Es evidente que las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump en los primeros días de su gobierno van a afectar a muchos países. Es el caso, desde luego, de América Latina, ya que muchas de las decisiones echadas a andar afectan directamente a varias naciones de la región, en particular a aquellas vinculadas con Estados Unidos a través de la cuestión migratoria, del crimen organizado, de los acuerdos de libre comercio o de otros factores.
La atención en estos primeros días se ha centrado lógicamente en México, el país fronterizo del que más suele hablar Trump, y también en el que se concentran muchos de los temas que el presidente mencionó primordialmente en su campaña electoral: migración, crimen organizado, comercio, China, y algunos temas adicionales como la situación en Cuba o en Venezuela. Pero eso no significa que el resto de América Latina no se vea también seriamente afectada por mucho de lo que ha dicho y hecho Trump durante su primera semana de gobierno.
Un caso digno de señalarse desde luego es el de Panamá. En su discurso de toma de posesión, Trump se refirió directa, explícita y extensamente al canal. Afirmó que lo construyó Estados Unidos, que murieron 38.000 estadounidenses en su construcción, que el canal nunca debió haber sido devuelto a la República de Panamá y que lo va a recuperar.
Parte de lo que dijo es falso. No murieron tantos estadounidenses ni de cerca; los tratados Torrijos-Carter no fueron un capricho del recién fallecido expresidente, sino más bien el resultado de años de lucha y protesta, no solo del pueblo panameño, sino de prácticamente todos los países de América Latina. Al contrario, Carter, en el fondo, tuvo la sensibilidad y habilidad para buscar una solución a un problema que, en efecto, era sumamente delicado en Estados Unidos -ya desde entonces el candidato Ronald Reagan insistía en que no devolvería nunca el canal- y logró, sobre todo a través del trabajo de su colaborador Robert Pastor, un acuerdo que dejó satisfecho no solo a Estados Unidos y a su Congreso, al Gobierno de Panamá y a la sociedad panameña, sino también a prácticamente todos los países de América Latina.
Es especialmente preocupante que ahora Trump diga que desea recuperar el canal, algo de lo cual va a ser difícil retractarse más adelante. Al mismo tiempo, no parece existir alguna solución intermedia: o el canal es de Panamá, como lo ha dicho el presidente José Raúl Mulino, o Estados Unidos lo recupera, como lo ha dicho el presidente Trump. Para América Latina en su conjunto, este quizás sea el tema más preocupante.
Son varias las naciones de América Latina de donde han salido, a lo largo de los últimos diez o quince años, caudalosos flujos de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, y víctimas del cambio climático y de la violencia. Una parte ha ingresado a México y de allí han intentado cruzar a Estados Unidos. El hecho de que Trump busque en primer lugar cerrar la frontera, en segundo lugar, deportar a los que se encuentran en Estados Unidos sin papeles, y, en tercer lugar, eliminar buena parte de las figuras jurídicas que permitían una situación intermedia entre la legalidad y la ilegalidad -el Temporary Protection Status (TPS), el parole humanitario o el indulto humanitario, por ejemplo- representa un reto notable para los países emisores, que podrían verse obligados a recibir a grandes cantidades de sus nacionales de vuelta en sus capitales y regiones; verse afectados por una merma en el monto de las remesas enviadas a la sociedad en cuestión, o también podrían ser objeto de presiones de Washington para aceptar figuras jurídicas reprobables como la de “tercer país seguro”. Nada de esto va a ser fácil, y aunque México -insisto- sea el país más afectado, eso no significa que los demás no lo sean.
