Jorge Castañeda
Con la novedad de que “dos aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Anticorrupción declinaron luego de que el Senado encontrara similitudes en sus ensayos… La secretaría técnica de la Comisión de Justicia encontró una similitud muy específica en cuanto a la redacción de dos ensayos de los candidatos.” (Reforma on line) Una vez que los dos autores/candidatos fueron pillados por haber copiado uno al otro, o por haberse puesto de acuerdo, ambos –Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate– declinaron su postulación. Supongo que prefirieron eso a ser rechazados. Algunos medios informaron que incluso se repetían los errores de ortografía. Aunque tal vez no sea requisito para ser Fiscal el no cometerlos.
Más allá del ridículo que hicieron los plagiarios o cómplices, parece broma de mal gusto que dos personas de esa calidad moral hayan llegado hasta la etapa de presentación de propuestas escritas ante las comisiones unidas del Senado. Obviamente no pensaron que podrían ser detectadas sus trampas, ni tampoco creyeron que el recurrir a ese tipo de artimañas los descalificaba ipso facto para el cargo. Eso no es culpa del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero sí lo es el creciente cuestionamiento y escepticismo ante la Fiscalía en ciernes. Hace una semana varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo algunas que participaron en el diseño y aprobación del SNA, pidieron cambiar el formato para designar al titular de la Fiscalía, y pidieron al Senado cancelar el procedimiento de designación mientras no se garantizara su autonomía. Anunciaron que no acompañarían al Senado en dicho proceso. Entre las organizaciones firmantes figuran IMCO, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Unido contra la Delincuencia, Coparmex, WOLA, Freedom House, Artículo 19, Centro Pro, y muchas más.
Parece también extraño que se escoja al segundo de abordo (el Fiscal Anticorrupción) antes que al capitán de la nave, a saber, el Fiscal General de la República, que podrá removerlo, de quien dependerá administrativa y presupuestalmente, y cuyo periodo de designación es de nueve años, mientras que el de Anticorrupción, en este caso, será solo hasta fin de sexenio. Si con este tipo de procedimientos y mañas Peña Nieto, el PRI y algunos de los artífices del SNA lite que fue aprobado, piensan dotar de credibilidad al combate contra la corrupción, creo que están muy equivocados.
En el ambiente actual, con un Duarte fugado gracias a la complicidad de alguien el gobierno federal; con otro Duarte libre y tan campante; con un exgobernador más, Roberto Borge, asistiendo a los juegos del Miami Heat; con el candidato presidencial puntero anunciando por escrito que indultará/perdonará a todos los presuntos corruptos que hayan pecado antes de su toma de posesión en 2018; cuando los altos funcionarios de Pemex sobornados por Odebrecht siguen sin conocerse, siendo que en Colombia el propio presidente Santos admite que su campaña recibió dinero de la constructora brasileña, aunque él no lo sabía ¿Cómo se le puede pedir a la opinión pública que crea en todo esto?
El problema yace en la evidente intención de Peña Nieto y su gobierno de entorpecer –o, mejor aún, imposibilitar– cualquier indagación de actos de corrupción de este sexenio una vez que concluya. Tal vez no lo logren, pero la tentativa es tan evidente que no puede más que manchar el proceso en su totalidad. Cada vez más, parece que este es el hilo conductor de lo que queda del sexenio. ¿O a poco alguien cree que el gobierno pidió –y la SCJN aceptó– reservar las bitácoras de vuelo de los aviones del EMP para evitar que algún “extraño enemigo” derribara al TP-01? Sigilo ocioso: Washington debe otorgar un permiso de sobrevuelo cada vez que se usa un TP para ir a Miami, a Houston, a Los Ángeles, a Toronto, etc., y para obtenerlo se debe dar la lista de pasajeros, el origen, motivo y destino del vuelo. No vayan a soltar la información un buen día…