El informe del Comité de Expertos de la ONU sobre Desapariciones Forzadas ha suscitado un enérgico rechazo del gobierno de Claudia Sheinbaum, así como innumerables comentarios críticos en torno a dicho rechazo. No pretendo agregar nada nuevo a las críticas ya formuladas, salvo algunas reflexiones personales producto de dos experiencias: mi tiempo como titular de la Cancillería mexicana y mis años como miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch. Agregaré un consejo no solicitado, y seguramente no atendido, dirigido al nuevo secretario.
Parto de que la situación de desaparecidos en el país es catastrófica. Puede uno atribuir las cifras escalofriantes al narco o al Estado, a cualquiera de los sexenios de Calderón, Peña Nieto, López Obrador o Sheinbaum, a las autoridades municipales, estatales o federales. El saldo es aterrador. El gobierno no tiene dónde pararse al negar las conclusiones de un panel como el del CED.
La reacción de la SRE me recuerda una confidencia que me hizo hace algunos años Pedro Aspe, de cuando ocupó la Secretaría de Hacienda. Aunque sostuvo excelentes relaciones con Nicholas Brady —su homólogo norteamericano bajo Bush (41)— construyó una mayor amistad con Lloyd Bentsen, el secretario del Tesoro de Clinton. En alguna ocasión Aspe le preguntó a su colega cómo debía reaccionar ante una inminente decisión del banco central de Estados Unidos. Bentsen le respondió con una expresión clásica de la jerga financiera local: “Don’t fight the Fed” (No te pelees con la Reserva Federal).
Se podría decir lo mismo con el “establishment” mundial de los derechos humanos. Los regímenes autoritarios o en vías de serlo (como el nuestro), se pelean por principio con los organismos intergubernamentales —Consejo de Derechos Humanos, relatorías y comités de la ONU, CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos— y los no-gubernamentales —Amnesty International, Human Rights Watch, etc. Es lógico y normal. En cambio, los gobiernos democráticos —el nuestro lo sigue siendo, pero de panzazo— enfrentan siempre una situación contradictoria.
Por un lado, a ningún gobierno le gusta que lo critiquen. Siempre se considera que los reclamos son injustos, o mal fundamentados, o anacrónicos, o basados en información proporcionada por adversarios. Por el otro, prefiere mantener su buena imagen y relación con ese “establishment”, ya sea porque cree firmemente en los derechos humanos —no es el caso de Sheinbaum— ya sea porque sabe que le conviene por otros motivos —comercio, inversiones, turismo, migración.
La cuadratura del círculo quizá consiste en el ancla de Felipe González. El expresidente de Gobierno español siempre pensó que la mirada e incluso la camisa de fuerza externas contribuían enormemente a la defensa interna de los derechos humanos y de la democracia, en lugar de representar un dolor de cabeza (cosa que algunos activistas distinguidos suelen ser, como mis queridos amigos Ken Roth y José Miguel Vivanco en Estados Unidos, o Santiago Corcuera en México), constituyen auténticos blindajes contra las tentaciones autoritarias. González actuó en consecuencia, al promover el ingreso de España a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea, y su país, a pesar de sus “demonios”, como decía él, se ha consolidado con el paso del tiempo como una democracia próspera y ejemplar. Este fue el camino que seguimos con Fox, creando la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México (que ni Calderón o el Peje se atrevieron a cerrar), ratificando más de una docena de instrumentos internacionales (firmados originalmente por mi padre) e invitando a todas las ONG a visitarnos y aceptando sus conclusiones, críticas o no.
Sheinbaum ni entiende esto, ni lo aceptaría si lo comprendiera. Pero no deja de ser la solución a la contradicción ya expuesta. Con su rechazo estridente no sólo queda mal con todo el andamiaje de derechos humanos en el mundo, sino que muestra su rostro autoritario ante sectores en Estados Unidos y en Europa para quienes las desapariciones forzadas sí son un problema.
Entiendo que la decisión sobre el informe del CED provino del ejército y de los sectores de seguridad del gobierno. El nuevo canciller se amaneció con el nombramiento —aunque lo sabía desde hace varios días, sino semanas— y con el comunicado de la SRE y de SEGOB, y no pude meter ni las manos. No fue en su año, pero sí fue en su daño. Quien deberá dar la cara en todo esto es él, ya que la titular de Gobernación no puede, sin hablar de la comisionada nacional de derechos humanos. Le conviene contar con elementos para convencer a su jefa que el camino del pleito es el peor en materia de derechos humanos.
Y aquí el consejo. Su predecesor viajó poco, por razones que sólo él conoce. Sobre todo, llevó a cabo pocas visitas bilaterales. Acudió a varias cumbres, en representación de su jefa, que al igual que López Obrador, se resiste a salir del país. Así, prescindió de uno de los lujos de ese cargo: conversar informalmente, en privado, de manera recurrente, con los pares, para compartir impresiones y opiniones sobre el estado del mundo. Nadie como los ministros de relaciones para entender lo que sucede en el globo. Tuve la suerte de coincidir con personajes de la talla de Hubert Vedrine y Dominique de Villepin, de Celso Lafer y Soledad Alvear, de Colin Powell y Ana Palacio, de John Manley y hasta Felipe Pérez Roque. Con todos sostuve intercambios de amigos, de los cuales me beneficié enormemente. Ojalá el nuevo titular de la SRE aproveche el puesto para aprender, como la mayoría que hemos ocupado ese puesto. En cuanto a quien le precedió, sólo una pregunta: ¿Qué necesidad?