Jorge G. Castañeda
¡Otro escándalo de Peña Nieto y Trump! Salvo que arrancó con Calderón y Obama. El viernes pasado, The Washington Postreveló, según la síntesis del diario Reforma (el único periódico que le reproduce), que: “Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tienen un ‘acceso sin precedentes’ a las cárceles migratorias mexicanas para captar datos biométricos de migrantes detenidos…”. Según el diario, han instalado terminales para recoger huellas dactilares, iris oculares y otros datos de identidad, incluidos tatuajes y cicatrices. En 13 meses han obtenido datos de 30 mil migrantes. La información recopilada se envía de inmediato al DHS y centros de inteligencia estadounidenses para advertir si un individuo bajo custodia en México es un delincuente o “extranjero de interés especial”, según fuentes anónimas del Post. Los centros del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, donde accedieron funcionarios de EU, están en Tapachula, Chiapas, e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Este mes entrarán a Tijuana, Mexicali y Reynosa, según el Post.
El Post cita a un exembajador de Estados Unidos encargado de temas de narcotráfico y combate a la delincuencia sobre los orígenes del programa: “William Brownfield dijo que el programa biométrico comenzó a desarrollarse en 2012, empezando con el software y otras tecnologías, y que los dos países acordaron ponerlo en práctica durante una reunión de seguridad bilateral en 2014. Al gobierno de México le interesó el programa, afirmó Brownfield, porque le agregaba valor al permitirles saber quién entraba a México y quién iba camino a Estados Unidos. Y desde la perspectiva de Estados Unidos, aceptamos y entendimos que era mucho más fácil, más barato y más eficiente controlar los flujos migratorios de Centroamérica en la frontera sur de México, mucho más pequeña que la nuestra, más larga y complicada”. Así o más claro el trabajo sucio que aceptamos hacerle a Estados Unidos, sobre todo a partir de julio de 2014.
Algunos lectores recordarán cómo en ese momento se produjo un vertiginoso incremento en el número de menores centroamericanos no acompañados intentando cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Cualesquiera que hayan sido los motivos de ese repentino éxodo, el hecho es que a cinco meses de las elecciones de medio período, Barack Obama se aterró ante las imágenes de decenas de miles de niños solicitando asilo en Estados Unidos, y siendo rechazados –inaceptable para unos– o aceptados –inaceptable para otros. Se dirigió a Peña Nieto por múltiples vías, y finalmente México asintió a su petición: detener a los niños (y en su caso a sus madres) en la frontera sur de México, o en el Istmo de Tehuantepec, y deportarlos sin mayores miramientos legales como existen en Estados Unidos. A partir de esa fecha comenzaron a aumentar las deportaciones de México al Triángulo del Norte, y a disminuir las de Estados Unidos a los tres países que lo integran.
Nunca supimos, ni vimos, qué recibió México a cambio. Algunos voceros del gobierno replicaron a nuestras críticas que hacíamos, todo esto no a solicitud de Washington, sino por interés propio. No explicaron cómo nos percatamos de nuestro interés propio justo cuando Obama presionó a Peña para ocuparse del sur. A partir de entonces, se intensificó la cooperación que menciona el artículo de The Washington Post. Si bien la negociación del paquete seguramente se realizó en Gobernación, Sedena y Los Pinos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Washington participaron activamente. El titular de la Cancillería en ese momento, es decir, cuando nos volvimos soplones de Homeland Security ya no sólo deportando a centroamericanos, sino fichándolos antes de devolverlos, era José Antonio Meade. El que nunca se da cuenta de nada.
La respuesta del Instituto Nacional de Migración ha sido patética. Dice el nuevo comisionado: “El INM tiene la atribución de consultar con otros países, situación que se da con autoridades de países en Norteamérica, Centroamérica, América del Sur…”. Según The Washington Post y William Brownfield, México no está “consultando” con Washington, sino entregando casi en tiempo real información a Estados Unidos (y a nadie más) sobre personas detenidas por autoridades mexicanas, a partir de la presencia de agentes de DHS en las estaciones migratorias mexicanas. ¿A que allí no hay agentes alemanes o brasileños?