Jorge Castañeda y Eunice Rendón
NEXOS
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca uno de los temas que más temor ha generado entre la comunidad mexicana en Estados Unidos y en nuestro país es el de las deportaciones masivas. Abundan las versiones sobre el número real de deportaciones en los próximos meses, sobre el aumento del fenómeno durante la administración de Obama, sobre la supuesta disminución de la migración mexicana hacia el norte, y sobre la llamada balanza cero. Entender el ABC de las deportaciones, sus mitos y realidades, la fenomenología y complejidad que las caracterizan, es indispensable para diseñar las acciones que México pueda emprender al respecto, sobre todo ante la amenaza de Trump de deportar a casi tres millones de mexicanos.
Para construir una estrategia a favor de nuestros connacionales en Estados Unidos, y frente a su hipotético retorno —voluntario u obligatorio—, es fundamental entender las implicaciones de los flujos migratorios en la integración y empoderamiento de los migrantes en Estados Unidos. Debemos comprender el papel del gobierno, de la sociedad mexicana y del sector privado en la defensa y reinserción de los migrantes. Habrá que revisar cómo transitar hacia esquemas de retorno que permitan medir y construir perfiles de habilidades y aptitudes de los deportados, y hacia mecanismos para conectarlos con la demanda laboral, académica o social en México, al tiempo de aprovechar el capital humano y experiencia adquirida durante su estancia en Estados Unidos.
Ilustraciones: Víctor Solís
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. La frontera entre Estados Unidos y México, de 58 cruces fronterizos a lo largo de más de tres mil kilómetros, es la más transitada del mundo. Diariamente cruzan más de un millón de personas y más de 437 mil vehículos. En la zona fronteriza viven 15 millones de personas de ambos lados de una frontera que divide a 48 condados estadunidenses de 94 municipios mexicanos.
Por nuestra frontera sur ingresan y transitan más de 150 mil migrantes anualmente,1 en su mayoría provenientes de Centro y Sudamérica, y en menor medida de África y Asia. En últimas fechas hemos atestiguado la crisis que se ha presentado en Tijuana al llegar allí miles de haitianos, con la ilusión de obtener una visa humanitaria y pasar a Estados Unidos. Siguen varados en nuestro país. Asimismo, en diciembre, y ante la llegada de Trump, miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos han ingresado a México con la esperanza de entrar a Estados Unidos. Muchos también se encuentran varados. Son ejemplos de los riesgos que corremos si las medidas se endurecen: quienes no logren pasar al norte se asentarán de manera desorganizada en las ciudades fronterizas, generando posibles dinámicas de inseguridad. Así, en México, la migración entraña retos diferenciados, ya que hay estados que participan como emisores, como receptores o como sitios de tránsito migratorio.
¿Quiénes son y dónde se encuentran nuestros connacionales en Estados Unidos?
En los años setenta el flujo migratorio de México a Estados Unidos adquiere de nuevo una magnitud significativa. Aumenta en los ochenta, decenio en el que los mexicanos representaron el principal grupo migratorio en Estados Unidos. Y entre 1990 y 2007 se intensifica. Tan sólo en este periodo casi siete y medio millones de mexicanos emigraron a ese país. En los años subsecuentes el flujo se frenó, debido a factores de- mográficos, a la recesión estadunidense en 2008-2009, y a una política migratoria norteamericana más restrictiva, derivando en un aumento abrupto en el número de deportaciones.
Actualmente, de acuerdo con el Censo de los Estados Unidos, alrededor de 12 millones de migrantes mexicanos viven en ese país, equivalente a 28% del total de inmigrantes. Además, de estos 12 millones de mexicanos de primera generación, existen 24.7 millones de mexicanos de segunda y tercera generaciones (nacidos ya en Estados Unidos) que radican en todo el país, sumando un total de casi 37 millones de personas de origen mexicano.2 Cinco millones y medio de niños nacidos en aquel país tienen al menos un padre indocumentado, y 70% son de padres indocumentados nacidos en México.
