Jorge Castañeda
A finales de diciembre, en plena época navideña cuando nadie se fija mucho en nada, se hizo pública la “confesión” o acuerdo de la constructora brasileña Odebrecht con los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, a partir de un juicio en un tribunal federal en Nueva York. Según los documentos oficiales divulgados por los tres gobiernos y el tribunal, la firma pagó entre 2.6 y 4.5 mil millones de dólares en multas por haber sobornado a distintas personas en 12 países, por un total de 788 millones de dólares.
En el caso de México, los documentos divulgados por la Corte norteamericana mencionaban que entre 2010 y 2014 Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa paraestatal mexicana” y obtuvo a cambio beneficios por 39 millones de dólares. No se mencionaron los nombres de los funcionarios ni la paraestatal, pero se supuso en los medios especializados que se trata de Pemex, que 6.5 millones del total fueron entregados entre finales de 2013 y mediados de 2014, para asegurar, se especulaba, contratos de construcción del complejo Etileno XXI, en el sureste, y de la construcción de la segunda fase de Los Ramones, en el norte. Animal Político reveló que en octubre de 2013, semanas antes del primer pago de esa etapa, el presidente de la constructora, Marcel Odebrecht, hoy en la cárcel en Brasil, se reunió con Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Función Pública y el SAT de inmediato anuncia-ron que investigarían todo.
Anteayer, El País informó que La Nación en Argentina había descubierto que uno de los funcionarios sobornados en ese país dentro del mismo escándalo era Gustavo Arribas, magnate futbolero argentino, amigo personal del presidente Mauricio Macri, y actualmente jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.
Varios políticos y comentaristas han pedido la renuncia de Arribas.
En Colombia, el jueves pasado fue detenido el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, que ocupó el cargo entre 2009 y 2010, bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Él habría recibido 6.5 millones de dólares de Odebrecht para otorgarle a la empresa brasileña el contrato para construir la carretera denominada Ruta del Sol, entre el centro de Colombia y el Caribe. En Perú, si bien sólo ha sido mencionado el nombre de Genaro Matute, contralor del gobierno de Alejandro Toledo, en 2006, el contralor actual, Eduardo Alarcón, ha descrito en conferencias de prensa de principios de enero los contratos asignados, las irregularidades ya detectadas y el monto provisional de perjuicios al país: 283 millones de dólares. Se esperan aprehensiones en los próximos días.
En México, sólo sabemos que Emilio Lozoya, el anterior director de Pemex, envió una carta al periódico Reforma negando haber recibido cualquier soborno de ese tipo –no hay porque descreer su dicho–, pero tampoco aclaró quién sí, en su opinión, ni tampoco si algo por el estilo hubiera podido suceder. Si se le pagó esa suma a un funcionario de segundo nivel, ¿cómo se decidían las cosas en Pemex en esa época? Reforma también reveló la intención de Pemex de vender los dos conjuntos de fertilizantes en el sureste, que la paraestatal compró a precios que parecían inflados en 2013 y 2014. Al saberse en cuánto Pemex puede liquidar dichos activos, sabremos si el precio de compra fue excesivo.
La pregunta es obvia: ¿en vista de todo esto, se puede “vender” el gasolinazo a una sociedad de por si escéptica?