diferencia de lo que no se cuenta, pero si cuenta). No fue sólo la participación del empresariado y de la sociedad civil organizada en las actividades de prevención y pacificación. Importó mucho el desatar un círculo virtuoso de “hablar bien” de Tijuana, para que volvieran los inversionistas y los residentes de la zona de San Diego, y por lo tanto mejorara la economía, y por lo tanto descendiera la violencia.
Todo esto funcionó, hasta que dejó de funcionar. La pregunta pendiente es si la solución para frenar de nuevo la violencia reside en volver a hacer lo mismo, o en aprovechar la legalización plena de la mariguana en California para restarle trascendencia a la plaza. Si nadie pretendiera impedir ya la salida de mariguana a EU –buscando narcotúneles, colocando retenes en las carreteras que conducen a la frontera, quemando sembradíos– Tijuana perdería algo de su significado como plaza. Y lógicamente, bajaría la violencia.