Dentro de este universo de mexicanos, los llamados dreamers han adquirido resonancia, un grupo de jóvenes sin documentos nacidos en México, que desde niños fueron llevados por sus padres a Estados Unidos. Se conocen con ese nombre por la lucha que emprendieron para lograr un estatus migratorio legal mediante la iniciativa de ley presentada en agosto de 2001 conocida como Dream Act. Nunca obtuvo los votos necesarios para su aprobación, pero en junio de 2012 dichos jóvenes pudieron obtener algunos de los beneficios buscados a través del Programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Por primera vez se abrió la oportunidad para los jóvenes entre 15 y 30 años de edad, que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, y siendo menores de 31 años en 2012; que han residido continuamente en Estados Unidos desde 2007; que han estado presentes en 2012 y al momento de presentar la petición de Consideración de Acción Diferida ante USCIS; y que no tenían estatus legal en junio de 2012.
Esos jóvenes, que también necesitaban estar inscritos en o titulados de la preparatoria o la universidad, obtuvieron un estatus migratorio especial por dos años renovables. 70% de los dreamers o DACAS son mexicanos. Gracias a dicho estatuto más de 700 mil beneficiarios obtuvieron permiso de trabajo, número de seguro social, la posibilidad de salir y reingresar a Estados Unidos y, en algunos estados, licencia de conducir.
A pesar de los beneficios del programa DACA se presentan dos problemas fundamentales ante la llegada de Trump. El permiso no implica una regularización definitiva del estatus migratorio. En segundo lugar, debido a los requisitos puntuales de DACA existe una buena cantidad de jóvenes que quedaron en el limbo, principalmente por haber llegado a Estados Unidos con mayor edad. Los dreamers han luchado por una reforma migratoria integral y la inclusión de sus padres en este tipo de estatus migratorio, a través del llamado DAPA, rechazado por la Suprema Corte. Con Trump existe el peligro de que los 760 mil jóvenes beneficiados pierdan su estatus y sean declarados “ilegales”. Además, se teme que a través de los datos en posesión de las autoridades, que también tienen perfectamente ubicados a sus padres, en su mayoría indocumentados, Trump aproveche la información para deportarlos. Han proliferado las manifestaciones y muestras de apoyo hacia este sector, incluyendo a más de 500 universidades de prestigio y múltiples legisladores. Para ambos países se trata de seres humanos valiosos, en su mayoría preparados, que constituyen puentes importantes entre las dos sociedades y son el resultado del sincretismo social y cultural entre México y Estados Unidos.
Durante la presidencia de Obama se anunciaron medidas y programas especiales de protección a los migrantes, al tiempo de reforzar y priorizar ciertas tareas de las autoridades migratorias. En contraste con DACA, se adoptaron medidas en teoría relacionadas con las deportaciones de delincuentes y de personas que pusieran en riesgo la seguridad nacional. Sin embargo, el endurecimiento no se limitó a esta población. La deportación incluyó a muchos otros que por delitos o faltas menores fueron expulsados de Estados Unidos, así como a menores no acompañados, sobre todo centroamericanos, que llegaron en masa a Estados Unidos a partir de julio de 2014.
Los motivos para que viaje un menor no acompañado varían desde la pobreza hasta la violencia familiar o comunitaria, la desprotección institucional, el temor a la persecución o por algún conflicto grave o violación de derechos humanos en su lugar de origen. Este fenómeno constituyó una de las principales preocupaciones para las autoridades norteamericanas, en vista de las dimensiones que adquirió en el verano de 2014. Ese año Estados Unidos enfrentó una severa crisis humanitaria ante la detención realizada por la patrulla fronteriza en Texas de 68 mil 541 niños migrantes que intentaban entrar sin documentos a Estados Unidos para entregarse a las autoridades migratorias. El 75% provenían de Guatemala, El Salvador y Honduras. La gran mayoría fueron liberados, algunos de inmediato, otros después de pasar por albergues oficiales y ser reubicados con sus familias o en casas hogar. Una menor parte permaneció un tiempo en los centros de detención federales. Muchos se encuentran en una especie de limbo migratorio.
Barack Obama pidió ayuda a México. Aunque los números siguen siendo alarmantes, el apoyo de las autoridades mexicanas fue fundamental para disminuir el flujo. Para 2015 y con una colaboración estrecha del gobierno mexicano, la cifra de menores detenidos del lado norteamericano de nuestra frontera norte disminuyó a 39 mil 970. En cambio, en nuestro país, tan sólo el año pasado se retuvieron a 41 mil 9223 menores no acompañados, principalmente en nuestra frontera sur. De alguna manera, en materia de las deportaciones de menores centroamericanos no acompañados, se trasladó el reto de Estados Unidos a México. Homeland Security (DHS) afirma que los cruces centroamericanos en su frontera disminuyeron en un 53% entre 2014 y 2015. La cooperación con las autoridades mexicanas en la frontera sur impacta en ello. Se ha advertido un repunte del flujo de centroamericanos que ingresan a México, y otro aumento concomitante de los que llegan al Río Bravo, a partir del 9 de noviembre. Todo indica que la intención de Trump de construir un muro impactará —al alza— en el número de centroamericanos que desean entrar a Estados Unidos antes de que se termine el muro (ver gráfica 1).
