La semana pasada, ante un silencio ensordecedor de los medios impresos, se publicó un fallo interesante del Tribunal Federal Electoral. Se trata de su decisión sobre una demanda interpuesta por Ricardo Anaya contra dos funcionarios de la entonces PGR por alterar la equidad de la contienda al divulgar el famoso video de su visita a las instalaciones de la dependencia. Exigía que fuera acusado formalmente por los falsos cargos que dos payasos, el gobierno, muchos medios y las campañas de los otros dos candidatos le habían formulado.
La Sala Superior del TEPJF resolvió por unanimidad sancionar a los funcionarios por haber afectado la equidad de la contienda electoral. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que “por ningún motivo se puede dejar impune el desvío del poder” y que “el Estado no puede acusar a las personas sin pruebas y por razones políticas”. Asimismo, señaló que la intervención de los funcionarios de la PGR “desbalanceó el proceso de formación de preferencias”.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora advirtió que “en este caso, funcionarios de la PGR dejaron de atender el principio de neutralidad para intervenir como actores en la comunicación política dentro de un proceso electoral. Y esta es justamente una conducta perniciosa que debe ser siempre advertida por la autoridad y sancionada para blindar a nuestra democracia de la influencia del poder público”.
De allí el fallo: “Se declara la existencia de la infracción consistente en el uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral, atribuida a Alonso Israel Lira Salas, en su calidad de subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y Rafael Lugo Sánchez, director general de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República”.
Esta decisión viene a sumarse a la exoneración de Anaya de todos los supuestos delitos de los que supuestamente fue acusado a finales de noviembre pasado. Como algunos recordarán, la PGR así lo determinó días antes de que Peña Nieto abandonara el poder. La exoneración, hasta donde entiendo, también benefició a Manuel Barreiro, supuestamente acusado también de mil y un delitos fabricados.
Por otra parte, Anaya ya había presentado una demanda contra el periódico El Universal por los ataques de los cuales fue objeto en el mismo caso, y otros más. Dicha demanda llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte en febrero, donde en principio se había fallado a favor de Anaya. Según entiendo, por presiones del gobierno de López Obrador, se subió el tema al pleno, y hasta ahora no hay decisión. Es probable que al final, gracias al paso del tiempo y que nadie se acuerde del tema, y que los otros medios impresos no hablen de él, la SCJN fallará a favor de Anaya.
A nadie le importa a estas alturas, pero empieza a haber cada vez más pruebas de dos verdades. En primer término, el gobierno de Peña utilizó todos los recursos del Estado para descarrilar la campaña de Anaya, y en parte lo logró. López Obrador ha mentido sistemáticamente cada vez que ha dicho que Peña no intervino en la elección. No lo hizo en contra de AMLO, sino a su favor, y en contra de Anaya. Otra cosa es determinar la magnitud de la afectación del resultado, a través de la afectación de la equidad. ¿Treinta puntos? ¿Veinte puntos? ¿Diez puntos? No lo sabremos nunca.
En segundo lugar, parece difícil negar ahora que estas decisiones fueron tomadas en Los Pinos y en la campaña del PRI, tal vez para ver si Meade crecía, o más bien para asegurar la derrota de Anaya y la victoria de López Obrador. En esta última hipótesis cabe el pacto de impunidad que algunos denunciamos desde la campaña. La denuncia fue descartada como una exageración evidente por mentes conspirativas.
Decían: ¿En verdad crees que AMLO va a perdonar a Peña? ¿En serio piensas que no va investigar a nadie? ¿Ni a Lozoya, ni a Ruiz Esparza, ni a Rosario Robles? ¿Que Odebrecht, la estafa maestra, el tren a Toluca y el NAIM quedarán impunes? ¡Qué ingenuo, y qué mente más tortuosamente conspirativa! ¡Ya verás! Estoy viendo.