Jorge G. Castañeda
Es muy difícil discernir con precisión lo que sucede en la Cámara de Diputados. Se aprueban exhortos y puntos de acuerdo que no significan nada, pero que los medios transforman en hechos incontrovertibles. Se votan leyes congeladas durante años, acompañadas por discursos incendiarios de sus autores, que los medios transforman en artículos de la ley, para después rectificar sus afirmaciones y descubrir otros artículos que contradicen lo primero. En un mundo ideal, podríamos esperar a que todo terminara de transcurrir antes de especular o comentar las consecuencias de este caótico frenesí legislativo. Pero en ese caso, cualquier opinión sería a toro pasado, y más inútil incluso que intervenciones como esta.
El jueves pasado la Cámara baja aprobó una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que había sido presentada en 2011 y permaneció en la llamada congeladora desde entonces. De acuerdo con las versiones periodísticas del texto legislativo, el tope máximo de salario, para todos los servidores públicos, de todos los poderes, e incluyendo entes autónomos o paraestatales, sería el sueldo del presidente, es decir 108 mil pesos al mes. Entiendo que se trata de una suma después de impuestos, esto es neto. La cifra equivale a un poco más de cinco mil dólares mensuales. Aquí comienzan los problemas. Me limitaré a un caso, que conozco bien y que es ilustrativo, aunque no representativo, de los demás, y de las complicaciones que entraña el método actual de Morena.
La mayoría de los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y de los funcionarios locales o de llamado artículo 7 en las embajadas, consulados y representaciones de México ante organismos internacionales o regionales, reciben sueldos correctos, no muy distintos, tomando en cuenta diferencias regionales, de paridad, de funciones, etcétera de otros países. Hay pocos jefes de misión que ganen menos de cinco mil dólares al mes; muchos se benefician de ayudas de renta o de escuela para sus hijos menores de edad. No queda clara en la nueva ley si esas prestaciones, así como el seguro médico privado, indispensable para ellos (no pueden tratarse en el ISSSTE estando en Turquía, porque no hay clínicas del mismo en ese u otros países), van a desaparecer.
De modo que si se aplicara la nueva legislación a los representantes de México en el exterior, una gran proporción padecería una reducción importante de su ingreso, sin poder fácilmente compensarla con una disminución concomitante de sus gastos. Pablo Gómez, el autor y promotor de la ley desde 2011, parece haber declarado en tribuna, expresamente, que sí se aplicará a los diplomáticos. Pero quién sabe, como veremos.
Ahora bien, las remuneraciones de los funcionarios acreditados en embajadas, consulados y misiones permanentes se encuentran sujetas a las leyes mexicanas. Pero las de los empleados locales –traductores, secretarias, choferes, personal de servicio– no. Estas remuneraciones se hallan bajo la jurisdicción de las leyes del país en cuestión: Honduras o Suiza, Etiopía o Japón, Vietnam o Londres. No sólo no pueden ser modificadas dichas remuneraciones, sino que en muchos casos, como en México, existen pisos o mínimos. En otras palabras, en muchos países caros o con ingresos medianamente elevados, con la nueva ley mexicana, el chofer ganará más que el embajador; la empleada doméstica ganará más que el jefe de cancillería; la secretaria ganará más que agregado cultural. ¿Eso quiere Morena?
Dicho esto, algunos medios publicaron el martes que la ley aprobada contiene un artículo 6, que prevé que “funcionarios técnicos calificados, especialistas o quienes desempeñan un trabajo de alta especialización en algún ordenamiento jurídico” podrán ganar más que el presidente: hasta 150% del salario del primer mandatario. En buen mexicano, todos podrán percibir el ingreso mayor, si alguien (¿quién será?) así lo decide. El ejemplo que daba Reforma fue el director de Cancerología, pero también podría ser el embajador ante la UNESCO o el cónsul en Amarillo, Texas.
Afortunadamente, la 4-T tiene lugar en México, y será resuelta por mexicanos. Por tanto, siempre habrá cómo darle vuelta a la ley, en este caso a una ley absurda, motivada por buenas intenciones de parte de legisladores confusos e ignorantes. Y de un presidente electo que rehúye cada vez más a cualquier enfrentamiento.