Conforme se acerca el fin del sexenio, la lupa de todos se enfocará cada vez más en los proyectos icónicos del régimen. Medios, académicos, legisladores de oposición, activistas de la sociedad civil, gobiernos, agencias, corredurías y empresas extranjeras comenzarán a escudriñar las verdaderas características del AIFA, de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya y del proyecto transístmico. Por ende, aparecerán con mayor detalle los vicios de origen, los derroches, el robo puro y llano, las consecuencias involuntarias y las previsibles y previstas. Será como la Estela de Luz o el tren a Toluca, salvo que el costo resultará muy superior.
Sebastián Garrido ha ofrecido un espléndido análisis de Santa Lucía, muy completo, tanto comparativamente con otros aeropuertos del país, como de los plazos para alcanzar el punto de equilibrio (dentro de tres o cinco años, según Sedena). Pero convendría explicar los mismos defectos del aeropuerto en términos más inmediatos y medibles para la opinión pública; sugiero a continuación algunos caminos.
Es obvio que a un mes de su inauguración el AIFA pierde dinero. Sería interesante calcular cuánto le cuesta al contribuyente, cada día. La manera de hacerlo es en teoría muy sencilla: comparar los gastos cotidianos con los ingresos diarios. No sé cuán accesibles sean estos datos, pero más o menos podemos definir los rubros.
Del lado del gasto, cualquier aeropuerto debe erogar dinero para pagar energía (autogenerada o no), agua, seguridad, mantenimiento y limpieza, pago a servicios de tierra, impuestos (predial), renta o depreciación de equipo, etc. Siendo estatal y administrado por el Ejército y la Guardia Nacional, algunos rubros son difíciles de estimar. Por ejemplo, si personal de la GN administra los filtros de seguridad en lugar de empresas privadas como Eulen, se podría pensar que el servicio es gratuito. Falso: aunque a los pobres miembros de la GN les paguen una miseria, y en realidad no harían gran cosa si no manejaran los escáneres de equipaje de mano y de personas, ese costo debería contabilizarse. Igual sucede con muchos otros, como el predial: parecen inexistentes, pero se trata de una simple ilusión contable.
Ahora bien, los aeropuertos en general también generan ingresos. Reciben los recursos aportados por los usuarios principales: pasajeros, aerolíneas y comercios. Los primeros, en México, pagan el TUA (o Tarifa de Uso Aeroportuario), nacional o internacional. Este ingreso depende del monto de la tarifa, y del aforo de pasajeros. En el AIFA, sabemos que por ahora, y durante un buen rato, el aforo es minúsculo, y la tarifa es baja, ya que el gobierno le impuso un descuento considerable para volver más atractiva la utilización de Santa Lucía.
Las líneas aéreas pagan slots, es decir, una tarifa por cada operación —aterrizaje, despegue y acceso a posiciones—. En ocasiones, como en el AICM antes de la quiebra de Mexicana, la disputa por slots se convierte en una verdadera guerra. Sabemos que en el AIFA sólo vuelan tres líneas de verdad y cada una sólo lleva a cabo dos operaciones. No sabemos cuánto les cobra el aeropuerto por sus slots, pero es probable que poco o nada. Si AMLO las extorsionó para que abrieran esos vuelos a y desde Santa Lucía, difícilmente puede además cobrarles caro el favor que ellas le hacen a él. El ingreso debe ser módico, to say the least.
Luego vienen los comercios. Estos abarcan desde el estacionamiento hasta los Duty Free, desde las oficinas de cambio hasta los Oxxos (que AMLO prohibió en Santa Lucía), desde los maleteros hasta los boleros. Todos pagan renta, o algunos (pocos) compraron espacios. Por lo que vimos en el AIFA, prácticamente no hay ninguno por ahora. El estacionamiento apenas existe, y hasta la señora de las tlayudas abandonó la plaza. Aunque estén rematando los espacios a 500 pesos de renta por metro al mes, casi no hay tiradores. De suerte que por este concepto no hay muchos ingresos que digamos.
La estrategia del gobierno parece clara. A partir de la próxima reunión del Comité de Operación y Horarios del AICM, e invocando el decreto de saturación expedido en la reunión del 3 de marzo, AMLO va a dejar de renovar una buena parte de los slots, por lo menos de las líneas nacionales. Cada slot suele tener una vigencia corta, de uno a seis meses. Cada mes se renuevan muchos. El gobierno negará la renovación y la línea afectada deberá irse a Santa Lucía o cancelar el vuelo. Con las líneas extranjeras la extorsión será más difícil, para empezar porque la FAA aún no expide las certificaciones —viejas y nuevas— pendientes. Las nacionales, sin embargo, se volverán a doblar.
Santa Lucía cuesta una lana todos los días. Se llama subsidio. Lo pagamos los contribuyentes. Nuestros impuestos se podrían destinar a otros usos. AMLO decidió lo contrario. Va a suceder lo mismo con los otros tres megaproyectos. Es el costo de la megalomanía.