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De cómo el gobierno de Peña convirtió 249 desaparecidos en 27 mil

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En medio de la macabra danza de desaparecidos, en los últimos años llegó Human Rights Watch (HRW) con la precisión del cirujano y dijo: “Nosotros hemos podido documentar 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006. En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas”.La organización dice en su documento que es muy probable que esto sea apenas una muestra de miles más. Cita, por ejemplo, a funcionarios de Coahuila que le hablan de más de mil 800 en aquella entidad. Y recuerda —escéptico— aquella base de datos de 25 mil registros publicada en la prensa de Estados Unidos.El secretario de Gobernación había desconocido esa lista en una entrevista con Carmen Aristegui: “No tenemos conocimiento de esta información respecto a los 25 mil que hablas, es una cifra que se viene manejando, pero, perdón, lo digo con toda seriedad, que se viene manejando, pero por eso estamos nosotros trabajando, y lo haremos también público. Lo estamos manejando con toda transparencia para que se tenga la lista por lo menos de los que reclaman sobre estas personas desaparecidas. No hay una lista con nombre y apellido”.Pues ayer la subsecretaria Lía Limón confirmó que el gobierno tiene una base de datos de 27 mil personas extraviadas o desaparecidas. No se sabe cómo ni quién armó esa lista. Dice que ella no la ha revisado. Pero el gobierno ayer la oficializó. Existe.Y ahora tendrá que llenarla de detalles y respuestas. El gobierno de Enrique Peña Nieto se acaba de apropiar de un lío que no era suyo.Por lo pronto, Human Rights Watch se ciñe a su metodología y cuenta 149: “Para llegar a esta determinación, consultamos una gran variedad de documentos oficiales como informes y registros de detención, denuncias presentadas por familiares de víctimas, declaraciones de testigos, expedientes de investigaciones, comunicados de prensa emitidos por funcionarios, amparos e informes de comisiones gubernamentales de derechos humanos. Estos documentos fueron complementados por otras fuentes que incluyeron: grabaciones captadas por cámaras de vigilancia, grabaciones de video tomadas por testigos, grabaciones de audio registradas por familiares de las víctimas durante reuniones con funcionarios, fotografías de detenciones arbitrarias y mapas donde se indican las señales emitidas por los teléfonos celulares o dispositivos de radio de las víctimas”.¿Hará el gobierno un reporte así de cada uno de los 27 mil registros?Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada es un brutal golpe a la administración pasada, pero exige acción del gobierno actual.La responsabilidad le corresponde ahora al presidente Peña Nieto, dice HRW. “Y en ningún caso es más urgente que en el de aquellas personas que han sido llevadas contra su voluntad y cuyo paradero aún se desconoce. La característica que distingue a estos delitos de otros es que, mientras se ignore el destino de la víctima, tienen carácter continuo. Cada día que pasa es otro día sin que las autoridades hayan encontrado a las víctimas, y otro día en que las familias siguen sufriendo por no saber qué les sucedió a sus seres queridos”.Eso pedía HRW por 249 personas.Ayer el gobierno las multiplicó a 27 mil.

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