Jorge G. Castañeda
Mientras no comparezcan ante un juez –en México, en Italia, en Guatemala o Estados Unidos– no habrá cómo saber si Édgar Veytia, Tomás Yarrington, Emilio Lozoya o Javier Duarte incurrieron en los delitos de los cuales han sido acusados por unos o por otros. No nos consta si los cargos o los motivos de las denuncias son válidas, o proceden de cualquiera de las otras explicaciones posibles: delación premiada en Brasil, testigos protegidos en Estados Unidos, venganza política en Veracruz. Pero podemos aventurar una hipótesis preliminar a propósito de las capturas de las últimas semanas: el factor foráneo fue decisivo, y las autoridades nacionales se vieron impotentes u omisas mientras no entrara en juego el involucramiento internacional.
Uno de los acusados fue fiscal o procurador del estado de Nayarit durante siete años. Otros dos fueron gobernadores durante seis, y luego prófugos a lo largo de seis meses, o seis años. Un cuarto fue director de Pemex por dos años, y el principal colaborador de política exterior del candidato y presidente electo Peña Nieto. Salvo el caso de Duarte en Guatemala –y habrá que esperar– resulta inimaginable su detención o ‘ventaneada’ sin la participación del gobierno de Estados Unidos, del Poder Judicial brasileño, y de los medios de ambos países.
En el caso del escándalo de Odebrecht y de Pemex, varios hemos insistido en algo desde hace meses –mucho antes que AMLO, aunque sus términos y ejemplos sean calcas de los de otros, mucho después. Parecía increíble que expresidentes, exministros o subsecretarios fueron mencionados en múltiples países de América Latina, pero en México tanto la paraestatal petrolera como la PGR y la Secretaría de la Función Pública insistieran en mantener bajo sigilo los nombres de los destinatarios de más de diez millones de dólares de mordidas. Asimismo, Veytia jamás habría sido detenido si la DEA no lo hubiera buscado. El gobernador de Nayarit y quizá hasta su amigo el de Nuevo León ignoraban todo de sus actividades y ‘ahorros’ o sabían algo y eran algo cómplices. Y todos vimos con nuestros propios ojos la foto del agente de ICE en Florencia acompañando –extrañamente, porque no es su función– a la policía italiana en el arresto de Yarrington.
No se puede descartar que ante la posible derrota del PRI en el Estado de México, y el seguro fracaso de su partido en 2018, Peña Nieto haya decidido insistirle a Washington que ayudara, en lugar de obstaculizar o permanecer en la indiferencia ante las huidas de Yarrington y Duarte. En ese caso, podría ser inminente la detención en Estados Unidos o en México, a solicitud de Estados Unidos, de otro Duarte y otro exgobernador de Tamaulipas. Si no podemos los mexicanos sin el apoyo de Washington o de otros países (Suiza y Brasil, en el caso Pemex), ni modo. Mejor presos así, que libres de otra manera.
Pero tampoco se puede desechar otra explicación, por lo menos en los casos de Veytia y Yarrington, más los que se acumulen. La postura de los gobiernos de Obama y de Bush, y en realidad de todas las administraciones norteamericanas de la historia moderna, ha sido de pasividad, tolerancia, o hacerse de plano de la vista gorda ante la corrupción mexicana. Preferían no hacer olas, a pesar de que buena parte de las fortunas robadas en México… se guardaba en Estados Unidos y eran fáciles de rastrear. Siempre pensaron los norteamericanos que el beneficio de cualquier acción suya contra la corrupción en México empalidecería frente al costo o el riesgo de la consiguiente inestabilidad o del darle la espalda a sus antiguos socios, amigos o cómplices.
Es posible, aunque por ahora sea imposible de aseverar, que Trump, por una razón u otra, haya abandonado la tradicional actitud estadounidense. Molesto por anteriores agravios personales, frustrado por las dificultades de avanzar en su agenda con México, o preocupado en serio por los estragos que la corrupción mexicana puede surtir sobre la ‘estabilidad’ del país, quizá Trump ha optado por perseguir a los autores y los frutos de la venalidad mexicana. Ambas listas pueden ser interminables.