Se ha atribuido la violencia en el Triángulo del Norte a las deportaciones de “mareros” de Los Ángeles en los años noventa. Pero no sólo se deportan a delincuentes y criminales. Son muchos los motivos y niveles de delitos asociados a una deportación. Existen casos de personas que han cometido delitos graves y se encuentran presos, pero también otros expulsados por presentar una identificación falsa, conducir en estado de ebriedad, conducir sin licencia u otras faltas administrativas.
Según datos de Homeland Security (DHS), seis de cada 10 deportaciones ocurren con personas que han sido declaradas culpables y sentenciadas por cometer algún delito, mientras que el resto ocurre con personas que no lo han sido. Para estas últimas el DHS afirma que 95% de los casos se dan a partir de detenciones en la frontera o a menos de 150 kilómetros de la misma. La razón es por ingresar sin autorización a territorio norteamericano. Los mexicanos siguen siendo la nacionalidad más deportada sin haber sido declarados culpables, pero entre los sentenciados ocupa el cuarto lugar. Los cinco primeros países con más deportaciones, además de México, se ubican en Centroamérica y el Caribe (ver cuadro 1 y gráfica 2).
De acuerdo con cifras de DHS, de 2008 a 2016 Estados Unidos ha deportado a un promedio de 350 mil personas por año, aunque las cifras fueron muy superiores al principio del mandato de Obama, y muy inferiores en su último año (ver gráfica 3).
El principal país de origen de los deportados es México, seguido por Guatemala y el Salvador. En 2016 se registraron 240 mil 255 deportaciones de 185 nacionalidades; 62% fueron de mexicanos.4 Conviene recordar que una deportación no equivale necesariamente a un deportado: muchos expulsados vuelven a intentarlo, y en ocasiones fracasan dos o tres veces antes de permanecer en Estados Unidos. Estos números difieren de las cifras registradas por el INAMI, —3.8 millones de deportados de 2007 a la fecha (con el punto más álgido en 2009 y con bajas importantes en el último trienio), y con aquellas citadas por Peña Nieto en un discurso en enero (tres millones). Se trata de dimensiones importantes que nos permiten comprobar que aun en el mejor de los casos la magnitud de las deportaciones a nuestro país se elevó dramáticamente durante la administración de Obama.
Este hecho posee una incidencia directa en lo que se ha llamado la balanza migratoria cero y la tan manoseada versión según la cual ya culminó la migración mexicana a Estados Unidos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI, entre 2009 y 2014 cerca de un millón de mexicanos y sus familias regresaron a México. Según el Censo de Población de Estados Unidos, en el mismo periodo, más de 870 mil personas ingresaron a ese país provenientes de México. Se estima que una parte importante del fenómeno está relacionado con la disminución en el número de mexicanos indocumentados residentes allá, los cuales se dice pasaron de 6.9 millones en 2007 a 5.6 millones en 2014. También se habla de factores económicos, del impacto de la crisis de 2009 y la falta de empleo como explicación de esta balanza. La reunificación familiar con deportados puede ser otro factor.
Pero todo indica que las explicaciones más probables de este posible espejismo estadístico yacen, en primer lugar, en el carácter coercitivo de la mayoría de los retornos (las encuestas mexicanas no siempre captan la cantidad de deportados que prefieren no confesar el verdadero motivo de su regreso a México) y en el cambio de estatus de muchos indocumentados durante esos años, pasando de “sin papeles” a “con papeles”.
Entre 2005 y 2015 el número de personas con visas H-1B, H-1B1, H-1C, H-2A, H-2B, H-2R, H-3 y H-4 pasó de 91 mil 592 a 158 mil 905. Si a ello le agregamos el número de lo que se conoce como cambio de estatus, es decir, aquellas personas que obtuvieron la residencia permanente, hubo un incremento de aproximadamente 20% en cinco años (de 139 mil en 2010 a 158 mil en 2015) (ver gráfica 4).
