Hace unos días el diario Reforma reveló que, de acuerdo con los datos oficiales, la construcción de vivienda en este sexenio se ha desplomado, en relación a los períodos presidenciales anteriores. Las casas construidas cayeron, durante los primeros cinco años de López, en más de la mitad comparado con los primeros cinco años de Peña Nieto o de Calderón. Es cierto que a pesar del muy buen desempeño de varios directores del Infonavit desde los años noventa, se han construido muchas viviendas de interés social, tanto por el gobierno como por desarrolladores, que no sirvieron, que han sido abandonadas, o nunca fueron ocupadas. Demasiado pequeñas (34 metros cuadrados), sin vegetación, a horas de los empleos, con pésima seguridad y servicios. Pero como en casi todo, López Obrador echa al mentado niño con el agua de la bañera. En lugar de corregir los errores —no necesariamente previsibles ni evitables— de la construcción, simplemente deja de construir.
Según el Registro Único de Vivienda, durante los primeros nueve meses se edificaron 40 % menos casas que durante el mismo lapso en 2018. Sobre todo, la construcción que más descendió fue la de vivienda de interés social: 70 % menos en cinco años, “el volumen más bajo desde 2010”. Durante el sexenio de López Obrador, la proporción correspondiente a casas de interés social pasó de 65 % a 32 %, habiendo sido de 75 % en 2015.
Ahora bien, si vemos el presupuesto asignado a otras dependencias de política social, como educación y salud, encontramos tendencias parecidas. En 2018, el último año de Peña Nieto, el presupuesto asignado a la SEP (escojo el asignado para poder comparar con 2024), fue 280 000 millones de pesos. En 2024, será de 318 000 millones en pesos de 2018 (con una inflación de 25% durante estos cinco años). En términos reales, el incremento habrá sido de menos de 40 000 millones, o de 6000 millones al año. Prácticamente nada. En 2022, el presupuesto de la SEP equivalió a 3.1 % del PIB, el nivel más pequeño desde 2010.
La evolución del presupuesto de la Secretaría de Salud no requiere tanto cálculo deflactor. En términos nominales, cayó de 122 000 millones en 2018 a 96 000 millones en 2024. Ciertamente el del IMSS creció muchísimo, pero ello se debe a que en los hechos asumió lo que era el Seguro Popular de los sexenios anteriores. Para el ejercicio siguiente, el presupuesto del Seguro Social será de 1.3 billones de pesos, que contrasta con la suma del IMSS y del Seguro Popular en 2018, que fue de 869 000 millones de pesos. En pesos de 2018, el de 2024 será de un billón, es decir, un crecimiento de 130 000 millones en cinco años, o 26 000 millones al año. De nuevo, casi nada, sobre todo para una población que envejece.
Sabemos que el componente de programas sociales o transferencias dentro del gasto social de este gobierno ha aumentado enormemente: adultos mayores, becas Benito Juárez, discapacitados, pueblos indígenas, Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, etc. Sabemos también que el gasto social en su conjunto ha crecido poco, o incluso se ha estancado (ver The Economist, 29 de junio de 2023). De suerte que lo hecho por este gobierno, como ya lo han comentado muchos, consiste en un desplazamiento del gasto social de rubros como salud, educación y vivienda, a programas sociales de entrega de recursos para determinados sectores.
En otras palabras, recurriendo a una diferenciación ya consagrada (creo que formulada inicialmente por Jacob Hacker de Yale), López Obrador ha transferido recursos de políticas predistributivas, a políticas redistributivas: exactamente lo contrario de lo que muchos especialistas e instituciones especializadas en estos temas sugieren. A falta de una reforma fiscal que nunca quiso hacer, no pudo mantener o fortalecer las políticas predistributivas (vivienda, educación, salud) si elevaba las redistributivas (transferencias). A la larga, este énfasis va a incrementar la desigualdad, la competitividad, y el desarrollo humano, aunque a corto plazo puede mejorar las cifras de distribución del ingreso (no de la riqueza).