Jorge Castañeda
La segunda reflexión tiene que ver con lo que sugerí en el pequeño libro Sólo así, que publiqué a principios de febrero de este año. Ahí mencionaba “otro pacto”, es decir, el de la omertá o silencio entre los gobiernos y los equipos de Calderón y Peña Nieto en 2012. Apuntaba, como muchos otros antes y después, que evidentemente Calderón había sacrificado a JVM como candidata a la Presidencia para garantizar el triunfo de EPN y la derrota de AMLO. A cambio, el nuevo Presidente priista “indultaría” a los Calderón y a su equipo, desechando de antemano cualquier investigación de violaciones a los derechos humanos o corrupción durante ese sexenio.
Faltaba el detalle de la compensación a JVM, no tanto para premiarla, sino más bien para mantenerla en silencio. O en todo caso para lograr su aceptación tácita de lo que había sucedido. Para eso sirvieron los enormes recursos que, según algunos cálculos, sumaron más de 80 mdd que ella ha recibido, de alguna manera o de otra, de instituciones vinculadas al gobierno de México desde 2012. Canalizados a sus libros, sus oficinas, o proyectos de migrantes, empezaron a fluir incluso antes de las elecciones de 2012 y antes de la toma de posesión de EPN, aquel 1 de diciembre.
La discusión por el momento no estriba en la legalidad de la entrega de esos cuantiosos recursos a la organización de JVM. Radica en dos temas. El primero, involucra la legitimidad de JVM para constituirse en la intermediaria —en el mejor de los casos sin “moche”— entre el Estado mexicano y los migrantes mexicanos. ¿Por qué ella? ¿Hubo licitación? ¿Se exploraron otras opciones? ¿Por qué no el IME? Y, en segundo lugar, si la mejor manera de transferir esos recursos era a través de un aparato montado por alguien que acababa de perder la elección de 2012 ante Peña Nieto, y que presentaba un claro conflicto de interés. Si no es que parte de un acuerdo global que incluía la amnistía completa a un sexenio que provocó lo que junto con otros llamé “las decenas de miles de muertos y desaparecidos de Calderón”.
No tengo cómo saber si el pacto de silencio o de omertá incluyó el acuerdo señalado por Álvaro Delgado en su libro sobre la segunda candidatura presidencial de los Calderón para 2018. Me extrañaría, pero de ninguna manera se puede descartar. Lo que sí me parece evidente es que no va a ser fácil repetirle tres veces la misma jugada a AMLO: sacrificar a un aspirante del PRI o del PAN para que gane el otro. Menos aún si se divulga todo esto ahora por razones tácticas propias del Edomex y se echa a perder la única estrategia aparente de EPN y el PRI para cerrarle el camino a López Obrador. Se trataría de volver al esquema de 2006, es decir, al sacrificio del candidato del PRI en beneficio de la candidata de los Calderón.
Un último comentario: aunque la SRE nunca ha sido una isla químicamente pura, exenta de corrupción, como muchos lo piensan, había permanecido al margen de las maniobras más reprobables de los sucesivos gobiernos del PRI y del PAN. Parece que ya no. Ya nada queda al margen de la corrupción. Usar a la cancillería para lavar dinero y encaminarlo a fines políticos puros es una mala idea. Sobre todo, cuando todo se acaba por saber.