Así, a pesar del enorme incremento en las deportaciones a partir de 2009 —entre tres y cuatro millones de mexicanos según qué cifras prefiera uno— la población mexicana total —con o sin papeles— ha permanecido igual en su nivel más alto de la historia: 12 millones en 2015. Esto tendería a relativizar la tesis de la balanza cero.
Parte de las excesivas diferencias entre las cifras que ofrecen las diversas autoridades mexicanas y estadunidenses en materia de deportaciones proviene de las distintas definiciones. Estados Unidos distingue entre la repatriación voluntaria, que no se contabiliza como deportación, y las demás. México suma a los nacionales entregados en los puntos fronterizos o a través de vuelos al interior, pero se trata de “eventos”, no necesariamente de personas: una persona puede ser deportada varias veces. En todo caso, sabemos que durante los primeros cinco años de Obama las deportaciones definidas como mexicanos expulsados de Estados Unidos (hayan reingresado o no) aumentó enormemente, que las cifras alcanzaron entre dos y tres millones de personas, y que las indagaciones sobre la diferencia entre un retorno coercitivo y voluntario (no en el sentido jurídico norteamericano) son aún insuficientes. A partir de 2013 las deportaciones comenzaron a disminuir.
Qué es una deportación
La deportación es una sanción oficial de un país, y consiste en enviar a la persona detenida y sancionada a su país de origen o de procedencia, impidiéndole su regreso por un término determinado, por haber violado la ley migratoria. En Estados Unidos la Agencia ICE del Departamento de Seguridad Nacional es responsable de los procesos de detención, repatriación o deportación de personas que se encuentran sin documentación migratoria legal en territorio norteamericano. Tras su detención, las personas permanecen en un centro de arresto con tres opciones:
• Regreso voluntario (voluntary return or departure) al cruce fronterizo más próximo.
• Repatriación voluntaria a su lugar de origen (vía traslado de Tucson, Arizona, en avión a la Ciudad de México).
• Iniciar un proceso judicial en materia migratoria, si estas personas detenidas califican para algún beneficio migratorio o tienen miedo creíble de persecución y de regresar a sus países de origen, o han sido torturadas, tendrán la oportunidad de que su caso sea escuchado por un Juez, y aquí empiezan los procesos ante la Corte para determinar si pueden permanecer en Estados Unidos.
Dos entes llevan a cabo la detención: la patrulla fronteriza, y los retenes migratorios internos de ICE o CBP (centros de revisión ubicados en cualquier punto dentro de 160 km a contar desde la frontera). El tiempo y proceso de repatriación puede ser inmediato o durar varios días, incluso meses o años en caso de que se inicie un proceso legal. Una vez detenida, la persona puede elegir la “salida voluntaria”. En este caso se realiza una repatriación expedita, sin proceso judicial; no se contabiliza como deportación y no entraña consecuencias de deportación, como el fichaje o la prohibición de reingreso legal. La autoridad estadunidense puede negar la salida voluntaria y optar por la deportación, por ejemplo, para personas que hayan sido condenadas por un delito grave. A aquel que opte por la salida voluntaria no se le inicia un proceso legal en Estados Unidos y es devuelto rápidamente a su país de origen. En 2010 92% de los detenidos optaron por la repatriación voluntaria.
En muchos casos al no conocer las consecuencias ni las oportunidades que se desprenden de contar con una defensa legal, tiempos del proceso y detalles al respecto, nuestros migrantes optan a ciegas por la vía “voluntaria”. Ante la decisión de Donald Trump de criminalizar la carencia de papeles, y considerando las necesidades de los mexicanos en Estados Unidos y el desborde y retraso que con 520 mil casos cuentan las 56 Cortes americanas correspondientes, esta vía podría ser la mejor opción. Los paisanos elevan la probabilidad de permanecer en territorio norteamericano al alargar el tiempo antes de la deportación o simplemente al dar la batalla en los tribunales que de por sí no pueden con la carga de trabajo. Se calcula que del total de casos registrados desde 2004 sólo 40% ha sido resuelto.
