Jorge Castañeda
Una de las afirmaciones más desgarradoras de las muchas que escuchamos los participantes en el segundo foro de Agenda Migrante, organizado, entre otros, por Eunice Rendón, en Phoenix el fin de semana pasado, provino de una mujer que había sido deportada a México hace unos cinco años y después volvió a Estados Unidos. Dijo que se sintió tan indocumentada en México durante su estancia, como en EU. Explicó por qué, y la experiencia de cualquier extranjero que se instala a vivir en México durante unos años sin el apoyo de una empresa o embajada confirma su dicho.
El meollo de su explicación consistió en sentirse indocumentada por carecer de… documentos. Los mexicanos que nacimos, crecimos y residimos hoy en México disponemos de una serie de papeles que nos permiten navegar los turbulentos mares de la burocracia mexicana: desde la FIEL y el RFC hasta la cartilla militar, para quienes nacimos antes de la supresión de la exigencia de presentarla para salir del país o sacar un pasaporte, pasando por toda la parafernalia de certificados escolares, INAPAM, IMSS o ISSSTE, INE o licencia de conducir. Una deportada, que salió de México a los 10 años, es devuelta por la fuerza a los 30, y debe organizar su vida a partir de cero, sufre un verdadero calvario en un país de papeles, reglamentos, requisitos y reconocimientos.
Por eso el senador Armando Ríos Piter formuló una propuesta sencilla, viable y hasta cierto punto económica, a raíz de la intervención de la mujer en cuestión. Sugirió que se abriera, en cada uno de los once puntos fronterizos donde son entregados los deportados por Estados Unidos a las autoridades mexicanas, un módulo del Instituto Mexicano del Seguro Social y otro del Instituto Nacional Electoral. Cada deportado, al verse comprobada su nacionalidad mexicana como condición para ser aceptado en México, se inscribiría en el IMSS y recibiría una credencial de elector.
La inscripción en el Seguro sería excepcional y provisional –digamos, por un año– ya que en teoría se paga por cuotas, entre el empleado y el empleador. Pero hay ya muchos mexicanos registrados en el IMSS que pagan su propia cuota completa, o cuyo empleador la cubre en su totalidad. En el caso de los deportados, el Estado cubriría las cuotas, al exentar el pago por un año. Aún si se tratara de una cifra enorme de deportados y que se enfermaran todos al mismo tiempo, el costo sería manejable, y obviamente eso no va a suceder de inmediato. Les daría a los deportados un apoyo importante en caso de algún padecimiento, una credencial para identificarse, y una sensación de pertenencia, de la cual todos carecen.
Se podría hacer el equivalente con el INE. Desde luego que no podría ser una credencial para votar en todas las elecciones, ya que muchos deportados no cuentan con un domicilio en México. Por lo tanto no sabrían de entrada en qué sección electoral, municipio o estado residirán, si es que no intentan regresar a Estados Unidos. Pero en cualquier lugar del país donde se instalen, podrán votar en la elección presidencial de 2018; su credencial lo estipularía. Además de volver a generar un elemento de pertenencia, les daría la única identificación universalmente aceptada en México, para entrar a un edificio, abrir una cuenta bancaria, subirse a un avión o identificarse como mexicano ante la autoridad. De nuevo el costo no sería exorbitante.
Propuestas concretas como ésta pueden funcionar en nuestra emergencia. Si éstas no le gustan a alguien, como dijo Groucho Marx a propósito de sus principios, hay otras. Propónganlas.