Jorge G. Castañeda
Conforme se acerca la toma de posesión del nuevo gobierno, las definiciones y confusiones del equipo de transición van apareciendo con mayor nitidez. Hay temas cuya trascendencia y curva de aprendizaje son tan complejas y largas que uno esperaría mayor precisión a un mes y medio del cambio. El tema de seguridad es el más evidente.
No se necesita ser un experto en la materia para entender que la propuesta de AMLO de reclutar a 50 mil nuevos efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, es incompatible con la de Alfonso Durazo y de Carlos Urzúa, de mantener exactamente igual, o en términos reales, el presupuesto de seguridad del 2019. Es decir 0.9 del PIB, una cantidad irrisoria y mucho menor que la de varios países de América Latina. Se puede hacer lo uno o lo otro, pero es imposible hacer ambas cosas a la vez. Conviene entonces tratar de desenmarañar la contradicción.
Desde hace 15 años he sostenido que las policías municipales y estatales en México no tienen remedio, con muy contadas excepciones. Que si algún día el país quiere contar con una fuerza civil que pueda realmente brindarle a la sociedad la seguridad que demanda y que merece, sólo se puede hacer a través de una policía nacional única, con un código penal único, y borrando la diferencia entre delitos del fuero federal y del fuero común, y eliminando los contingentes por municipio y por estado. Han pasado 15 años y no ha habido absolutamente ninguna mejora en la competencia, probidad, formación o salarios de los policías municipales y estatales, Una policía nacional única cuesta más y debería tener, por lo menos, entre 300 y 350 mil efectivos.
A su manera lo entendieron Zedillo, Fox y Calderón, pero al segundo, el secretario de Hacienda le prohibió aumentar el número de integrantes de la entonces Policía Federal Preventiva, creada por Zedillo; y Calderón sí triplicó sus dimensiones, pero lo hizo dejándola en manos de un personaje no sólo siniestro sino corrupto e incompetente, de nombre Genaro García Luna. Peña Nieto le entrega a López Obrador una Policía Federal grosso modo del mismo tamaño que la recibió de Calderón. La famosa gendarmería, o la ampliación de la PF, nunca se dio más que en cantidades mínimas.
Cuando López Obrador propone “reclutar” (es el término que él usó) a 50 mil jóvenes para expandir las filas del Ejército, la Marina y la PF, tiene toda la razón. Pero tendría que presentarnos pronto respuestas a varias preguntas. En primer lugar, ¿cuánto tiempo va a durar la formación de dichos policías? ¿Los seis meses que, en teoría, recibieron los reclutas de Calderón? ¿Tres meses como sucede en muchas entidades federativas? ¿Un año que parece ser el mínimo razonable para realmente poder cerciorarse de que los nuevos efectivos son competentes, honestos y sobrevivientes?
En segundo lugar ¿Quién los va a formar? ¿El Ejército? ¿La Marina? (¿Quizás con mayor capacidad profesional que sus homólogos vestidos de verde?) ¿Algún gobierno extranjero que mande un número importante de instructores a México? ¿De qué países se trata?
En tercer lugar ¿Dónde los van a formar? ¿En la Academia de San Luis Potosí? ¿En otros países? ¿Todos de una vez? ¿Escalonados a lo largo de dos, tres o seis años?
No es posible adelantar en esta propuesta –insisto: sensata e inteligente– sin respuestas. Y desde luego falta la pregunta más importante y la madre de todas las respuestas: ¿De dónde va a venir el dinero? Si el presupuesto de seguridad va a permanecer igual; si no se proyecta duplicarlo o triplicarlo a lo largo del sexenio que ya empieza; si no se establece un impuesto especial –como se hizo en Colombia– para financiar un gasto de verdadera emergencia; si no se le habla con la verdad a la sociedad mexicana explicándole de qué se trata, es imposible el reclutamiento de esos 50 mil jóvenes. Porque además el costo, que algunos han estimado en hasta 25 mil millones de pesos, depende de lo que se les vaya a pagar. La experiencia de la fuerza civil en Nuevo León no es necesariamente alentadora, en cuanto a que el pago, que sí fue superior al anterior y al de otros estados, de todas maneras parece no haber sido suficiente ni para atraer a oriundos de ese estado a incorporarse a ese contingente, ni para permanecer en él. Y tampoco fue suficiente la contribución puntual y especial del gran empresariado regiomontano para seguir incrementando el número de efectivos de la fuerza civil. ¿25 mil millones? Tal vez, pero a condición de que sepamos cuáles son las respuestas a todas estas preguntas.