En caso de que la persona no opte por la salida voluntaria, las autoridades migratorias inician un procedimiento judicial en su contra. El resultado puede ser el “perdón”, la presentación de su caso ante un juez o la deportación si no existe algún beneficio migratorio para el detenido. En lo que se cuenta con un fallo, y si la persona es elegible para fianza, puede solicitar salir bajo fianza de un mínimo de mil 500 dólares. Algunos grupos conservadores calculan que casi 60% de aquellos que depositan una fianza la “sacrifican” al no volver a presentarse en una audiencia.
La persona detenida tiene el derecho de avisar al Consulado, pero no todas deciden hacerlo. Por ello es posible que el gobierno mexicano no conozca del número de nacionales en proceso de repatriación y/o deportación. En caso de que la persona detenida de nacionalidad mexicana notifique al Consulado, se le brinda acompañamiento en su proceso. El apoyo le permite avisar y encontrar a sus familiares, asegurarse que el procedimiento se realice conforme a la ley, y facilitarle asesoría legal. Por ley, el Consulado no puede llevar directamente la defensa legal (ver diagrama).
El tiempo del proceso de remoción puede variar dependiendo si la persona fue detenida en la frontera o si la persona ya radicaba en Estados Unidos; si existe algún beneficio migratorio, el caso se puede extender y el proceso de remoción puede llevar meses e inclusive años, especialmente si se le otorgó fianza a la persona.
Dada la coyuntura y el proceso de deportación descrito, una de las tareas fundamentales a corto plazo para proteger a los migrantes consiste en apoyarlos por la vía jurídica. La incapacidad y el desborde de las Cortes migratorias podrán ser uno de los principales obstáculos para la deportación masiva, visto que Trump ha advertido que no incrementará la nómina o las contrataciones en dichas Cortes. Es fundamental que el gobierno realice la tarea de brindar asesoría jurídica a todos aquellos que se vean amenazados con ser deportados de la mano de otros actores y aliados. Los connacionales en situaciones vulnerables pueden temer acercarse a los Consulados. Por ello resulta fundamental la labor de la sociedad civil norteamericana. Dicho de otro modo, se requiere dotar a nuestros Consulados de mayores recursos para protección y asistencia jurídica, pero dichas representaciones deben apoyar y apoyarse en aliados en Estados Unidos, en caso de que alcancen las nuevas expulsiones.
Entre ellos figuran los medios de comunicación: los migrantes no siempre conocen sus derechos. Suelen ignorar las consecuencias de retirarse de territorio americano por la vía voluntaria. El sistema de las Cortes migratorias está saturado. El ejemplo de los menores centroamericanos y sus padres es ilustrativo. Desde 2014 se han iniciado en Estados Unidos más de 161 mil juicios de deportación. Sólo ha concluido el 40%, pero de esos 41 mil muy pocos en efecto han sido expulsados de Estados Unidos. Los agentes de migración han seguido las directivas de Obama de concentrarse en deportar a delincuentes, encarcelados o con antecedentes penales.
Esto puede cambiar con Trump. Ha dicho que piensa regresar a todos los delincuentes mexicanos o indocumentados con antecedentes penales, que según él son “entre dos y tres millones”. Vale la pena mencionar que de los últimos 500 mil deportados sólo 27 mil cometieron algún delito grave. Ha ampliado ya la definición de los “objetivos” por deportar, en su decreto ejecutivo, creando la categoría de “acusable de un delito menor”. Las cifras son difíciles de comprobar, pero conviene señalar que en 2015 había 1.5 millones de presos en cárceles federales y estatales en Estados Unidos; poco más de 10% eran mexicanos. De ser todos deportados a México, volverían casi 200 mil reos al país en un periodo muy breve.
