Jorge G. Castañeda
Concluyó la sexta ronda de negociaciones de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin grandes avances ni enormes tropiezos. No se produjo el gran salto adelante que algunos esperaban, ni un estrepitoso colapso de la negociación. Este lunes 29, los tres ministros encargados de la negociación informarán sobre los detalles de lo logrado y de lo pendiente. Anunciarán que habrá una nueva ronda en marzo y, probablemente, repetirán la misma tontería de que los tiempos de la negociación no deben depender de las elecciones mexicanas. ¿Y su nieve de limón?
Hace una semana sugerí aquí, de nuevo, que en vista del carácter trascendente y prolongado del proceso, debiera congelarse o suspenderse hasta principios de 2019, cuando un nuevo presidente de México pueda concluir la negociación, y un nuevo Senado pueda ratificar su desenlace positivo, en caso de haberlo. En las redes he recibido tres tipos de mentadas al respecto, que resumo: Andrés Manuel lo dijo antes; Peña Nieto tiene el derecho de negociar hasta el 30 de noviembre; no sirve de nada la propuesta, porque EPN nunca hace caso. Trato de responder a las tres objeciones, y de explicarle a la gente de buena fe la razón por la que seguir negociando hoy constituye una inmensa irresponsabilidad.
En efecto, AMLO ha dicho que debe posponerse la negociación desde hace tiempo. Por mi parte, lo hice por primera vez en agosto o septiembre, cuando resultó evidente que no se alcanzaría el objetivo de terminar para fin de año. Si a los partidarios de AMLO les importa mucho que él haya sido primero, le cedo con todo gusto la distinción. Pero debo subrayar una diferencia en la propuesta: si entiendo bien, AMLO pide la suspensión porque, como ha dicho, Peña no representa al pueblo de México y no puede negociar en su nombre. Yo sólo planteo que a EPN se le acabó el tiempo, y que un presidente lame duck (o pato cojo, es decir, saliente) no puede cerrar un intercambio de esta trascendencia, cuando su mandato esta por concluir.
A la segunda réplica, respondo que no se trata de un asunto jurídico, de derecho constitucional. El Presidente de la República lo es hasta su último día en funciones, obvio. El dilema es político. En democracia (no bajo el régimen autoritario de antes), ¿a partir de cuándo, en el largo proceso de debilitamiento de un mandatario saliente, se torna imposible, indeseable e irresponsable negociar un tratado o convenio internacional de enorme importancia para un país? ¿Nos parecería lógico que un presidente de Estados Unidos negociara con nosotros algo sustantivo en septiembre del último año de su segundo período, a sabiendas que en noviembre será electo un nuevo jefe del Ejecutivo y en enero tomará posesión?
En tercer lugar, no sé si Peña haga caso o no. No escribo ni sugiero ideas, porque pienso que el gobierno (éste o cualquiera) las va a hacer suyas. Las adelanto porque me parecen correctas, me hagan caso o no. Ahora bien, si una idea es buena, y la comparten otros (AMLO la mía, o yo la de AMLO), es posible que haga su camino y la lleguen a adoptar quienes no la suscribían antes.
Ya Ildefonso Guajardo da la impresión de haber fijado un nuevo plazo: el 1 de julio. Después de esa fecha, insinúa muy elípticamente, él y su gobierno no podrá seguir adelante. Las buenas ideas –y creo que julio no lo es, pero abril sí lo sería– avanzan, y las asumen los personajes más disímbolos. En una de esas, hasta Peña Nieto.