Jorge G. Castañeda
La discusión sobre si el entendimiento entre México y Estados Unidos de la repatriación forzada de centroamericanos constituye o no un acuerdo de facto de Tercer País Seguro, es a la vez útil y ociosa. Útil, porque el propio gobierno de López Obrador se vio obligado, en un retrato perfecto de la denegación freudiana, de afirmar que no lo es. Útil, porque el referente internacional así invocado permite comparar la situación de México y Estados Unidos con la de otros países. Útil, por último, porque se sabe que eso es lo que Estados Unidos buscaba, desde hace meses, y nos permite comparar lo que consiguió con lo que se proponía.
Pero es a la vez ociosa, porque no se trata de un debate semántico ni de derecho internacional, sino de hechos y consecuencias. Un acuerdo de tercer país seguro –que no es un tratado, ni siquiera en el caso del Reglamento de Dublín de la Unión Europea- consiste en algo relativamente sencillo. Varios países –Estados Unidos con Canadá, Alemania con Austria y otros– los poseen. Se refiere principalmente al hecho de que si un aspirante a asilo procedente de un país A se encuentra en un país B, pero desea solicitar asilo en un país C (por las razones que sean), si B y C son parte de un acuerdo de tercer país seguro, el solicitante deberá hacerlo para establecerse en el país B, no en el país C. El país B le otorgará el asilo o no, y, en caso negativo, será devuelto al país A. Pero no podrá seguir su camino hacia el país C.
La clave es que el país B sea tan seguro para el solicitante como el país C, y que se encuentre primero –esto es fundamental en Europa, por ejemplo– en el país B. Se confundió el secretario de Relaciones Exteriores cuando declaró el viernes que el proceso de interrogatorio, audiencia y otorgamiento del asilo en el país C se celebra en el B. No: se lleva a cabo en el B para otorgarse el asilo en el B. El asilado allí va a permanecer hasta que vuelva a su país de origen, el mes entrante, cinco años después, o nunca. Lo que desee el solicitante en este caso no importa. Ambos países –B y C– convinieron que los dos son igual de seguros, y que el trato que recibirá el asilado será el mismo. Los sirios permanecerán en Austria, no irán a Alemania, y, según los alemanes, Austria es tan seguro como Alemania para los sirios. Lo mismo con los submaghrebinos en Calais, que buscan ir a Dover.
En el caso de México y Estados Unidos, si bien no se formaliza este procedimiento, en los hechos es el que se seguirá de acuerdo con lo anunciado por ambos gobiernos. El hondureño en Tijuana podrá ingresar a Estados Unidos a pasar su primera entrevista –de temor “creíble”, no “fundado”. De aprobarla, recibirá un documento y la posible fecha de una segunda entrevista, donde deberá demostrar un temor “fundado” por su vida, por motivos políticos o de guerra. Mientras ocurra dicha entrevista, volverá a México, hará aquí lo que quiera, y algún día será llamado otra vez a EU. Si es rechazado en la primera entrevista, también será devuelto a México, y también podrá hacer lo que quiera. ¿Qué quiere hacer el hondureño en ambos casos? Ir a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer en México? ¿Esperar pacientemente que le den su cita en San Ysidro, o conseguir trabajo, o volver a Honduras? Ya nos informarán la SRE y el INM.
Lo esencial, sin embargo, es que el solicitante de asilo permanecerá indefinidamente en el país B (México), y no en el C, ya que este último, que de por sí niega la enorme mayoría de las solicitudes de asilo, ahora ni siquiera deberá de preocuparse de la saturación de los centros de detención. Estos ya se encuentran en México, y no son su asunto.
La gran pregunta ética, no diplomática, jurídica o semántica, es si México, y en particular la frontera norte, es, al igual que Austria, tan seguro para los solicitantes como Estados Unidos, al igual que Alemania. Las cifras del nuevo gobierno sobre la violencia en México, divulgadas el viernes, muestran que 2018 fue el año más violento de la historia reciente; el mes de noviembre, uno de los más violentos, y Baja California, el segundo estado más violento de la república. Sobre todo, López Obrador ha justificado la aberrante y militarista propuesta de la Guardia Nacional bajo mando militar, por la “emergencia” de inseguridad que le entregaron. Si es una “emergencia” para los mexicanos, ¿porque no lo sería para los hondureños?