Un absurdo quid pro quo

El lapidario informe preliminar de la CIDH al término de su visita de una semana a México irritó sobremanera al gobierno. Con razón: reiteró lo que muchos ya han dicho —grave crisis de derechos humanos, grave presencia de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, todo ello producto de la impunidad—, pero con la autoridad de un organismo intergubernamental, perteneciente a la OEA, que vive de las cuotas de sus estados miembros, entre ellos México, y que visitó nuestro país a raíz de una invitación del gobierno. Este último, sin embargo, quizás debiera molestarse más con los responsables del oso, y no tanto con los comisionados, que solo hicieron —ellos sí— su trabajo.
Las versiones que circulan sobre el origen de la visita y el quid pro quo que la antecedió me fueron confirmadas por fuentes incuestionables del ámbito de los derechos humanos en Washington, sede de la CIDH. Desde finales de 2014, la comisión tuvo la intención de colocar a México en la lista de lo que se llama el capítulo 4, junto con Cuba, Venezuela y Honduras. México enloqueció y montó un cabildeo feroz para evitarlo. Viajaron delegaciones a Washington, amenazaron con suspender cuotas, ofrecieron aumentarlas, y finalmente lograron, a principios de año, un acuerdo que parecía favorable.
A algún genio en Gobernación o en Relaciones se le ocurrió pensar que si la CIDH se desistía de incluir a México en la lista negra, a cambio se le podría invitar —a todos sus miembros— a lo que se llama una visita in loco o in situ para que hablara con víctimas, con funcionarios, activistas y otros mexicanos interesados en los temas de derechos humanos. Ya se vería como controlar a sus integrantes una vez que se produjera la visita. Y en todo caso, se pensaba, los peores abusos ocurrieron durante la guerra de Calderón, y esa ya pertenecía al pasado. Se evitaba lo peor: el capítulo 4.
Lo peor para los funcionarios de entonces (ninguno sigue en su cargo), pero no para el gobierno ahora. Salió más caro el caldo que las albóndigas, en la medida en que el informe preliminar —el que más impacto tiene, por su inmediatez— contiene apreciaciones inéditas desde los años 90, corrobora informes anteriores de otros, y crea otra crisis para el gobierno.
Los negociadores del acuerdo se encuentran lejos, muy lejos, del escándalo. Y el gobierno, de nuevo vapuleado por su vicio de origen: descuidar los derechos humanos por cuidar a Calderón en lo interno, y a Castro y Chávez, en lo externo.