Jorge G. Castañeda
En casi todas las experiencias de gobiernos de izquierda en América Latina, o en otras partes del mundo, figura una constante. Aunque lleguen al poder por la vía de un vasto movimiento popular, o simplemente como resultado de una elección, suele producirse después de su entronización un estallido de luchas sociales de todo tipo.
En Europa tendían a ser más bien de carácter obrero; en América Latina, obrero también, pero junto con estudiantes, campesinos, marginados de las ciudades, etc. Los movimientos pueden anteceder el ascenso al poder, o ser el resultado del mismo, pero casi siempre aparecen. Muy rápidamente se extienden las luchas por reivindicaciones seculares, en algunos casos, o más recientes, pero no por ello menos sentidas y atendibles, en otros. Son reivindicaciones a la vez sensatas y comprensibles, pero también radicales, en ocasiones revolucionarias. Aumentos de salarios, tomas de tierras o de fábricas, demandas estudiantiles gremiales o existenciales, minorías oprimidas exigiendo derechos: son el pan cotidiano de la gestión de cualquier gobierno de izquierda en cualquier país democrático del mundo.
A veces la coyuntura económica no se presta. Pero en otros casos, la percepción de la gente de que gracias a un nuevo gobierno vienen tiempos económicos mejores estimula a los movimientos sociales. Se cree que habrá mayor crecimiento, más empleo, mejores salarios y un gasto público superior. Razones de más para salir a la calle, o el equivalente.
El motivo de fondo de estos movimientos radica en una sensación de empoderamiento. Las “masas”, en la terminología marxista, sienten, con algo de razón, que por primera vez, el gobierno de turno está de su lado; es su gobierno. Votaron por él, o lo llevaron al poder por otras vías, justamente por eso: para que tomara su partido en sus luchas cotidianas y perennes. Cuentan con el apoyo de su gobierno, y en muchas ocasiones lo recibe. Hasta que deja de ser posible ese apoyo para ese gobierno.
En México algo por el estilo sucedió bajo el cardenismo, sobre todo entre 1936 y 1938. El régimen del General se colocó francamente del lado de los obreros y campesinos en sus luchas, y muchas fueron victoriosas gracias a ello. Hoy, algunos ven la coyuntura con ese mismo lente.
Sólo que, en México, nunca se puede descartar que cualquier movimiento social, además de responder a poderosas causas estructurales, también se deba a factores de otro tipo: provocaciones, manipulaciones, pugnas intestinas. A la larga, no importa. Cualquiera que sea el detonante del movimiento de los trabajadores de las maquiladoras en Matamoros, de la CNTE en Michoacán, del SITUAM en la Ciudad de México, una vez echado a andar, los orígenes se olvidan.
El hecho es que comenzamos, quizás antes de lo previsto, a atestiguar el inicio de una movilización popular bajo el régimen de Andrés Manuel López Obrador. No se trata del mismo fenómeno sobre el que hemos escrito en estas páginas: el síndrome del ala izquierda de un gobierno de izquierda. Esto es otra cosa. Más allá de la honestidad o del cinismo de ciertos grupos, la gente sí cree que este gobierno es suyo, que va a respaldarla en sus demandas, y que este es el momento de emprender luchas pospuestas o derrotadas desde tiempos inmemoriales.
El problema se plantea para el gobierno: Allende con los mineros del cobre y del carbón; Thorez, en Francia, con los obreros de la Renault, en 1946; Lula, con el Movimento dos Sem Terra, en Brasil. ¿Cómo apoyar a compañeros en luchas legítimas, con demandas válidas, que sin embargo pueden echar abajo los mejores planes económicos, espantar a inversionistas o crear escaseces peligrosas?
Nunca existen buenas respuestas. La represión es impensable; el apoyo cuesta caro; las alianzas que se consolidan de un lado se pierden del otro. Veremos en las próximas semanas hasta dónde se extiende el movimiento incipiente que ha surgido de manera fragmentada durante estos días, y cómo responde López Obrador. Puede volverse uno de sus principales retos.