Es hasta cierto punto lógico que un gobierno provinciano y que detesta o desprecia al resto del mundo (salvo Cuba) le preste escasa atención a las relaciones internacionales del país. Asimismo, se entiende que la sociedad mexicana, insular como pocas, con la excepción de los millones de nacionales con parientes en Estados Unidos, se desinterese por completo de la política exterior. La dificultad de construir y consolidar una política exterior para el siglo XXI proviene en gran medida de esta insularidad: a nadie le importa mucho en qué podría consistir.
No obstante, el mundo exterior existe y, como la historia, suele vengarse. Es el caso de dos asuntos de trascendencia distinta, que involucran a la política interna mexicana y a la política exterior, a las exigencias de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa de detener a Tomás Zerón y a las acusaciones de violación y acoso de Andrés Roemer, y a la relación con Israel y nuestros votos en la ONU sobre Palestina. No me adentraré en la sustancia de las dos exigencias; me interesa el nexo con la política exterior.
Ilustración: Raquel Moreno
The New York Times publica hoy un largo artículo, fechado en Tel Aviv y Ciudad de México, sobre los motivos por los cuales el gobierno israelí ha negado —en los hechos, sin anunciarlo públicamente— la solicitud de detención provisional para fines de extradición de Zerón. Un alto funcionario de Tel Aviv le confesó al Times que su gobierno había congelado la respuesta a la solicitud de extradición de México, así como la solicitud de asilo político de Zerón, por una sencilla razón. No fue por la inexistencia de un tratado de extradición entre México e Israel, sino por los votos recientes de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Hace unas semanas, México, en compañía de los países árabes, del bloque afro-asiático, y de otros amigos de los derechos humanos como Venezuela y Cuba, votó a favor de una resolución pidiendo “investigar las presuntas violaciones y abusos de las garantías fundamentales en el territorio ocupado palestino”. La decisión de México —quizás acertada en cuanto al fondo, aunque la resolución fue poco equilibrada— provocó la ira de Jerusalén. El funcionario de marras le espetó al corresponsal del Times: “‘¿Por qué habríamos de ayudar a México?’ […] El funcionario dijo que Israel no tenía ningún interés en acceder al pedido de extradición de México después de dichas medidas hostiles hacia Israel en Ginebra. La reticencia a cooperar con México, dijo el funcionario, era parte de una llamada diplomacia de toma y daca [tit for tat] iniciada durante la gestión del exprimer ministro Benjamín Netanyahu, que consiste en penalizar diplomáticamente a los países que se opongan a las políticas de su gobierno. El funcionario también dijo que era posible que ciertos aspectos de la solicitud de Zerón fueran procedentes. Así como México castiga a Israel por crímenes que no cometió, según el funcionario, puede que también esté persiguiendo a Zerón por motivos políticos”.
Roemer, por su parte, ha sido objeto, según los medios mexicanos, de una orden de aprehensión y tal vez de una solicitud de extradición (de acuerdo con el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua entre ambos países) por la Ciudad de México. Pero es público y notorio que vive en Israel con toda tranquilidad y frecuenta a mexicanos allá. Es obvio, aunque el Times no se mete en este caso, que la respuesta de Israel ha sido o será la misma que con Zerón: pueden esperar hasta las calendas griegas. Mientras México vote así en la ONU, dudo que Zerón o Roemer pisen suelo mexicano.
¿Nos importa Medio Oriente? No mucho, salvo por el precio del petróleo, menos sensible que antes a los conflictos que allí suceden. No mucho, salvo cuando la comunidad judía de Estados Unidos se molesta con un voto mexicano y nos organiza un boicot turístico (1975). No mucho, salvo cuando no nos entregan a Zerón para atender las demandas de los padres de Ayotzinapa. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestros anacrónicos principios de política exterior para lograr la extradición de dos personas reclamadas por importantes sectores de la opinión pública —de nuevo, no opino— con o sin razón? En un gobierno serio, esto sería motivo de una amplia deliberación y, al final, de una decisión consciente del jefe del Ejecutivo. Huelga decir que no fue el caso. A ver cómo le hacemos en la Asamblea General en septiembre, o en el Consejo de Seguridad si se llegara a votar una resolución sobre Palestina.