Jorge G. Castañeda
Ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una ponencia del ministro Arturo Zaldívar, que cada día se coloca más como la voz de vanguardia en la Corte, ordenando al Poder Legislativo autorizar la legislación secundaria, que lleva cinco años pendiente, sobre el gasto gubernamental –del gobierno federal y gobiernos estatales– en materia de publicidad oficial. Desde febrero de 2014 el cambio se aprobó en la Constitución; el Legislativo tenía la obligación de aprobar la legislación secundaria y no lo ha hecho, como tantas otras veces.
Lo interesante en este caso, a diferencia con lo que ha pasado en otras ocasiones en las que se trataba de recursos de anticonstitucionalidad interpuestos por poderes estatales, es que ahora se trata de un amparo de la organización Artículo 19 que muestra, como lo decía el ministro Zaldívar, que los ciudadanos de a pie –claro, con abogados, con tiempo y con recursos, pero no importa– pueden recurrir individualmente a la Suprema Corte para temas de orden constitucional y de lo que creo que el ministro llama la defensa de sus derechos humanos. Este es un asunto que se viene peleando desde hace mucho tiempo; de alguna manera en el juicio que yo tuve en la Suprema Corte en 2007 era parecido en el tema, no en sí mismo sino en la parte jurídica: si el amparo sirve o no para temas de este tipo. La Primera Sala resolvió que sí, que tiene varias implicaciones, además de este precedente que de alguna manera crea, aunque no necesariamente sea jurisprudencia.
En primer término, y lo más importante, es que el Poder Legislativo tiene que acatar una instrucción de la Corte, que ahora dice que no es discrecional legislar o no cuando hay una obligación y un plazo para hacerlo. Y, en segundo lugar, el fondo del tema es importantísimo porque tenemos un enorme gasto gubernamental en publicidad oficial, insisto, tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Me pregunto ¿qué bien público, ventaja o tema positivo le trae al país, a los contribuyentes y a la sociedad mexicana en general que salgan los spots de Peña Nieto caminando con un campesino y explicándole las virtudes de su reforma educativa? Y como buena parte de los temas fiscales del Estado ya se le dan al INE con la reforma del 2007, entonces resulta que el gobierno federal y los estados tienen que pagarle a las radiodifusoras y televisoras ese tiempo. Por eso el gasto estratosférico, por ejemplo, que se plantea para este año de más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial ¿De qué sirve?
Existen algunos temas que bien lo ameritan, como sería el caso de las campañas de vacunación, o bien para inscribir a los niños en la escuela primaria a tiempo, y algunos otros temas adicionales, como catástrofes naturales, por ejemplo, pero hasta ahí. Gran decisión de la Corte y gran ponencia del ministro Zaldívar. Ahora falta ver si de aquí al 30 de abril de 2018, que fue el plazo que dio la Suprema Corte, en efecto, los legisladores hacen algo que no suelen hacer, esto es, legislar.