Jorge G. Castañeda
La reunión de cancilleres de países “Like Minded” en Lima, el día de ayer, a propósito de la crisis política, económica, financiera y humanitaria que agobia a Venezuela, es un primer paso interesante hacia un enfoque diferente. Al sacar el tema de la OEA se evita, en primer lugar, que Venezuela y Cuba sigan utilizando a los pequeños países del Caribe, y a sus aliados del ALBA, para bloquear cualquier resolución “con dientes” en relación a lo que sucede en ese país. La OEA impide que se aprueben resoluciones que exijan la liberación de los presos políticos, que se ponga un alto a la represión ya denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, como feroz y generalizada, y que se lleven a cabo las elecciones previstas para este año y el entrante. Al reducir el número de países, a aquellos que piensan de manera parecida, se puede avanzar en varias direcciones.
Una de ellas, que proviene de experiencias anteriores de los años 80 y 90, y que ha sido discutida por varios gobiernos en las últimas semanas, tiene que ver con la posibilidad de crear un grupo de países amigos o de seguimiento al caso Venezuela. Para ello, tendría que formarse este grupo ad hoc con gobiernos aceptables, tanto para el gobierno como para la oposición venezolana, algo que puede parecer improbable, pero no imposible. Algunos países como México y Colombia, o como El Salvador o República Dominicana, pueden ser aceptables para ambas partes. Crear un grupo de esa manera permitiría el inicio de un nuevo proceso de intermediación. Se evitarían los errores tan graves que se cometieron en el proceso anterior, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, y se podrían contemplar salidas realistas a la tragedia venezolana.
Una segunda dirección que también se abre, sin embargo, va en un sentido muy distinto. Involucra la posibilidad de que algunos países, desde luego los reunidos en Lima, pero también quizás EU y la UE, consideren la imposición de sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro, por violar determinados instrumentos internacionales que ha suscrito. Ya el fin de semana pasado los cuatro países del Mercosur suspendieron a Venezuela por violar las normas democráticas existentes en ese país. Aunque el efecto económico de esta decisión pueda ser menor, se trata claramente de sanciones, como muchos de estos países han aprobado en otros momentos de la historia, a propósito de otros casos. Se podría ir más lejos, donde un mayor número de países aplicaran sanciones más severas a Venezuela, hasta que su gobierno escuchara la razón. La más extrema sería la suspensión de compras de petróleo por todos los países involucrados, empezando por EU, y también, en su caso, el congelamiento de activos venezolanos en distintos países donde existen. De la misma manera que el gobierno de Nicolás Maduro ha congelado o expropiado propiedades de empresas procedentes de estos mismos países de América Latina.
Muchos dirán que es una exageración recurrir a sanciones en el caso de Venezuela. Que nunca resultan, que sólo perjudican a la población más desfavorecida, y que si incluye a EU tendría un efecto contraproducente: darle la razón a Maduro de que está siendo víctima de un “compló” del imperio. Todo esto puede o no ser cierto, pero conviene tomar en cuenta dos elementos antes de fijar una posición definitiva al respecto.
En primer lugar, repetir incansablemente el mantra de la ineficacia de las sanciones contra Cuba desde 1961 no es necesariamente pertinente para el caso venezolano. En efecto, esas sanciones pueden haber sido inútiles, contraproducentes e injustas, pero ello no significa que lo sean en el caso de Venezuela. Sobre todo, este tipo de análisis apresurado hace caso omiso de un precepto fundamental en estas discusiones.
El único criterio para juzgar si la imposición de sanciones económicas, políticas, jurídicas e incluso sociales a un determinado régimen, debe o no establecerse, es su eficacia. Si son eficaces, deben utilizarse; si no lo son, deben descartarse. No está claro qué sanciones bien pensadas, que incluyeran un enfoque humanitario para ahorrarle a la tan castigada población venezolana más penurias de las que ya ha sufrido, puedan resultar ser eficaces en el caso de Venezuela y llevar a una salida democrática a la crisis. Esto ha sucedido en otros países. El caso más reciente y emblemático es desde luego el de Sudáfrica a principios de los años 90. Conviene recordarlo.