Jorge G. Castañeda
La caravana de Javier Corral encierra muchos atractivos interesantes. Su lucha –por detener, juzgar y sentenciar a César Duarte, por recuperar los recursos que Hacienda le retiró arbitrariamente, y por evitar que sus enfrentamientos con el gobierno federal se traduzcan en un repunte de la violencia en el estado– reviste múltiples características seductoras. Por ello es tan peligrosa para el gobierno, pero también para el propio Corral.
El régimen no descifra qué hacer con Corral. Sabe que el enfrentamiento lo beneficia, e indirectamente al Frente y a Ricardo Anaya. Pero también intuye que ceder o conciliar le puede traer serias contrariedades con una parte del PRI (los demás exgobernadores no presos, los amigos de Alejandro Gutiérrez, el candidato) y sentar un precedente complicado. De allí sus palos de ciego: acusar a Corral de mandar torturar a Gutiérrez; aceptar en principio la petición de solicitar la extradición de Duarte, pero hacerlo a medias; buscar un diálogo con Corral a través del nuevo secretario de Gobernación; seguir reteniendo los fondos de diciembre (700 millones de pesos). No la tiene fácil, sobre todo si en las cajas de expedientes, notas y fichas de Duarte, recién descubiertas en una de sus propiedades, aparecen más pruebas de los desvíos ilegales de recursos.
Un peligro adicional para el gobierno consiste en la posibilidad de emulación: que uno de los otros gobernadores electos en 2016 se atreva a revelar mecanismos ilegales de financiamiento en sus estados, por parte de sus predecesores. Hasta ahora, ninguno ha osado hacerlo en relación a 2016, aunque Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín han participado en o dirigido el esfuerzo para encarcelar a Javier Duarte y Roberto Borge. Ni hablemos de si cundiera el ejemplo de Corral para los casos de 2010, 2011 y 2012: cuando Humberto Moreira primero canalizó recursos del Edomex (gobernador: Enrique Peña Nieto) a las campañas de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, y otros, después al Edomex (candidato: Eruviel Ávila) y luego del PRI y de varios estados a la campaña presidencial de 2012 (candidato: Enrique Peña Nieto; secretario de Hacienda: José Antonio Meade). El caso Corral es una bomba de tiempo en potencia para el PRI y el gobierno.
Por último, la aparente concesión del gobierno, a saber, de solicitar la extradición de Cesar Duarte, puede entrañar consecuencias delicadas. En principio, no se pide la extradición primero, sino la detención provisional para fines de extradición. Una vez detenida la persona en cuestión, comienza el juicio de extradición, donde el Estado solicitante presenta sus alegatos: los delitos perseguidos y la conformidad de la solicitud con el tratado de extradición pertinente. Mientras, el perseguido suele permanecer en prisión (como Javier Duarte, Tomás Yarrington y Roberto Borge). Ver a un nuevo exgobernador priista tras las rejas no le convendría demasiado al candidato del PRI.
Pero el propio Corral también corre peligro. Debe saber ganar, y no siempre es fácil en circunstancias como las actuales. Si el gobernador de Chihuahua, y la amplia coalición que lo rodea –en gran medida la misma que lo apoyó en la elección de 2016– logra la restitución de los recursos secuestrados por Hacienda y el fin de las prácticas discriminatorias contra Chihuahua, así como la detención de Duarte en Estados Unidos, debiera reflexionar sobre la mejor forma de seguir adelante con el juicio contra Alejandro Gutiérrez. ¿Sólo por la Procuraduría del estado o por la Fepade también? ¿Buscando extender la investigación a otros personajes, o limitándolo a Gutiérrez? ¿Con este último en la cárcel, o en libertad bajo fianza? ¿Con la mayor publicidad posible para favorecer al Frente, o con mayor discreción, “deselectoralizando” el asunto? Corral va ganando; no hay que convertir la victoria en derrota.