En días recientes, la larga inmovilidad del statu quo en Venezuela parece haberse alterado. Acuerdos entre la dictadura de Maduro y gran parte de la oposición, entre la primera y Estados Unidos, y la celebración de primarias que derivaron en la selección de una candidata presidencial constituyen acontecimientos que podrían modificar el panorama en ese desdichado país. Se vislumbraría una salida a la pavorosa crisis humanitaria de una sociedad de la cual han huido casi el 25% de sus integrantes (aunque el Gobierno de Maduro solo reconoce que desde 2015 se han ido de Venezuela 2.350.000 personas), como si 85 millones de estadounidenses hubieran abandonado su país a lo largo de apenas 15 años. Pero cualquier celebración puede resultar prematura: las decepciones y los engaños de los últimos años obligan al escepticismo.
Hasta donde se puede deducir de las declaraciones públicas y las versiones de prensa, la delegación opositora y Maduro pactaron en Barbados una serie de condiciones para celebrar elecciones presidenciales en 2024. Dichas condiciones incluyen un calendario, acceso a medios, observación internacional, transparencia del Consejo Nacional Electoral y participación de todos los candidatos que quieran.
Después del pacto parcial de Barbados, Maduro liberó a cinco presos políticos. En paralelo, Washington comenzó a enviar vuelos con deportados venezolanos. A cambio, el gobierno del presidente Joe Biden suspendió durante seis meses las sanciones contra PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, y contra las mineras de oro. Estas concesiones estadounidenses permitirán a Caracas vender crudo en Estados Unidos, sin los grandes descuentos que se han visto obligadas a entregar a compradores lejanos dispuestos a inconformar a Washington.
Todo el mundo logra algo importante, y todos ceden en algún punto también significativo. Para Estados Unidos, la apuesta es que la reactivación de la economía venezolana, gracias al levantamiento de las sanciones, reduzca la incontenible migración de Venezuela vía Centroamérica y México: más de 50.000 detenciones en la frontera sur estadounidense durante el mes de septiembre. Además, una mayor producción de crudo venezolano a mediano plazo puede contribuir a la estabilización del precio internacional del petróleo. Para la oposición, lograr que por fin Maduro acepte programar la elección presidencial para el segundo semestre de 2024, algo ya previsto en la Constitución venezolana, bajo observación internacional y en condiciones teóricamente equitativas abre la posibilidad de salir del atolladero en el que se encuentra desde hace años: participar en elecciones injustas y validarlas, o abstenerse y dejar el espacio vacío. Maduro, por su parte, obtiene recursos adicionales para remediar breve y mínimamente la terrible situación económica que preside, con la esperanza de ganar en los comicios del año próximo.
El reto para todos, pero principalmente para EE.UU. y la oposición, consiste en asegurar el cumplimiento de los compromisos de Maduro, sobre todo en la letra pequeña. El mejor ejemplo radica en el caso de la candidata opositora que resultó ampliamente victoriosa en las primarias del 22 de octubre. María Corina Machado obtuvo el 92,35% del voto, pero, ante todo, la participación parece haber alcanzado niveles sorprendentes. La oposición y los medios ofrecen la cifra de 2,3 millones de votantes, más de lo que se esperaba.
Aunque el Gobierno de Maduro rechaza estos números, se dificulta así la inhabilitación de Machado para inscribirse para la elección presidencial del 2024, como es el caso ahora. Algunos voceros de Maduro han dicho en público que no levantarán dicha inhabilitación, y en privado afirman que Machado no va a poder competir.
Si ese es el caso, ¿cómo van a responder Washington y la oposición? Los acuerdos o anuncios de cada una de las partes estipulan que las sanciones serían reimpuestas a Venezuela si en seis meses se comprobara que Maduro no ha cumplido sus promesas. Pero parece improbable que eso suceda: Biden, en plena campaña para su reelección y con Washington inmerso en las crisis de Ucrania y Medio Oriente, difícilmente va a adoptar medidas controvertidas. En segundo lugar, Machado no cuenta con el respaldo o la simpatía de muchos de sus colegas en la oposición. Los ha criticado con estridencia durante años, y difícilmente —de nuevo— el resto de los opositores que no participaron en la primaria resistirán la tentación de presentar una candidatura alternativa, en lugar de María Corina. En tercer lugar, si Biden y la oposición cancelaran sus compromisos por el incumplimiento de Maduro, este podría sencillamente anular los vuelos de deportación desde Estados Unidos, alentando de esa manera a más venezolanos deseosos de partir hacia el norte. Por último, aunque inhabilitar a un candidato en una elección constituye, en efecto, un factor perturbador de la equidad en una contienda, la clasificación contundente de cualquier elección como injusta o libre resulta casi siempre subjetiva. Para unos lo es; para otros, no.
Es probable entonces que los acuerdos tengan un desenlace favorable para Maduro y para Estados Unidos, pero no tanto para la oposición venezolana. Sin Machado en la disputa de 2024, o en plena división, se antoja muy reducida la probabilidad de un triunfo opositor. Una vez levantadas las sanciones, se antoja muy reducida la probabilidad de que Biden las renueve. Y sin sanciones y sin Machado, se antoja alta la probabilidad de la permanencia de Maduro en el poder. Todo esto, evidentemente, le conviene a Maduro y le puede convenir incluso a Biden, si se estabiliza la economía venezolana y por consiguiente se comienza a reducir la emigración. Los habitantes de Venezuela saldrían perdiendo, ciertamente. Pero al cumplirse en febrero de 2024 un cuarto de siglo del chavismo en el poder, tal vez se hayan acostumbrado a vivir en las tinieblas, literales y figuradas.