¿Cuánto nos dio EU por sellar la frontera sur?

Hace unos días, el diario inglés The Guardian publicó una nota de su corresponsal en México a propósito de una demanda interpuesta por varias organizaciones de derechos humanos de México y Estados Unidos al Departamento de Estado norteamericano. El motivo de la demanda es, según el periódico, obligar al Departamento de Estado “a divulgar cuánto le paga al gobierno de México para detener a los migrantes y refugiados que buscan llegar a la frontera con EU.” El grupo de cinco organizaciones, que incluye a Human Rights Watch (declaración de interés: soy miembro de la Junta de Gobierno desde 2003), busca obtener información sobre “el tipo y el monto de ayuda financiera otorgada al Instituto Nacional de Migración de México”.
El artículo afirma que documentos públicos del gobierno estadunidense muestran que inicialmente se le proporcionaron 86 millones de dólares a México, pero que no se sabe que parte de los 2.5 mil millones de dólares de la Iniciativa Mérida se han destinado a ese fin desde julio de 2014. En ese fecha se produjeron simultáneamente dos fenómenos: el incremento dramático del número de menores no acompañados centroamericanos llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, y el lanzamiento del Plan Frontera Sur del gobierno de México, destinado a “regularizar” el flujo de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos sin papeles. Según The Guardian, desde entonces más de 5 mil efectivos militares, navales y de la policía se han desplegado por todo el país para limitar el éxodo hacia Estados Unidos.
Todo el proceso se inició en septiembre pasado, cuando el mismo grupo interpuso una solicitud FOIA o Freedom of Information Act para obtener la información buscada, y que fue rechazada por el gobierno de Estados Unidos. Allá existe el recurso de dirigirse a los tribunales para obligar al Ejecutivo a liberar los expedientes. La nueva demanda señala en particular que “la negativa del Departamento de Estado de entregar los documentos envuelve en el secreto el apoyo de EU al ilegal programa mexicano de deportación”. Según el diario, “existe una amplia evidencia anecdótica que se le está negado a la gente la oportunidad de pedir asilo mediante un sistema no declarado de cuotas de deportación del INM que viola el derecho internacional”.
Quizás el sistema norteamericano se tarde en divulgar los datos solicitados. ¿Cuánto tardaría el mexicano? ¿Cuántas solicitudes de información se han interpuesto ante el INAI? ¿Qué ha exigido la oposición en el Congreso? ¿Qué respondería la Secretaría de Relaciones Exteriores a las mismas preguntas?