Jorge G. Castañeda
Esta semana se presenta un nuevo libro programático de Héctor Aguilar Camín –¿Y ahora qué?– en FIL de Guadalajara. A diferencia de textos anteriores, aquí se trata de un esfuerzo colectivo, de un gran número de autores, que someten un gran número de propuestas a la opinión pública, a las organizaciones de la sociedad civil, a los actores políticos. Dada la abundancia de temas y sugerencias allí formuladas, me limitaré a destacar una de ellas, por su importancia, su pertinencia, y su antigüedad.
Se trata del esquema de un sistema de protección social universal diseñado y propuesto por Santiago Levy desde mediados del sexenio de Felipe Calderón. En su contribución al libro de Aguilar Camín, Levy en lo esencial reitera su enfoque de entonces, pero hoy cobra una actualidad y urgencia mayores que cuando lo esbozó inicialmente: el deterioro social es inmenso. A reserva de traicionar algunos de los matices, resumo rápidamente su tesis.
Pero antes, conviene aclarar paradas. Muchos retomamos la idea de Levy desde 2009, y en particular con miras a la sucesión presidencial de 2012. Se le propuso la idea a Peña Nieto, e inicialmente la vio con buenos ojos. Pero una conspiración del círculo itamita se encargó de desprestigiar a Levy, a su propuesta, y a sus números. Por razones exclusivamente de índole burocrático –de posiciones de poder de un pequeño grupo de economistas con ambiciones de poder político– la idea fue perdiendo fuerza. Cuando vino el Pacto por México, que excluía cualquier elevación del IVA a escala nacional, o su extensión a alimentos y medicinas, la idea murió. Ahora resucita y si los candidatos a la presidencia 2018 la retoman, puede prosperar.
Levy sostiene que una gran cantidad de mexicanos no cuentan con una protección social adecuada, ya que el sistema creado por Ávila Camacho era bismarckiano: dependiente del empleo. Con el paso de los años, sólo 4 de diez ciudadanos podía esperar un seguro médico y una pensión dignos, sin hablar de seguro de desempleo. Lógicamente, esto se tornó inaceptable para “el sistema” y para la sociedad mexicana, que fue inventando distintos paliativos o parches, unos más nobles y eficaces que otros. Pero todos fomentaban en alguna medida la informalidad, ya que daba lo mismo pagar impuestos o no, registrarse en Salud o el SAT o no, ya que para todos existía algún cuidado. Esto a su vez condujo a un estancamiento de la productividad, o incluso a su descenso, ya que las microempresas informales son menos productivas que los grandes conglomerados de la economía formal. De ese estancamiento de la productividad, y de las elevadas cargas sociales para las empresas, debido al sistema contributivo, proviene el magro crecimiento económico y del empleo en México desde hace 25 años. Ese raquítico desempeño provoca nuestro bajo nivel de salarios.
En su lugar, Levy sugiere un sistema de pagador único, de cobertura universal para todos los mexicanos dados de alta en el SAT, con o sin empleo, financiado por el fondo fiscal central en lugar de contribuciones de patrones, empleados y Estado, conservando los beneficios adquiridos por unos, y extendiendo un piso mínimo de protección para todos los demás. Según Levy, esto aumentaría el empleo, al reducir las cargas sociales no-salariales de las empresas, fomentaría la formalidad (al tener que inscribirse cada derechohabiente en el SAT), y reduciría la brecha entre los asegurados y los desamparados y entre los formales y los informales.
¿Cuánto cuesta? Levy dice que depende de qué se quiera: un Cadillac o un Volkswagen. Empieza con medio punto del PIB; supongo que esta cifra (neta) resulta del costo bruto del esquema al que se le resta el ahorro por dedicar cotizaciones al IMSS, al ISSSTE y recursos del Seguro Popular al nuevo instrumento. Sólo resultaría financiable a través de la extensión del IVA a alimentos y medicinas, y elevándolo.
Es caro, desde luego; la situación actual es peor. Si al diseño de Santiago Levy se le agrega una versión costeable del Ingreso o Renta Básica Universal (otro capítulo de libro, escrito por John Scott), y la unificación tan esperada y pospuesta del sector salud, el próximo gobierno contaría con un “firme” de política social audaz, imaginativa y viable. ¿Quién la suscribe?