En particular conviene destacar la situación excepcional de Venezuela, de donde han salido ya casi ocho millones de personas a lo largo de los últimos diez o quince años, algunos de los cuales -entre 500.000 y 750.000- se encuentran en Estados Unidos y que no serán fácilmente aceptados de nuevo por Nicolás Maduro. Aunque, al mismo tiempo, si Estados Unidos insiste en enviarlos a su país de origen, Maduro tendría la oportunidad de negociar un acuerdo con Trump al respecto. Como se vio con la minicrisis entre Colombia y EE.UU., no se trata de una negociación sencilla. El presidente Petro se atrevió a negar permiso de aterrizaje de aeronaves estadounidenses con deportados durante algunas horas, pero no resistió mucho tiempo antes de ceder por completo a las exigencias de Trump.
El tema del crimen organizado es importante también ya que los envíos de cocaína, heroína y de otras sustancias ilícitas desde América Latina a Estados Unidos han disminuido en años recientes. Sin embargo, el propio Trump ha mencionado explícitamente el caso del Tren de Aragua como una organización terrorista internacional a la que quiere expulsar de Estados Unidos, y por lo tanto tampoco es algo que sea privativo de México.
Los retos comerciales también pueden incidir seriamente en el bienestar de los países de América Latina que han firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Estos son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana (Cafta-DR), Panamá, Perú, Colombia y Chile. Algunos de estas economías, dependiendo del año, arrojan superávits comerciales con Washington, es decir un déficit estadounidense, lo cual Trump podría ver con con muy malos ojos.
El presidente ha anunciado que pedirá al representante especial de comercio y al secretario de Comercio que revisen el cumplimiento por parte de estos países de las disposiciones de los tratados ya celebrados, e incluso ha puesto en tela de juicio la permanencia de Estados Unidos en ellos. O quizás Trump exija tal cantidad de cambios en los documentos que se torne necesario volver a obtener la aprobación del Congreso de EE.UU.
Es poco probable que se deroguen los tratados ya mencionados, salvo quizás en el caso de México, pero no es imposible que la política de aranceles que ha anunciado Trump en estos días se aplique a varios países latinoamericanos, incluso aquellos con los que no hay tratados, como Brasil y Argentina, pero que son grandes exportadores de productos agrícolas a Estados Unidos. Con Argentina, el asunto es más bien de otra índole. El presidente Javier Milei ha dicho que le gustaría negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Tal vez lo logre. A la inversa, Brasil no solo no lo desea sino que prefiere concentrar sus esfuerzos en culminar el proceso de negociación y ratificación del acuerdo de cooperación económica con la Unión Europea.
Por último, sobresalen los casos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por un lado, es bien sabido que para el presidente Trump la vigencia o no de la democracia representativa en un país u otro, o el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, no le preocupa mayormente. Con su enfoque transaccional, lo que le suele importar es la calidad de las relaciones con Estados Unidos en materia de comercio, migratoria, de lucha contra el crimen organizado, pero no el régimen político vigente, a menos que esto incida en la ubicación geopolítica de determinado gobierno. Pero al mismo tiempo, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado permite vaticinar un endurecimiento de las posturas de EE.UU. con Cuba y con Nicaragua, y posiblemente con Venezuela. Este último caso puede ser diferente por la razón migratoria ya mencionada, pero también por el hipotético interés de Trump en que las empresas de su país, en particular Chevron, que ya extraen petróleo en Venezuela, puedan seguirlo haciendo para evitar cualquier escalada de los precios internacionales del crudo. O, a la inversa, tal vez Trump decida endurecer la postura de Estados Unidos frente a Caracas e incluso recurrir a medidas o sanciones mucho más radicales que en el pasado.
Como se ve, las decisiones y medidas divulgadas por Washington en estos primeros días de gobierno surten un efecto importante en América Latina. Es lógico: se trata de una región muy cercana a Estados Unidos y al mismo tiempo en busca de una nueva ubicación geopolítica. Si la rivalidad entre Estados Unidos y China se intensifica, podremos atestiguar el surgimiento de una situación difícil para varios países que han buscado o buscarán mantener una postura equidistante entre las dos superpotencias. No necesariamente podrán hacerlo en vista de la intransigencia de ambas. En fin, tiempos interesantes en América Latina con la llegada de Trump a la Casa Blanca.