Muchos hemos comentado que el informe de la Comisión de la Verdad presentado por Alejandro Encinas, en la parte que se refiere a la ejecución como tal de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no aportó grandes cambios en relación a la “Verdad histórica” de Murillo Karam. En todo caso, puede haber cambios en lo tocante a cómo fueron ejecutados y dónde fueron incinerados, enterrados o destruidos sus cadáveres. Pero en una segunda declaración de Encinas, en la mañanera del viernes 26 de agosto, aparece —ahí sí— una novedad que supongo proviene del informe presentado, que tiene partes públicas y otras “testadas” (no es el caso del cuadro que aparece en las páginas 88 a 92), y que introduce una transformación radical no de la “Verdad histórica” sino de toda la tragedia.
Se trata de la afirmación, por parte de Encinas, de que seis estudiantes fueron detenidos en “la bodega vieja” durante cuatro días posteriores a su secuestro el 26 de septiembre en la noche y que posteriormente fueron ejecutados por orden del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería del Ejército, radicado en Iguala. Este coronel fue ascendido en 2015 a general brigadier y actualmente fungía como jefe de operaciones de la Sedena. Tanto Rodríguez como el general Alejandro Saavedra Hernández que, hasta hace poco, fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y había sido comandante de la 35 Zona Militar de Guerrero, a la que pertenecía el 27 Batallón de Iguala, forman parte de los militares que se encuentran bajo orden de captura por parte de la Fiscalía. De ser cierta la acusación lanzada por Encinas al coronel Rodríguez Pérez, lo que sabemos sobre la tragedia ya es muy diferente.
En primer lugar, la complicidad militar, por lo menos en el caso de los seis estudiantes en cuestión, deja de ser pasiva o por omisión para volverse activa o por comisión. Porque si estuvieron bajo custodia del Ejército, o con conocimiento del Ejército, vivos durante cuatro días, hubieran podido sobrevivir si alguien hubiera actuado al respecto. Si fueron ejecutados por órdenes de un coronel del Ejército, la complicidad de los militares se vuelve mucho más grave. Simplemente no es creíble que, durante los años del gobierno de Peña Nieto, es decir, más de cuatro años enteros, los superiores de dicho coronel, en particular el general Saavedra, no hayan sabido nada al respecto. Tampoco resulta creíble que, si Saavedra sabía algo al respecto, su jefe, el general secretario Salvador Cienfuegos tampoco haya sabido nada al respecto. Conviene anotar que, según varias fuentes, en la terna que Cienfuegos le propuso a López Obrador para sucederlo en la Sedena, figuraba justamente el general Alejandro Saavedra Hernández.
¿Es verosímil todo esto? A priori, no. Porque no se entiende por qué diablos el comandante del 27 Batallón mandaría ejecutar a seis estudiantes, sobre todo cuando ya había un escándalo en la prensa a propósito de la desaparición de los 43. En otras palabras, hubiera ordenado su ejecución a sabiendas de que se daban por desaparecidos y que todo el gobierno mexicano, el del estado de Guerrero y, en teoría, incluso el municipal de Iguala, estaban buscándolos. La única explicación de una actuación de esa naturaleza sería que el coronel en cuestión estuviera coludido con Guerreros Unidos, que fueron los responsables de la ejecución de los otros 37 estudiantes de Ayotzinapa y que estos seis, por alguna extraña razón, simplemente no fueron ultimados salvo cuatro días después. En otras palabras, el coronel comandante del 27 Batallón era narco. Lo cual no debiera sorprender a nadie, ya que hay un sinnúmero de militares a lo largo de los últimos 40 o 50 años que lo han sido. Este no sería ni el primero ni el último. No veo otra explicación de la actuación que se le reclama.
Pero, entonces, quedan las preguntas: ¿Saavedra Hernández nunca se enteró de nada de esto durante el tiempo que fue el superior inmediato de Rodríguez Pérez? ¿Cienfuegos nunca se enteró de lo que sucedió en el escándalo más grave que afecta al Ejército desde la detención de Gutiérrez Rebollo en 1997? ¿En la investigación que llevó a cabo Encinas durante estos últimos casi cuatro años, y que ha redundado en una orden de aprehensión contra Saavedra Hernández, no se interrogó a Cienfuegos para saber si él estaba informado de lo que había sucedido, aunque no lo hubiera estado en tiempo real?
Aquí ya estamos no en presencia de un crimen de Estado, porque sigue sin demostrarse que Peña, o incluso Murillo Karam, hayan dado la instrucción de la ejecución, aunque sí, muy probablemente, del encubrimiento. Aquí nos hallamos ante un crimen del Ejército, un crimen cometido por militares de alto rango, y con el conocimiento simultáneo o posterior de militares de muy alto rango, incluyendo al secretario de la Defensa. Última pregunta: ¿en los expedientes que el gobierno de Estados Unidos le entregó al gobierno de López Obrador sobre Cienfuegos aparecía alguna mención de todo esto?