Jorge G. Castañeda
Cada día se discute más, tanto en EU como en otros países, y en particular en México, la posibilidad de que Donald Trump sea destituido legalmente como presidente antes de finalizar su primer mandato. Algunos analistas hablan de impeachment, es decir, de juicio político; otros recurren a la enmienda 25 de la Constitución norteamericana, a saber, la posibilidad de que el vicepresidente y el gabinete consideren que el presidente no puede cumplir con sus funciones y el Congreso luego vote al respecto.
La mayor parte de los cálculos, sin embargo, son todavía contrarios a esta hipótesis. Se considera que para que esto suceda, por lo menos veinticinco miembros republicanos y la totalidad de los demócratas de la Cámara baja tendrían que votar a favor del impeachment; es decir, la acusación formal al presidente en funciones para luego ser juzgado en el Senado. Esto no significa que es destituido el presidente; tal y como sucedió con Bill Clinton, tendrían que cambiar de bando más de una decena de senadores republicanos, y votar a favor la totalidad de los demócratas, para que finalmente Trump fuera despojado de sus funciones. Se cree que estas dos condiciones necesarias aún no se cumplen en EU.
Otro elemento de cálculo involucra las elecciones de medio periodo de 2018. Muchos piensan que si los republicanos enfrentan una verdadera debacle al perder su mayoría, tanto en la Cámara baja como en el Senado, podrían optar por defenestrar a Trump antes de dichas elecciones. Esta hipótesis no es descabellada, pero implicaría que los partidarios de Trump en el electorado –aproximadamente 40%– dejaran de apoyarlo con el entusiasmo que aún destilan: más del 80% de ese 40% sigue aprobando su labor. Por el momento parece difícil que esto pudiera cambiar en los 15 meses que faltan para que comience la campaña de las elecciones legislativas de medio periodo, de 2018.
Sin embargo, en días recientes ha surgido una nueva hipótesis que puede ser más verosímil o factible que las anteriores. Esta opción retoma el antecedente de Richard Nixon, en 1974, que renunció antes de llegar a la votación en la Cámara de Representantes, y desde luego antes del juicio propiamente tal en el Senado. Se supuso desde entonces, con muchos elementos, que dicha renuncia tuvo mucho que ver con el indulto posterior que le otorgó el nuevo presidente –Gerald Ford– y que tuvo un estatuto inapelable y total. En otras palabras, Nixon renunció no sólo a la presidencia sino a la posibilidad de pelear el juicio político ante el Congreso a cambio de un perdón definitivo. Empieza a vislumbrarse una posibilidad semejante en el caso de Trump.
Aunque no me queda claro cuáles son los delitos por los que puede ser perseguido penalmente un expresidente de EU: aquellos cometidos antes de su elección, durante el periodo de transición cuando funge como presidente electo, o ya como presidente en funciones, todo sí parece indicar que cualquier tipo de inmunidad de la cual pudiera gozar en cualquiera de los tres casos no se aplica a sus familiares. Cada día surgen nuevas versiones o filtraciones relativas a los posibles contactos del yerno de Trump, su hija e incluso sus dos hijos que no ocupan funciones en la Casa Blanca, con el gobierno de Rusia. Hasta ahora ninguna de estas investigaciones o filtraciones parecen implicar delitos penales. Sin embargo, es perfectamente posible que así suceda. De ser el caso, pudiera existir un riesgo serio de encarcelamiento posterior por delitos cometidos en cualquiera de las situaciones antes mencionadas. En ese caso extremo, podría volverse atractivo para Trump evitar cualquier riesgo de esta índole, renunciando a la presidencia a cambio de un indulto general para él y toda su familia.
¿Suena muy extremo? Desde luego que sí. De la misma manera que sonaba muy extrema la posibilidad, cuando fue reelecto Nixon en 1972, que menos de dos años después renunciaría a la presidencia para evitar ir a la cárcel.