Muchos entusiastas acólitos de la 4T en México y Latinoamérica se han congratulado de las recientes victorias de otras fuerzas de izquierda en la región. Señalan el caso de Gabriel Boric en Chile y de Gustavo Petro en Colombia, y dan por sentada la victoria de Lula en Brasil en octubre o noviembre. Ven en estos acontecimientos el surgimiento de un eje del bien, o progresista, base firme de una alianza estratégica entre López Obrador y los mandatarios señalados. Se equivocan rotundamente si quieren descubrir semejanzas entre la izquierda mexicana troglodita y las fuerzas modernas que han asumido el poder en Chile y Colombia, por lo menos.
Para demostrarlo, recurro a dos temas de importancia decisiva para cualquier gobierno de izquierda: la tributación y el papel de los militares en la sociedad y la seguridad. La primera medida anunciada por Petro al día siguiente de su toma de posesión fue… una reforma fiscal. La primera reforma propuesta por Boric poco después de asumir la presidencia fue… una reforma fiscal. A cuatro años de acceder al poder, López Obrador no ha siquiera mencionado el tema, habiéndose convencido de la babosada del tesoro de Moctezuma: 500 000 millones de pesos disponibles al erradicar la corrupción.
Petro incluyó en su propuesta al Congreso un impuesto del 10 % a la venta de bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, aumentar los impuestos sobre la renta y ganancias ocasionales para los de mayores ingresos, y crear un impuesto permanente al patrimonio para quienes tengan más de 700 000 dólares. Espera recaudar casi 2 % del PIB al ponerse en práctica la reforma. Boric, por su parte, busca aumentar la carga fiscal chilena en cinco puntos porcentuales del PIB para el final de su mandato (de cuatro años). La suerte de ambas iniciativas se encuentra, como es lógico, en el aire. Pero ambos presidentes entendieron perfectamente la dinámica fiscal de una política social: no hay manera de aumentar el gasto sin aumentar los impuestos. Si López Obrador no ha aumentado los impuestos, entonces no ha aumentado el gasto social total. Sólo ha desviado recursos de un cajón a otro.
Otra reforma propuesta por Petro durante su campaña, para la cual todavía no hay fecha, se refiere a la Policía Nacional de Colombia. Como algunos lectores recordarán, después de haber sido disuelta en 1948 en la estela del Bogotazo, la PNC fue refundada en 1950 como policía única en el país, radicada en el Ministerio de Defensa, aunque por ley es de carácter civil (whatever that means). Ha sido vista como ejemplar, en cuanto a su esencia de policía nacional única, y severamente criticada por corrupción y violaciones a los derechos humanos durante las eternas guerras colombianas. Pues ahora Petro, en un sentido diametralmente opuesto al de AMLO, quiere reubicar a la PNC en el Ministerio del Interior, que sería rebautizado de Paz, Seguridad y Convivencia. Así enfatizaría su carácter civil y la sometería a una supervisión civil, para evitar justamente los abusos de los cuales ha sido acusada.
En Chile, el Cuerpo de Carabineros, creado en 1927, es otra de las policías nacionales únicas en América Latina. Dependió durante casi un siglo del Ministerio de Defensa (participó en el golpe de 1973), pero a partir de 2011 fue reubicado en el Ministerio del Interior y de Seguridad. El cambio fue realizado por el presidente de derecha Sebastián Piñera, pero mantenido por su sucesora de izquierda, Michelle Bachelet, y ahora, desde luego, por Boric.
Ambos cuerpos, PNC y Carabineros, son estructuras militarizadas, con disciplina y normas militares. Pero son cuerpos civiles, subordinados a dependencias civiles, y se denominan y se consideran policías. Carabineros, al igual que la PNC, fue seriamente criticado por su actuación ante las protestas de 2019, y Boric ha anunciado un ambicioso programa de reformas para evitar futuros abusos. Uno de los propósitos principales de la reforma, según la página de Presidencia, reza así: “Mejorar la legitimidad policial a través de un sistema moderno de control civil de las policías. En la mayor parte de los países que tienen mayor rendición de cuentas del desempeño de su sistema de seguridad, las policías están bajo la estricta subordinación al poder civil y el control ciudadano. Es por ello que las propuestas elaboradas por grupos de expertos han recomendado mejorar el control democrático de la fuerza pública para favorecer su legitimidad”. Más claro, imposible.
López Obrador va contra la historia, la izquierda, y la región, al querer radicar la Guardia Nacional en la Sedena. Nos deja perplejos ante los motivos de su intención de proceder por decreto, ya que cualquier presidente podría revertirlo después, el tema no es de un interés electoral evidente, y los militares, aunque lo quieran, no necesariamente lo ambicionan desesperadamente. Siempre he pensado que la GN, multiplicada por cuatro, y eliminando a las inútiles o contraproducentes policías estatales y municipales, puede constituir la base de una Policía Nacional Única, como la PNC o Carabineros. Así como va López Obrador, no.