En los próximos días y semanas tendremos la oportunidad de comprobar si las tesis que muchos hemos esgrimido a lo largo del ultimo par de años sobre un pacto entre Enrique Peña Nieto y Manuel Andrés López Obrador en torno a la elección del 2018 y la expresidencia del priista se confirman o no. Hemos comentado en estos días que la guerra de los videos parece ser un intercambio de mensajes entre el presidente actual y su predecesor, con sus colaboradores, sobre la vigencia o ruptura del pacto de impunidad del 2018. Como toda hipótesis, el tiempo y los hechos pueden comprobarla o desmentirla. Tal vez en estos días o semanas sucederá lo uno o lo otro.
Ilustración: Estelí Meza
En realidad, conforme nos acercamos al desenlace de una evolución de un proceso inevitablemente binario, podremos comprobar la verdad o la ilusión de ese pacto y de los compromisos que implicó. Después del video sobre el hermano de López Obrador se abren dos posibilidades. La primera es que la embestida detonada por Emilio Lozoya contra Peña Nieto, Luis Videgaray, y varios otros funcionarios del gobierno de Peña sigue adelante o se pasma. Si sigue adelante, y se intensifica, puede suceder una de dos cosas. O bien se produce una nueva réplica de Peña Nieto y compañía, o bien ya no sucede nada, porque no había nada que sucediera: no había pacto, no hubo violación del pacto y no hubo quien quisiera sacar nuevos videos contra López Obrador. O bien, al contrario, ante la intensificación de la ofensiva contra Peña Nieto, aparece un nuevo video o un testimonio o un testigo o un documento que vuelve a comprometer seriamente a López Obrador en lo que más le duele: ser igual de corrupto que sus predecesores.
A la inversa, si se suspende la embestida echada a andar por Lozoya y todo empieza a estancarse en el pantano de la indefinición, de los eufemismos y de la lentitud intolerable de la justicia mexicana, podremos suponer que el primer salvo de Peña contra López Obrador fue suficiente para calmar los ánimos. Si ya no hay más videos filtrados por Lozoya o la Fiscalía o alguien más; si las pruebas que presenta Lozoya se ceban; si los testigos que prometió Lozoya, no aparecen; si no llaman a declarar o se emiten órdenes de aprensión contra Peña Nieto o Videgaray; si todo esto es así, será altamente probable que López Obrador decidió por angas o por mangas, ponerle un alto a su ofensiva.
Desde luego que ese alto podría haber sido provocado por las respuestas de Peña Nieto, o porque López Obrador logró su propósito: el estigma o el escarnio social generalizado contra la corrupción de los regímenes pasados y los réditos electorales que eso puede traer. Pero también puede ser producto de la decisión de abstenerse, de replegarse ante un pleito que era de alguna manera inevitable. Si hubo pacto, y si hubo percepción de la ruptura del mismo por uno de los pactantes, y si ese pactante poseía el parque suficiente para defenderse, entonces ahí ya será la explicación.
Estas semanas serán decisivas para entender si hubo o no, en la elección del 2018, un fraude desde el punto de vista de la injerencia del Estado, tan grande como el de 1988, o como el del 2006, según López Obrador.