Jorge G. Castañeda
Con la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos y los diputados plurinominales, el PRI está básicamente tendiéndole una trampa al Frente Opositor. Huelga decir que no sólo ambas características del sistema electoral mexicano fueron originalmente propuestas por diputados, senadores o el Ejecutivo en manos del PRI, sino que es el partido que más se ha beneficiado de ellas. Sin embargo, hoy puede arriesgarse a perder ambas, ya que sería el más favorecido por su desaparición.
En efecto, desaparecer el financiamiento público estando el PRI en el gobierno significa solamente que echarán mano de la cantidad inmensa de recursos que tienen a su alcance, como lo vimos en el Estado de México, para dedicarle a su campaña, tanto presidencial como de gobernadores, senadores y diputados federales. No habrá cómo fiscalizarlo, porque ya sabemos que tanto el INE como el Tribunal Electoral son incapaces de poner un alto. En cuanto a las diputaciones plurinominales, desaparecerlas con los resultados actuales de las elecciones llevaría, como lo ha mostrado Gerardo Esquivel, a una gran sobrerrepresentación del PRI, y una subrepresentación de los demás partidos que, en efecto, no tienen una presencia casi nacional. El Frente no está reaccionando con la claridad y la velocidad necesarias ante esta trampa.
Pero tampoco tengo la impresión de que el Frente haya podido sacar todas las conclusiones necesarias de la movilización de la llamada sociedad civil en las horas, los días y ya la semana posteriores al temblor del 19 de septiembre. No es que no hayan formulado propuestas interesantes y audaces, sino que no parece estar encontrando la manera de conectar con esa sociedad civil, ahora más organizada y más movilizada. Una cosa es no lucrar con lo que sucedió en las calles de la Ciudad de México, y otra muy diferente es no encontrar la manera de poner los registros y los recursos de los tres partidos al servicio de esa movilización, por lo menos en la Ciudad de México, y quizás varios estados afectados por el sismo y donde habrá elecciones para gobernador el año entrante. Tal vez lo que conviniera hacer es pensar en sugerencias más imaginativas y más generosas por parte de los partidos del Frente, no tanto en materia de financiamiento, sino en materia de candidaturas.
En efecto, habrá elecciones para gobernador en cuatro estados seriamente afectados por el sismo: la CDMX, Morelos, Chiapas y Puebla en el 2018. Salvo la CDMX, no ha habido en las tres entidades del interior la misma movilización que en la capital de la República. Pero de cualquier manera hay una sociedad civil activa, vigorosa, que se ha visto afectada por el terremoto y que podría participar de una manera muy dinámica en las elecciones para gobernador el año entrante. Una posible propuesta sería que los tres partidos del Frente ofrecieran desde ya la candidatura al gobierno de esas cuatro entidades, ya sea a activistas de la sociedad civil recién emergidos durante los trabajos de rescate y reconstrucción después del sismo, ya sea a personalidades de la misma sociedad civil con un historial previo intachable y al mismo tiempo conocido. No van a encontrar candidatos perfectos en ninguno de los cuatro estados, y habrá, sin duda, muchos contendientes posibles de los propios partidos que serían mejores candidatos, mejores gobernadores que las personas sin partido que pudieran contender por el cargo y ocuparlo, pero no se trata necesariamente de escoger al mejor, sino de conectar con esa sociedad civil que se ha movilizado y mostrar que por lo menos estos tres partidos tan no quieren aprovecharse del dolor y del activismo de la gente, que en lugar de pedir el voto de la gente le ofrecen las candidaturas. No es algo sencillo, pero tampoco es imposible y se trata de candidaturas competitivas en casi todos los casos. Ojalá que los principales dirigentes del Frente piensen y exploren esta posibilidad.