Jorge G. Castañeda
El lunes pasado EU hizo públicas sus metas de negociación para los intercambios con México y Canadá para revisar el TLCAN. Aunque el documento de 17 páginas es denso, más para especialistas que para “todólogos” como yo, y representa, más que otra cosa, una síntesis de las divisiones dentro del gobierno de Washington, se pueden desprender de algunas conclusiones iniciales.
No quisiera entrar en la discusión, un poco ociosa por el momento, de si las demandas norteamericanas son buenas o malas para México, excesivas o insignificantes, esperadas o imprevistas. Prefiero comentar lo que me gusta del planteamiento. Habrá que ver hasta dónde quiere llegar EU en la inclusión de los puntos de su pliego petitorio, y sobre todo si, en caso de hacerlo, qué consecuencias reales pueden tener para México. Por el momento, subrayo dos planteamientos interesantes y bienvenidos, y un tercero, aún ausente.
Empiezo con la referencia salarial incluida en la demanda de incorporar los acuerdos paralelos de 1993 al núcleo del Tratado y de darle mayores dientes y detalle a los temas laborales. Algunas de las tesis de EU fueron tomadas del TPP; por ejemplo, si no me equivoco, el tema del trabajo infantil. Otras provienen del equipo de nacionalismo económico de Trump. Para ir al grano, si la única manera de elevar los salarios en México es porque EU nos lo exige como condición para permitir que los productos mexicanos sigan entrando al mercado más grande del mundo sin aranceles, así sea.
No sé si esa sea la mejor manera de aumentar el ingreso de los trabajadores mexicanos. Creo que puede provocar distorsiones en el mercado de trabajo en México. Sin duda, no corresponde del todo a las versiones clásicas del libre comercio. No es seguro incluso que se pueda hacer. Pero si las demandas laborales en materia de sindicatos, libres de cumplimiento de normas internacionales (OIT) y de salarios decentes, se acompañan de consecuencias reales o “dientes” en caso de incumplimiento, bienvenidas sean.
Podremos alegar durante años que así no se deben incrementar los salarios en México; que sería preferible que aumente el empleo y la productividad para que más adelante crezcan los sueldos; y que la mejor manera de que eso suceda es elevando las exportaciones mexicanas a EU. Pues sí, pero todo eso no ha sucedido a lo largo de los últimos 23 años.
Segunda consideración, ya planteada por varios colegas, en particular por Leo Zuckermann. Me refiero a la inclusión de un capítulo sobre corrupción en el Tratado, a petición de EU. De nuevo, le doy la bienvenida, ya que me he convencido desde hace tiempo que no vamos a acotar la corrupción en México sin apoyo internacional. Como ese no parece poder provenir de la ONU, de la OCDE, ni de otras organizaciones multilaterales, pues que se origine entonces en un acuerdo bi o trilateral con EU y Canadá. No creo que haya de otra. Preferiría que el Tratado incluyera una especie de espejo de la Foreign Corrupt Practices Act o Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero de EU; y todavía es posible que así suceda. La FCPA es una ley hasta cierto punto draconiana que se ha violado muchas veces desde que se promulgó en los años 70, pero que tiene el mérito de infundirle temores innegables a empresas norteamericanas que operan en el mundo, corrompiendo a funcionarios desde tiempos inmemoriales. Quizás el escándalo más reciente en México fue el de Walmart, denunciado por el New York Times hace pocos años.
Mi tercera reflexión se dirige a una ausencia en el documento norteamericano pero que podría pertenecer al mexicano: una cláusula de derechos humanos para los tres países. México ya aceptó la incorporación de temas de democracia y derechos humanos en los acuerdos de libre comercio a través del Convenio con la Unión Europea, firmado en 1998, ahora en plena revisión. No tiene nada de malo que se mezcle el libre comercio con los derechos humanos; probablemente sea la forma más eficaz de obligar a un mayor respeto por estos derechos y limitar sus violaciones.
Solemos molestarnos cuando el Departamento de Estado denuncia violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Preguntamos ¿quiénes son ellos para juzgarnos? Pues si incluimos el tema en un acuerdo entre los tres países, ellos serán lo mismo que nosotros y los canadienses: partes de un convenio libremente consentido en donde tres países se comprometen a respetar determinadas normas de derechos humanos.
Hacerlo le serviría doblemente a México: En primer lugar, nos permitiría invocar el tratado a propósito del maltrato a los mexicanos en EU. Segundo, fungiría como ancla internacional para reducir las gravísimas violaciones a los derechos humanos en México, que hemos todos atestiguado desde 2007. Ojalá Canadá, un país con una vieja tradición de defensa de los derechos humanos en ámbitos internacionales, lo proponga; ojalá México lo sugiera; y ojalá algunos sectores en EU, que por distintas razones no lo han planteado, ahora sí lo hagan.