Dos elementos de la nueva versión sobre la tragedia de Ayotzinapa y sus consecuencias penales para el exprocurador Murillo Karam me llaman la atención. El primero, como ya ha sido señalado por varios comentócratas, estriba en la gran similitud que existe sobre la descripción de los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 entre la verdad histórica y la verdad de la 4T. En primer lugar, obviamente, los 43 estudiantes están muertos y lo estuvieron desde esa noche, un poco más tarde, un poco más temprano. Este es el hecho decisivo de la tragedia y, por supuesto, ambas versiones coinciden.
En segundo lugar, los estudiantes fueron ejecutados por Guerreros Unidos; todos juntos o por grupos, todos de la misma manera o de manera diferente, sus restos fueron incinerados o destruidos en unos lugares o en otros. Aquí la diferencia es mayor, pero al final del día es secundaria, si todos los restos fueron incinerados en el basurero de Cocula o fueron dispersados en distintas partes y bajo distinta forma, no es irrelevante pero no cambia lo esencial del asunto. Y tercero, hubo complicidad de autoridades municipales y estatales, reza la “verdad histórica”, y militares, por omisión, dice la nueva versión.
Nada de esto puede ser considerado un gran cambio, una revelación, elementos nuevos, ni siquiera algo que modifique lo esencial de la descripción de los hechos. Todo aquello de lo que se acusa a Murillo Karam, a saber, mandar torturar o aceptar la tortura de testigos, sembrar pruebas o evidencias, manipular o descuidar la escena del crimen son actos, probablemente delitos, que ocurrieron después de la tragedia y que tienen que ver con un probable encubrimiento.
De ninguna manera pretendo disminuir la importancia del encubrimiento, tanto por motivos morales y emocionales en lo que respecta a los padres y familiares de los estudiantes, como desde el punto de vista del comportamiento del gobierno. El encubrimiento constituye una violación de la ley que debe ser investigada y castigada. Si eso es a lo que se va a abocar la Fiscalía hoy, enhorabuena. Pero también es importante señalar que los casi cuatro años de trabajo de la Comisión de la Verdad no han revelado ningún elemento esencialmente diferente de lo que ya se conocía. Hacernos creer que hay un cambio sustantivo y trascendente entre la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula y la misma incineración u otras formas de disposición de los cadáveres en otros puntos cercanos, no altera lo esencial.
El problema del crimen de Estado, del cual no se le acusa directamente a Murillo porque no existe la figura jurídica como tal, es algo distinto. Obviamente se volvió una consigna de la oposición al gobierno de Peña Nieto en 2014 y siguió siéndolo hasta ahora. Como consigna política, como bandera opositora, es perfectamente válida, se trataba de involucrar a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Murillo Karam, al gobernador Ángel Aguirre, e incluso a funcionarios que hoy son de la 4T como García Harfuch y el secretario de la Marina. Pero lo que nos indican los resultados de la investigación sugiere otra cosa, que hubo quizás omisión por parte de los militares del 27.º batallón de Iguala, fabricación o siembra de pruebas y de tesis explicativas del delito por parte de la PGR, y una prisa injustificada de parte de Peña para esclarecer todo esto.
Si se quiere, el encubrimiento fue “de Estado”, pero la ejecución de los estudiantes difícilmente se le puede achacar al gobierno federal, que es el principal componente del “Estado”. Hubo, sin duda, complicidad de las autoridades municipales y estatales en el asesinato y una forma aún no del todo explicada de complicidad por omisión del batallón de Iguala. Pero si por crimen de Estado entendemos Tlatelolco, o las ejecuciones y torturas de Pinochet o los generales argentinos, o incluso el genocidio de Hitler o de Stalin, parece difícil utilizar ese término.
En cierto sentido es una lástima que Alejandro Encinas haya sucumbido a la tentación de quedar bien con la galería al amalgamar la ejecución y el encubrimiento, la participación de fuerzas pertenecientes al Estado mexicano, tanto en lo primero como en lo segundo, y la utilización de un término que difícilmente se justifica ahora.