Jorge G. Castañeda
Es difícil saber si la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela surtirá algún efecto. Hasta ahora, no ha sido el caso. Se ha salido con las suyas, convocando a unas elecciones “a la mexicana” de antes, para el 22 de abril. Muchos partidos y candidatos de oposición no podrán participar, la autoridad electoral se encuentra por completo en manos del régimen, no habrá observadores internacionales, y los medios se verán completamente dominados por el oficialismo. Maduro ganará, la oposición aún no decide (ni es fácil decidir) si debe participar o no, y la injerencia de la comunidad internacional se reducirá a declaraciones más o menos severas.
No obstante, los pasos que han dado varios países del hemisferio, principalmente a través del llamado Grupo de Lima, revisten un gran significado. En su reunión de principios de esta semana, las catorce naciones que lo integran –incluyendo a México, Brasil, Argentina, Canadá y varios más– se pronunciaron rotundamente en contra de las elecciones de Maduro. Se negaron a reconocer sus resultados, exigieron su posposición hasta que se reúnan las condiciones necesarias para ser democráticas y resolvieron buscar los votos necesarios para una resolución en ese mismo sentido en la Organización de Estados Americanos (OEA). Conviene recordar que el tema de Venezuela fue desterrado de la OEA desde junio de 2017, cuando en la Asamblea anual, celebrada ese año en Cancún, faltaron tres votos para aprobar una resolución de censura a Venezuela.
Quizás la decisión más importante tomada estos días por el Grupo de Lima fue la de retirar la invitación a Maduro para participar en la VII Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima a mediados de abril. Los 14 países invocaron un párrafo adoptado en la III cumbre, en cuya redacción tuve el honor de participar activamente a nombre de México: “Cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en cualquier Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en la Cumbre de las Américas”.
Maduro ha anunciado que de cualquier manera él asistirá a la cumbre. Sus amigos de Bolivia, Nicaragua y Cuba probablemente boicotearán la reunión. La cumbre seguramente adoptará un lenguaje mucho más vigoroso en contra de las elecciones que se celebrarán apenas una semana después en Venezuela. ¿Y luego? Allí se complican las cosas.
Si se mantiene la idea de desinvitar a Maduro; si la OEA aprueba una resolución de condena de las elecciones venezolanas; si hubiera una mayoría suficiente en la OEA; entonces, se podría contemplar la posibilidad de invocar el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana. Al declararse una ruptura del orden constitucional en Venezuela, sería mucho más fácil para la Unión Europea, para América Latina y para Estados Unidos aplicar sanciones económicas, financieras y comerciales a ese país. ¿Y eso de qué serviría?
Mucho y poco. Hay dos instrumentos de esta naturaleza que podrían verdaderamente afectar al gobierno de Maduro. El primero sería que Venezuela incurriera en un default o no pago de su deuda, y en particular de la deuda de PDVSA, la empresa petrolera estatal. Esto implicaría un cese de transacciones financieras, el embargo de activos venezolanos en el mundo y en particular en Estados Unidos, y un ahorcamiento del régimen. Las sanciones políticas y económicas pueden contribuir a propiciar un default. El otro mecanismo consiste en un embargo petrolero de Estados Unidos a Venezuela, ya sea prohibiendo la compra de crudo venezolano, ya sea impidiendo la venta de gasolinas y crudo ligero norteamericano a Venezuela. En ambos casos, el golpe sería muy duro, si no es que mortal.
De acuerdo con varias encuestas, la sociedad venezolana desaprueba, de modo muy mayoritario, la aplicación de un embargo petrolero. Washington no ha dado muestras de querer ejercerlo. Y sin duda afectaría negativamente a amplios sectores del pueblo venezolano, empezando por los consumidores de gasolina gratuita. ¿Vale la pena ir tan lejos? Depende de la magnitud de la crisis humanitaria que azota ya a Venezuela, y que se ha extendido a Colombia y Brasil, entre otros países. El gran paso adelante reside, por ahora, en el gran número de países de la región que han hecho de la defensa colectiva de la democracia un imperativo de política exterior. Y que México en particular haya vuelto a ese camino, del cual nunca debió haberse apartado, como lo hizo durante el sexenio de Calderón y la primera mitad del de Peña Nieto.