Jorge G. Castañeda
En días recientes ha surgido un minidebate en Monterrey y en The New York Times sobre el auge y la caída de Fuerza Civil, la policía estatal neoleonesa creada por el entonces gobernador Rodrigo Medina, en 2011. El actual gobernador, Jaime Rodríguez, ha respondido con estridencia y coraje a los reportajes del rotativo neoyorquino, y en particular a una persona allí ampliamente citada: Jorge Tello Peón. Algunos lectores recordarán que fue subsecretario de Gobernación encargado de seguridad nacional, bajo Ernesto Zedillo; posteriormente fue contratado por Cemex, donde ocupó una vicepresidencia durante varios años. Según el Times, de alguna manera condujo el proceso de creación y lanzamiento de Fuerza Civil, por cuenta del gobierno del estado y del empresariado regiomontano.
El Bronco trató a Tello de “empleado” de Medina y le reclamó sus afirmaciones. En una palabra, Tello responsabilizó al Bronco de haber destruido Fuerza Civil por desidia y motivos políticos, y concluyó que ya no quedaba nada de ese proyecto que había sido tan exitoso. Hasta allí la discusión: “Destruyeron todo”, dijo Tello.
Desde luego que Jorge Tello realizó una labor titánica en Nuevo León, que trajo resultados a un plazo relativamente corto. Y en efecto, poco permanece de ese esfuerzo, en el cual el papel de Lorenzo Zambrano fue decisivo. Muchos vieron a Fuerza Civil como un modelo para el resto del país; si su fracaso se debe exclusivamente a la llegada y el descuido o la ineptitud del Bronco, puede seguirlo siendo. Pero es posible que el problema encierre otras aristas.
Fuerza Civil se caracterizó, si recuerdo bien, por cuatro puntos en alguna medida inéditos para una policía estatal. En primer lugar, el número de sus efectivos: debía alcanzar, al terminar el periodo de Medina, casi 15 mil. Esta cifra, para una población estatal de aproximadamente 5 millones de habitantes, llevaría la proporción de policías estatales por habitante a una magnitud superior a la de cualquier entidad, con la excepción –a medias– de la CDMX. Si no me equivoco, al salir Medina del gobierno, el número logrado fue 4 mil 500 elementos, la tercera parte de lo programado.
En segundo lugar, había que pagarle bien a dichos efectivos. Se pensó en un sueldo base de 14 mil pesos al mes, que junto con un conjunto de prestaciones equivalía a casi 20 mil –nada mal, en comparación con otros estados. Se alcanzó esta meta, más o menos: para un número muy inferior de efectivos, por menos tiempo, y sin que se materializaran tan pronto muchas de las prestaciones. Sobre todo, resultó que la mayoría de los reclutas provenían de otros estados de la República. Ni siquiera con esos sueldos pudieron contratar a una cantidad suficiente de neoloneses.
En tercer lugar, la formación debía constituir un pilar del empeño: seis meses de academia de policía, complementados por el programa SINERGIA de formación continua o mantenimiento de los efectivos. De nuevo, una meta loable, pero al tratarse de reclutas de estados del sur del país, el nivel educativo y hasta físico de los cadetes no era comparable con el de los reclutas locales en potencia. No bastó el semestre de entrenamiento.
Por último, y esto es lo más grave, buena parte del gasto de lanzamiento y del primer año de sueldos, etc. (digamos 2012), fueron asumidos por la iniciativa privada de Monterrey a través de una especie de impuesto temporal y extraordinario, a la mexicana: informal, pero eficaz. Los impuestos especiales de guerra son comunes en muchos países, y el empresariado regio consideraba que su estado se encontraba en guerra. El problema surgió al concluir el periodo especial: ¿de dónde vendrían los recursos para seguir adelante?