Existen antídotos, contrapesos y recursos para contrarrestar este intento, en caso de materializarse. Entre ellos destacan las llamadas ciudades santuario. El término se remonta a los años ochenta, cuando cientos de miles de refugiados centroamericanos llegaron a Estados Unidos huyendo de las guerras civiles en sus países, y fueron recibidos con los brazos abiertos por grupos ante todo religiosos en determinadas comunidades norteamericanas. Una ciudad o comunidad santuario hoy es aquella que cuenta con ordenanzas, políticas o prácticas para no verificar el estatus migratorio de sus habitantes al tiempo de buscar su protección y empoderamiento con políticas y apoyo social. Dentro de este tipo de ciudades sobresalen Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. El Instituto de Política de Migración (MPI, por sus siglas en inglés) estima que estas jurisdicciones son el hogar de al menos 5.9 millones de inmigrantes no autorizados, es decir, la mitad de la población no indocumentada total. Es preciso subrayar, sin embargo, que por un lado las autoridades municipales no pueden impedir que sus homólogos federales detengan a indocumentados dentro de su jurisdicción, y que Trump ya firmó un decreto ejecutivo suprimiendo la entrega de fondos federales a cualquier cuidad que no entregue a personas sin papeles a las autoridades federales
Otro contrapeso posible consiste en la exigencia por México de la comprobación de nacionalidad mexicana a las autoridades norteamericanas. Por ahora no parece haber un protocolo. Las autoridades estadunidenses presentan a alguien; los mexicanos a veces lo entrevistan en los centros de detención; en ocasiones el detenido se identifica como mexicano con algún documento; en otras palabras, todo se hace “a la mexicana”: quién sabe.
Es evidente que los mexicanos en Estados Unidos hoy, tanto con o sin papeles, prefieren que el apoyo de la sociedad y el gobierno mexicanos se concentre en evitar su deportación. Ya vimos cómo se puede apoyar esta preferencia. Sin embargo, también es necesario apoyarlos en la reinserción cuando ya sea se acogen a la repatriación voluntaria, ya sea fracase la defensa en las audiencias. Desde hace algunos años la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INAMI), coordina el Programa Somos Mexicanos, cuyo objetivo reside en recibir a los mexicanos retornados. Mediante este programa el migrante es recibido y se le brinda atención básica al tiempo de apoyar y vigilar los traslados a sus lugares de origen y en ocasiones conectarlos con algunas opciones o bolsas básicas de trabajo a través de otras dependencias. México negoció en los últimos años que los procesos de deportación se lleven a cabo de manera más ordenada, a través de 11 módulos fronterizos y dos vuelos semanales a la Ciudad de México, en horarios específicos. Antes los migrantes eran entregados en 25 puntos y a cualquier hora, complicando la seguridad, atención y traslado de los mismos.
Si bien estos acuerdos y procedimientos son valiosos y necesarios, es evidente que no están a la altura de lo que puede suceder bajo la administración Trump. En los años pico de las deportaciones de Obama —2009-2013— con dificultades pudimos con la magnitud del flujo, y aún no conocemos los efectos de la coincidencia en el tiempo y en el espacio de las deportaciones masivas en esos años con el auge de la violencia en determinadas ciudades fronterizas o expulsoras.
En conclusión, es preciso partir de dos premisas básicas para enfrentar el reto de Trump en materia migratoria. La primera es que, a pesar de los antecedentes de Obama, de Centroamérica, de momentos difíciles en tiempos más remotos, lo que puede venir es algo no visto por lo menos desde la Operación Wetback a principios de los cincuenta. No sólo por los números en cuestión; no sólo por la posibilidad de un ingreso masivo y simultáneo del norte y del sur; no sólo por la “salvadorización” que pueda gestarse en México, sino por la agresividad del presidente norteamericano.
La segunda premisa es que existen recursos, contrapesos y opciones para México y para nuestra gente. Los tribunales, la saturación, los flujos centroamericanos, los aliados estadunidenses, los medios de comunicación en español, los Consulados: todos son activos en la resistencia. Resistencia que deberá darse en la calle, en las universidades y en las empresas, pero sobre todo en el Poder Judicial norteamericano. Ahí es donde se puede avanzar más, o retroceder menos.
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Su más reciente libro es Amarres perros. Una autobiografía.
Eunice Rendón
Socióloga. Fue directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Es consultora en estrategias comunitarias y con migrantes.
1 Secretaría de Gobernación, Informe del Estado mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano, 16 de julio de 2010, pp. 14, 44, 46, 94 (de 29 de julio, 2010: http://bit.ly/2lZJjrl).
2 Pew Hispanic Center tabulations of 2008 American Community Survey: http://pewhispanic.org/files/factsheets/foreignborn2008
3 Es importante subrayar que, es sobre todo a partir de 2014, que tenemos en nuestro país este fenómeno de manera creciente. Pasamos de retener a nueve mil 630 niños en esta situación en 2013 a 41 mil 922 en 2016. Fuente: INM, Segob.
4 Department of Homeland Security http://bit.ly/2m4jZAI. Nota: los años se refieren al año fiscal estadunidense que va de octubre a septiembre.