No basta con que en las negociaciones de noviembre de 2018, y posteriormente en la primavera de 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores haya mentido, tanto a la opinión pública como a funcionarios de la embajada de México en Washington, y probablemente al propio López Obrador, sobre la aceptación por México del esquema “Quédate en México”. Las memorias del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, confirmadas en buena medida en entrevistas por la exembajadora de México en Washington, muestran cómo el secretario de Relaciones Exteriores aceptó la devolución de decenas de miles de centroamericanos a México con la condición de que no se dijera que era un acuerdo, sino una acción unilateral de Estados Unidos. Ahora, ya en el ocaso del gobierno actual y de la permanencia del titular de Relaciones Exteriores en su cargo, se está negociando, otra vez en secreto, un nuevo acuerdo con Estados Unidos que puede resultar altamente nocivo para México.
Para variar, es la prensa norteamericana la que informa sobre los acuerdos entre los dos gobiernos. Sería peor que pedirle peras al olmo esperar que los medios mexicanos pudieran hacerlo. En un largo artículo publicado el día de hoy por The Washington Post, tres periodistas del rotativo revelan cómo el gobierno de Biden y el de López Obrador se encuentran en negociaciones para un nuevo acuerdo migratorio beneficioso para Estados Unidos pero cuestionable para México. La razón de esta nueva petición o exigencia de Estados Unidos —seguramente el motivo por el cual Biden hizo tanto esfuerzo para quedar bien con López Obrador en su visita a México hace unas semanas— es la siguiente. El 11 de mayo de este año el gobierno de Estados Unidos va a declarar formalmente el fin de la pandemia. Eso significa, entre muchas otras cosas, que el llamado Título 42, gracias al cual Biden y Trump pudieron deportar a cientos de miles, incluso millones, de extranjeros a México sin audiencia de solicitud de asilo, se va a volver irrelevante, con independencia del fallo que expida la Suprema Corte de Estados Unidos en las próximas semanas.
La gente de Biden claramente espera que dicho anuncio desatará una nueva ola de migrantes hacia Estados Unidos, tanto de los países que ya se han vuelto tradicionales —los centroamericanos, Cuba y Venezuela— como de muchos otros de América Latina, de África y de Asia. Por ello Biden parece querer, según The Washington Post, extender el acuerdo de enero, aplicable a cubanos, nicaragüenses, haitianos, y desde octubre a venezolanos, a todas las nacionalidades y en mayor escala.
Ese acuerdo ya fue descrito en alguna medida en la prensa mexicana. A cambio de que Estados Unidos pudiera deportar a México a 30 000 nacionales al mes de esos cuatro países, cosa que antes no se hacía, Estados Unidos expediría 30 000 visas al mes a nacionales de los mismos cuatro países para llegar a trabajar a Estados Unidos. La gente de Biden y el gobierno mexicano han echado las campanas al vuelo mostrando estadísticas de los primeros veinte días de enero, que supuestamente demuestran que el programa ha funcionado ya que cayó dramáticamente el número de “encuentros” de las autoridades norteamericanas con personas oriundas de esos países. Es un poco falso el dato, porque omite una cláusula importante del acuerdo: todo aquel cubano, nicaragüense, venezolano o haitiano que se encontrara en cualquier parte al norte del estrecho de Darién antes del 5 de enero, podía solicitar ingreso a Estados Unidos vía la App CBP One e ir a ese país si conseguía un boleto de avión y un patrocinador o padrino norteamericano. No se sabe obviamente cuántos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos hay en todos los países correspondientes, con excepción, desde luego, de su propio país, pero deben ser decenas de miles, si no es que más. Todos estos tratarán de entrar por esta nueva vía a Estados Unidos en lugar de hacerlo en la frontera. El número de encuentros en la frontera caerá hasta que se agote el acervo previo al 5 de enero.
En todo caso, lo que busca Biden en la nueva negociación con México es extender el programa a todas las nacionalidades y que México acepte deportados, ahora sí ya no por razones humanitarias o de pandemia sino como deportaciones propiamente tales, a cambio de algo. El artículo de The Washington Post sugiere que será a cambio de un mayor número de visas para no mexicanos, aunque no se puede excluir que también se de un aumento de los permisos H2A y H2B para mexicanos. Huelga decir que el gobierno de México no está informando nada de todo esto, salvo por haber declarado hace un par de días que se oponía a que se reinstalara el programa “Quédate en México”. Sería bueno saber por qué ahora la Cancillería se opone a lo que aceptó en noviembre de 2018, mucho antes de la pandemia.
Es difícil saber si todo este esquema va a prosperar. Para empezar, los nuevos permisos de ingreso a cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos se están otorgando en Estados Unidos bajo el concepto de “indulto humanitario”, que ya ha sido impugnado por una buena cantidad de estados de la Unión Americana en los tribunales. Es probable que el caso llegue a la Suprema Corte con relativa celeridad, y es posible que la Corte lo eche abajo. En ese caso, López Obrador se quedará como el perro del hortelano: por un lado, aceptando a cientos de miles de deportados de todas nacionalidades desde Estados Unidos, pero sin que Estados Unidos pueda expedir las visas equivalentes a personas originarias de esos países. Quizás convendría más que hagan público —esta vez sí— los términos de la negociación, para que no venga después el secretario de Estado, Antony Blinken, o el de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, a contarnos en sus memorias dentro de un par años cómo doblegaron a López Obrador a espaldas de la sociedad mexicana.