Jorge G. Castañeda
El escándalo de la prolongación de mandato de la gubernatura de Baja California es enorme, incluso para los criterios de la 4T. Lo único que falta es que uno de estos días Morena decida, junto con los votos que pueda comprar, que su candidato finalmente no perdió alguna elección. Por una razón: después de efectuada, se modifican las reglas de la misma, de tal suerte que no baste haber ganado por un voto, sino que era necesario ganar por diez puntos porcentuales, por ejemplo, y como el adversario de Morena no venció por diez sino sólo por dos o tres, ganó Morena en automático. ¿Excesivo? No. Es lo que están haciendo en Baja California, obviamente con línea del Presidente de la República.
Pero como sigo comprobando que el tema migratorio escapa al interés de la mayoría de los colegas de la comentocracia, me siento obligado a volver sobre el punto. Según las autoridades norteamericanas, este domingo comenzará una serie de redadas en una decena de ciudades estadounidenses por parte de ICE y quizás algunas policías municipales o estatales, contra migrantes indocumentados.
No contra todos, desde luego. En este momento van a concentrar sus esfuerzos contra aquellos que ya tienen una orden definitiva de deportación, es decir, que ya hayan recorrido todo el proceso de audiencias, juicios, etc., y que en última instancia un juez de migración haya decidido no atender sus solicitudes de permanencia en Estados Unidos.
Los funcionarios de Homeland Security y de ICE han declarado en días recientes que el número total de indocumentados con este tipo de órdenes formales de rechazo a sus apelaciones supera el millón. Obviamente las redadas no van a deportar de la noche a la mañana a un millón de personas; The New York Times informó el jueves que este primer domingo “sólo” se verían afectadas unas dos mil familias. Pero ya no se trata de hondureños solicitantes de asilo en la frontera con México, ni de haitianos o cubanos, esta vez se tratará en su gran mayoría de mexicanos.
En efecto, la mitad de la población indocumentada en Estados Unidos es mexicana. Se nos olvida. Trátese de recién llegados, o de personas que llevan veinte años en el país; tengan antecedentes penales o no; hayan pasado por el proceso de audiencias, juicios y apelaciones o no; la mitad son mexicanos. Por lo tanto, la mitad de los deportados, sean dos mil, sean un millón, serán mexicanos.
El gobierno de López Obrador ha dicho que los consulados están preparados para defender a los mexicanos que pudieran ser deportados en estas redadas. Tal vez cuenten con los recursos, los abogados o funcionarios necesarios para ello; ojalá. Sin embargo, les falta algo muy importante: una narrativa, o si se prefiere, un discurso de defensa.
Después de las barbaridades cometidas por el gobierno de México contra los centroamericanos, el discurso tradicional de defensa de los mexicanos en Estados Unidos vale muy poco. Trump podrá decir con toda razón: “No se hagan tontos, ustedes y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo; a cada quien sus deportados”. México dice que sólo deporta a los centroamericanos que no tienen sus papeles en orden; eso dice Trump de los mexicanos. México dice que sólo deporta a los que pueden haber incurrido en trata de personas, narcotráfico u otros delitos; Trump dice lo mismo. México dice que no puede permitir el libre paso de centroamericanos hacia Estados Unidos que violan las leyes mexicanas; Trump dice lo mismo.
Que mejor ejemplo que el comunicado del cónsul de Guatemala en Comitán, retomado por el periódico Reforma, sobre el grupo de 87 guatemaltecos detenidos por la Policía Municipal, sin la presencia del INAMI: “Los municipales llevaron al grupo de migrantes hacia la estación de la policía municipal; incluidos mujeres, niños y adultos mayores, cabe mencionar que de acuerdo con sus relatos, este grupo sufrió alguna forma de trauma, derivado del anómalo procedimiento al momento que los capturan, donde según nos indican las autoridades portaban armas de fuego cuando los detuvieron, como si se tratase de delincuentes”.
Entre los enormes daños que el acuerdo infame de López Obrador con Trump en materia migratoria le ha traído a México es socavar, sino es que destruir, el discurso que durante muchos años tuvimos –no siempre de una gran eficacia, es preciso reconocerlo– frente a Estados Unidos. Siempre decíamos que no por haber entrado sin papeles a Estados Unidos eran delincuentes; que deberían respetarse sus derechos humanos; que era importante tomar en cuenta las particularidades de cada caso: ausencia de antecedentes penales, familia norteamericana, sobre todo hijos; pagar impuestos; tener un empleo estable. El maltrato a los indocumentados no se justificaba… por el mero hecho de serlo. Eran ante todo mexicanos, buscando oportunidades, huyendo de distintas circunstancias económicas, políticas y personales. Merecían, en todo caso, derecho de audiencia, debido proceso, y un trato respetuoso. Hoy todo eso se lo negamos a los centroamericanos. A ver con qué cara López Obrador, Ebrard y los cónsules se paran en Estados Unidos para denunciar las deportaciones inminentes.