Jorge G. Castañeda
Con tanto que se ha filtrado en estos días sobre el caso Lozoya-Odebrecht, con tantas fuentes de dichas filtraciones, y con tantas versiones circulando en los pasillos, es difícil determinar cuánto sabemos y cuánto no. Ojalá la inminente declaración de Emilio Lozoya ante la PGR disipe las nubes de confusión de todos, aunque comienza mal, con una pregunta: ¿Por qué citan a Lozoya a declarar únicamente después de las filtraciones?
Por el momento tengo claros tres hechos. En primer lugar, que tres funcionarios de buen nivel de la empresa brasileña Odebrecht declararon ante un juez en Brasil, dentro del esquema de delaciones premiadas que mucho le ha servido a la justicia brasileña para desmontar la gigantesca red de corrupción genéricamente llamada Lava Jato, que la empresa entregó 10 millones de dólares en dos tranches
–por así decirlo– a Emilio Lozoya. La primera se dio cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y la otra como director de Pemex. En segundo lugar, sabemos que Odebrecht realizó varias transferencias de recursos de sus cuentas a las de dos empresas en distintos paraísos fiscales: a Latin American Asia Capital Holding Ltd, y a Zacapan S.A., por un total de 10 millones de dólares. Dichas cuentas aparentemente están radicadas en dos bancos, ambos ubicados en la isla de Tórtola, de las British Virgin Islands. En tercer lugar, sabemos que las filtraciones, ya sean todas procedentes de las delaciones premiadas, ya sean de otras fuentes que podrían incluso ser mexicanas, afirman que dichas cuentas corresponden a empresas “ligadas a” Emilio Lozoya. Aquí la cosa se complica y a la vez se puede facilitar.
No es imposible indagar para un Estado, pero también para investigadores privados, periodísticos o de organizaciones de la sociedad civil, quiénes son los principales accionistas o funcionarios de las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en los paraísos fiscales del Caribe o de Panamá. Entre chismes, sobornos (hablando del rey de Roma), fuego amigo y otros instrumentos, es posible determinar quiénes son esos accionistas o, de tratarse de accionariados anónimos, averiguar quiénes son los ‘funcionarios’ (tesorero, secretario, presidente) de la empresa. Fue el caso de los famosos Panama Papers.
De ahí que el tema de Lozoya en estos paraísos fiscales y con esas cuentas se vuelva binario: o las cuentas son de empresas suyas, aunque disfrazadas, o las cuentas no tienen nada que ver con él. En el primer caso, Lozoya debe ir a la cárcel; en el segundo, se le debe una disculpa. El reto es otro: ¿quién va a averiguar?
Procedamos por descarte. Los gobiernos de Suiza, Estados Unidos y Brasil, los tres parte del acuerdo con Odebrecht por el cual pagó una multa gigantesca, no tienen el menor interés en saber quiénes son los mexicanos que recibieron ese dinero. Es obvio que el gobierno de Peña Nieto tampoco. La PGR no va a enviar a nadie a Tórtola, o a Antigua, o a Lichtenstein. Va a proceder como la Función Pública en el caso de la ‘casa blanca’: donde buscamos, no encontramos nada. Donde no buscamos, menos.
Queda la oposición en México, y las organizaciones periodísticas o de la sociedad civil. De la primera, espero poco: no está en su ADN perseguir con seriedad a cualquier gobierno. Los medios y las organizaciones pueden hacer más, pero en ocasiones muestran más propensión a ser destinatarias de filtraciones que a investigarlas por cuenta propia. Pero estamos en sus manos, porque no hay otras.