Desde que existe una clara aplicación de la tortura como instrumento para inducir el comportamiento de un ser humano —a diferencia de un simple castigo— el dilema de ceder o aguantar ha sido irresoluble. Patriotas, resistentes, agentes encubiertos, guerrilleros, militantes y militares por un lado reciben instrucciones de permanecer callados durante un mínimo de días o de horas, mientras sus compañeros logran huir, esconderse o destruir pertrechos y reservas comprometedoras. Por otro lado, la gran mayoría de las víctimas se rinde.
El delator es siempre vilipendiado; el héroe que resiste, glorificado. Pero en realidad, nadie puede colocarse en el lugar del torturado: solo él o ella saben lo que sufrieron. Nadie puede juzgarlos, salvo quizás alguien que padeció ese horror, y no “cantó”. Para los seres humanos comunes y corrientes, el suplicio es imposible de conocer, y por lo tanto de juzgar.
En México, la tortura ha sido utilizada, hasta el día de hoy, por los diversos aparatos de seguridad, para obtener información de grupos hostiles al gobierno en turno: opositores, guerrillas, narcos, secuestradores, etc. Es una práctica semejante a la que impera en otros países —por ejemplo en Estados Unidos contra Al Qaeda— y se suele justificar por motivos de seguridad nacional. No siempre con resultados de valor: más allá de consideraciones morales, los militares de muchos países rechazan la tortura para obtener información porque con frecuencia la que se obtiene no sirve; es inventada para interrumpir el terror.
Pero en nuestro país también ha servido a lo largo de los años como instrumento privilegiado de “aplicación de la ley”, sin sustento político alguno: para arrancar confesiones que permiten inculpar a un acusado, en ausencia de otras pruebas, y con indiferencia ante su posible culpa o inocencia. La confesión fue durante largos años la “prueba reina”, hasta que fue medio desterrada de la administración de justicia en México. Medio desterrada, porque aún se puede utilizar en la acumulación de pruebas.
Ilustración: Estelí Meza
Como lo señala en parte Carlos Puig, ahora una forma de tortura —el encarcelamiento arbitrario en condiciones especialmente severas— ha comenzado a ser utilizada para lograr el equivalente de una confesión: el criterio de oportunidad. Sin libertad bajo fianza, con la imputación de familiares y cuentas congeladas, acumulando acusaciones, una persona perseguida de esa manera por el Estado puede llegar a sentir que no tiene alternativa. “Canta”: se acoge al criterio de oportunidad. Y en las condiciones descritas, la victima declara lo que quienes la atormentan le piden, al igual que el torturado denuncia a quienes sus victimarios desean. Es una nueva “prueba reina”, obtenida por coerción, amenazas y humillación.
Es el caso de Lozoya, de Emilio Zebadúa y ahora de Rosario Robles. En el caso del primero, gracias a las acusaciones contra su madre, su hermana y su esposa, éste resolvió “cantar” como sus acusadores le dijeran. No importa si lo que dice sea cierto o no; el procedimiento está viciado, sobre todo cuando el sesgo político es evidente: involucrar a Peña Nieto y a Videgaray, su enemigo en el gabinete. Zebadúa puede o no decir la verdad a propósito de su exjefa Robles; ante las amenazas que recibió, prefirió declarar todo lo que le dijeran, cierto o falso. Es imposible juzgarlos moralmente.
El caso de Robles es el más emblemático, por ahora. El gobierno advirtió abiertamente que si contaba todo, sería magnánimo. Ella rechazó públicamente la oferta; y resistió durante más de un año. Ante su negativa, el gobierno reclutó a uno de sus colaboradores más cercanos para inculparla, y le acumuló más cargos, y más años de posible condena. Ya no aguantó, y ahora procede de la misma manera que los anteriores: acusa a los de más arriba de todos los delitos habidos y por haber. De nuevo, con el mismo sesgo político: era aliada de Osorio Chong en la sucesión presidencial, y adversaria de Videgaray. No la puedo juzgar moralmente.
¿Esto es justicia, Estado de derecho, debido proceso, presunción de inocencia? No creo, y tampoco pienso que nos lleve a un destino feliz, aún cuando caigan posibles culpables. ¿Es la única manera de combatir la corrupción y la impunidad? Puede ser, pero conviene subrayar que estas prácticas son fungibles. Hoy se dirigen contra los supuestos corruptos, mañana contra los enemigos de la patria, pasado mañana contra los traidores a la causa. Entre cientos de miles de otros, Zinoviev, Kamenev, Bujarin y Artur London nos pueden servir de ejemplos.